Óscar Puente es abogado de carrera pero cuando deje de ser ministro no podrá optar a ningún cargo que exija, como el de Carmen Calvo, reconocido prestigio jurídico. No después de que se haya cubierto de gloria como procesalista diciendo que hay que aprobar cuanto antes la amnistía para «ahorrar trabajo» (sic) a la justicia porque de todos modos el Gobierno del que forma parte tiene decidido indultar a los independentistas. Con el colapso que hay en los tribunales para qué agobiar con tanta burocracia y tantas diligencias a los jueces; es mucho más fácil mandar a tomar por saco la separación de poderes y dejar que el Ejecutivo resuelva los casos directamente. Así, en vez de plantear cuestiones prejudiciales, los magistrados podrían limitarse a preguntar a La Moncloa si piensa indultar a los reos. ¿A éste lo podemos juzgar o tiene Su Persona mejor criterio? Y según la respuesta se continúa la instrucción o se archiva el sumario y se reduce el papeleo. Tantas cuitas con el bloqueo del CGPJ y el atasco de recursos en el Supremo cuando todo eso se acabaría prescindiendo de Montesquieu. Este Puente es una minerva, un genio. Lo raro es que no haya propuesto también ganar tiempo aprobando la amnistía por decreto. Un plumazo del presidente y se alivian todos los trámites del Parlamento, esas tediosas sesiones de comisión, esas negociaciones a cara de perro, esos informes de letrados, esos estériles debates en pleno. Qué pena que no se puedan solucionar con la misma presteza las averías y los incendios de los trenes extremeños. Por poner un ejemplo.

Y no, no se trata de una mentalidad autocrática, por el amor de Dios, es cuestión de pura eficacia. Si tenemos un Gobierno de progreso que sabe lo que hace falta, para qué andarnos con pruebas testificales, vistas orales, figuras penales y todas esas zarandajas. Al final, quién tiene, eh, eh, la última palabra. Las sentencias son formulismos, meras declaraciones protocolarias que en todo caso sirven para despachar asuntos de menor escala: divorcios, litigios mercantiles, reclamaciones bancarias, atracos, quizá algún homicidio o alguna estafa. Pero los problemas de importancia como la revuelta catalana son competencia del único que de verdad manda. El que tiene la potestad de suprimir delitos, el que dilucida lo que es o no malversación, sedición o terrorismo, el que dispone qué presos pueden gozar de beneficios, el que determina a su conveniencia quién se favorece de los cambios legislativos. El que predica la desjudicialización de la política mientras ocupa la Fiscalía y la Corte de Garantías Constitucionales con exministros. Gracias a la luminosa ‘doctrina Puente’ todo resulta mucho más sencillo y es posible solventar la ley de amnistía en un solo artículo: en virtud del poder omnímodo que me ha sido concedido quedan libres de cualquier culpa Puigdemont y todos los que él señale como sus amigos.