EL MUNDO – 05/04/16
· Denunció negligencias que evitaron poder acusar a dos etarras en el crimen de su marido.
La Justicia se equivocó al escribir el apellido de un etarra en una comisión rogatoria a Francia y para cuando se fue a enmendar el error, la participación del terrorista en el hecho investigado había quedado prescrita. Hablamos del etarra Ignacio de Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. Y hablamos de Jesús Velasco, jefe del Cuerpo de Miñones de Alava, asesinado por ETA en 1980. Otro de los etarras señalados, Lorenzo Ayestarán, también logró sortear las investigaciones. Ahora, el Estado reclama a la familia de la víctima 6.000 euros por los costes del procedimiento.
La viuda de Velasco, Ana María Vidal Abarca, fundadora de la AVT, quiso llevar el crimen de su marido hasta las últimas consecuencias. Apostó y peleó por llevar a todos los responsables ante la Justicia.
Como explica la familia, siempre entendió que se había producido una negligencia judicial en las pesquisas y por ello reclamaron ante los tribunales. Pero esa batalla tampoco la ganaron. Ahora, la Justicia le reclama a esta familia, la de la víctima, a la de la mujer que puso en marcha la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el pago de las costas del proceso: 6.000 euros. Como explica la propia familia Velasco, ha recibido un requerimiento de la Abogacía del Estado para que abone esa cantidad en concepto de costas por la desestimación de la demanda patrimonial contra el Estado que presentaron en 2011. Entendían que existieron «graves negligencias judiciales que condujeron a que dos de los autores del asesinato no fuesen procesados por este crimen». Ana María Vidal-Abarca falleció el pasado junio y el Gobierno homenajeó a la fundadora de la AVT en La Moncloa.
La demanda se desestimó en octubre de 2014 tras casi cuatro años de periplo judicial con el argumento de que no se ha producido mal funcionamiento de la Justicia, sino un error judicial. Las hijas de Jesús Velasco se sienten «profundamente decepcionadas por el trato recibido por parte de la Justicia española» y han anunciado que presentarán ante la Audiencia Nacional un escrito de impugnación a las costas que les imponen, alegando que su reclamación contra el Estado se debe a la «inacción de la Administración de Justicia a la hora de juzgar a unas personas, miembros de la organización terrorista ETA, sobre las que existían indicios fundados de haber sido autores y que han quedado impunes por ello».
«La sentencia de la Audiencia desestimando nuestra demanda simplemente busca resquicios legales para eludir su responsabilidad: la no imputación y la no petición de extradición de dos criminales, y sólo intenta eximirse de las consecuencias de sus actos», explica Ana Velasco.
EL MUNDO – 05/04/16