MANFRED NOLTE-El CORREO
Si el Constitucional de cada país cuestiona el acervo comunitario, la que está amenazada es la existencia del euro y de la UE
El escándalo ha estallado en el escenario europeo. El Banco Central Europeo (BCE) es una institución independiente de derecho comunitario cuyo objetivo es velar por la estabilidad de los precios, si bien el artículo 127 del Tratado de la Unión europea señala que «apoyará las políticas económicas generales de la Unión». Aparte de determinadas funciones de supervisión bancaria, regula la liquidez del sistema financiero proporcionando fondos a tipos negativos, y a partir de 2015 inició un programa de compra de bonos en el mercado secundario (PSPP, Public Sector Purchase Programme) cuyo objetivo es buscar el equilibrio y la transitividad de los tipos de interés de los bonos soberanos dentro de la Eurozona. El PSPP también es conocido con el nombre de ‘relajación cuantitativa’ (‘Quantitative easing’). La validez jurídica del programa PSPP fue confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en sentencia de diciembre de 2018.
¿Cuál es la estrepitosa noticia en relación al Tribunal Constitucional Federal de Alemania? A instancias de múltiples demandantes, entre ellos el partido antieuropeísta Alternativa por Alemania, el 5 de mayo pasado, el Constitucional germano emitió una resolución sin precedentes por la que el Gobierno alemán y el Parlamento Federal habrían violado la Carta Magna del país al no controlar adecuadamente al Banco Central Europeo y, en particular, su programa de compra de activos. No tacha la actuación de ilegal pero sí de desproporcionada, y como tal, en principio, debe ser revertida. En consecuencia, el Constitucional da un plazo de tres meses al BCE para justificar la proporcionalidad del programa de compra de deuda pública, bajo la amenaza de prohibir en los sucesivo al Bundesbank, el banco central alemán, el acceso a futuros programas de compra, debiendo deshacerse además, de las incurridas.
No termina ahí la cosa. El tribunal germano argumenta que en manera alguna acatará el fallo de diciembre de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el mismo asunto, porque dicha Corte habría violado gravemente los métodos de interpretación legal al no aplicar correctamente el ‘principio de proporcionalidad’ de la UE.
Vayamos con las conclusiones, unas de índole económica y otras de naturaleza jurídica y política. No cabe ocultar que el programa PSPP implica una ayuda, desbordando el ámbito estrictamente monetario. Comprando obligaciones de los Estados en el mercado secundario de forma masiva el BCE rebaja los tipos de los títulos incurriendo en una subvención. Cada punto de recorte le supone al Tesoro español una ayuda anual de alrededor de 12.000 millones de euros.
Desde éstas páginas hemos censurado repetidamente en el pasado la política de tipos nulos del BCE, porque crean riesgo moral para los países emisores y castigan injustamente a ahorradores, aseguradores y pensionistas del sistema, favoreciendo a los deudores, en particular a los Estados soberanos. ¿Por qué ahora este viraje en el juicio? Porque la gravedad de la situación actual justifica la excepcionalidad y radicalidad de las medidas utilizadas para su reversión. ‘C’est la guerre’, decían los franceses durante la última contienda mundial.
Dejamos a los juristas la última palabra acerca del conflicto jurisdiccional surgido, pero parece de perogrullo que el BCE deberá responder solamente ante el Parlamento Europeo y el TJUE y no estar a lo que dicen los tribunales de cada uno de los 19 Estados de la Eurozona. No debe el BCE adoptar una posición activa en la resolución del conflicto legal, ya que ello implicaría la aceptación de la jurisdicción alemana, con lo que destruiría además su independencia. La responsabilidad yace sin duda en el Bundesbank alemán, en el Gobierno de la señora Merkel y en el Bundestag que son, como se ha dicho, los acusados directos. Entretanto el BCE ha dicho ‘tomar nota’ de los hechos y el TJUE ha publicado un lacónico mensaje recordando que «es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión».
Como resultado de lo anterior, el flanco político de la construcción europea ha resultado seriamente dañado. Lo ha confirmado el presidente del propio Bundestag, Wolfgang Schäuble, al indicar que si el Tribunal Constitucional de cada país miembro cuestiona el acervo comunitario, la que está verdaderamente amenazada es la existencia del euro y de la UE.