ABC, 17/7/11
Miembros de los servicios jurídicos se reúnen con el delegado del Gobierno en el País Vasco y las fuerzas de seguridad
La Abogacía del Estado no pierde de vista a Bildu. Tras las elecciones municipales y los buenos resultados de la coalición que alberga a los herederos de la ilegal Batasuna, los servicios jurídicos del Estado han puesto la lupa sobre los ayuntamientos e instituciones gobernadas por los bildutarras y vigilan si su actuación es conforme a las leyes y si, como no se cansaron de vocear durante la campaña electoral, está realmente desvinculada de la banda terrorista ETA. Miembros de la Abogacía del Estado viajaron la semana pasada al País Vasco para mantener una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Cabieces, y para analizar los indicios reunidos hasta ahora por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada el pasado mes de enero, ofrece al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado una segunda oportunidad para presentar nuevas demandas de ilegalización si fracasan —como ha ocurrido con Bildu en el filtro correspondiente al Tribunal Constitucional— los recursos electorales previos a la celebración de los comicios. La LOREG permite por lo tanto actuar contra la formación abertzale y sus electos, una vez constituidos ayuntamientos y diputaciones, si de su actuación se desprenden nuevos indicios de vinculación con ETA.
Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado a ABC que la Abogacía del Estado está «vigilante», atenta a lo que ocurre en el País Vasco con el objeto de tener una radiografía clara del «modus operandi» de Bildu y, pasadas las vacaciones de verano, poder ofrecer al Gobierno la información recabada durante estos meses. Asimismo, los servicios jurídicos del Estado entregarán al Ejecutivo un «análisis jurídico» de todos esos elementos. Es decir, concluirán si es factible —en la medida en que tenga visos de prosperar o no ante la «Sala del 61» del Supremo y ante el Constitucional— presentar una nueva demanda de ilegalización contra Bildu.
La actuación que han llevado a cabo hasta ahora los alcaldes de Bildu no deja lugar a la duda: la coalición defiende los mismos postulados que ETA y ha rescatado a antiguos cargos de los partidos ilegalizados (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, ANV…) para que ocupen puestos de responsabilidad. Ahora bien, advierten en medios jurídicos, lo que constituye una certeza para la mayoría de los ciudadanos, no siempre tiene la suficiente entidad jurídica como para «constituirse en prueba de cargo válida» en los tribunales. La sentencia del Tribunal Constitucional que avaló las listas de Bildu ha elevado mucho el listón y ha dejado claro que sólo con prueba indiciaria (es decir, indirecta) va a ser muy complicado demostrar que la coalición obedece a las consignas de la organización criminal.
Con todo, los servicios jurídicos del Gobierno siguen estudiando en profundidad los acuerdos de los bildutarras. Entre otros, los que han propiciado que la bandera de España deje de ondear en las fachadas de los edificios oficiales (cuando por ley es obligatorio que lo haga, y en un lugar preferente); o que el retrato de Su Majestad el Rey desaparezca de las sedes de los ayuntamientos (también obligatorio por ley); o las ayudas a presos de ETA y sus familiares; o el boicot desde los ayuntamientos a las obras del tren de alta velocidad.
Otegi y ETA
También están bajo el microscopio los comunicados de ETA (en el último la banda hace suyo el éxito electoral de Bildu) y las declaraciones de los dirigentes de la «izquierda abertzale». Como muestra un botón: hace apenas una semana, al hacer uso de su derecho a la última palabra, el portavoz batasuno Arnaldo Otegi cerraba el juicio del caso Bateragune (estructura con la que pretendió refundar Batasuna) haciendo suyos los resultados de Bildu: «Éramos 4 ó 5 y ahora somos 313.000».
ABC, 17/7/11