La declaración de la juez Beatriz Biedma ante la Audiencia Nacional añade detalles estremecedores al informe de la UCO que documenta los contactos de un colaborador de Leire Díez con delincuentes para causarle «daño físico». La magistrada ha relatado seguimientos en el colegio de sus hijas, donde desconocidos preguntaban por sus horarios haciéndose pasar por familiares o colaboradores. No estamos ante una mera campaña de descrédito contra una juez incómoda por investigar al hermano de Pedro Sánchez. Los indicios apuntan a una operación de intimidación que habría traspasado cualquier límite admisible en democracia. Especialmente grave resulta que estas actuaciones se relacionen con personas vinculadas al PSOE y con maniobras destinadas a interferir en procedimientos judiciales. La investigación deberá esclarecer responsabilidades, pero el Gobierno y la dirección del PSOE no pueden despachar estas revelaciones como episodios ajenos y lo menos que deberían hacer es querellarse contra Leire Díez para demostrar que no tienen relación alguna con estas actividades.