ABC 27/01/17
EDITORIAL
EL juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la investigación sobre los presuntos yihadistas detenidos en Madrid que aparecían en un vídeo amenazante con un subsufil AK-47. Tras haber recibido informes contradictorios de los investigadores policiales y haber tomado declaración a quien actuó como confidente, el juez considera que los indicios de actividad yihadista «se han desvanecido». Pero la resolución judicial deja abierta la posibilidad de cambiar la situación de los sospechosos, ahora en libertad, en función del resultado de los análisis pendientes. Se trata de un caso que merece una aclaración judicial definitiva, porque es confuso y resulta imprescindible que no perjudique la confianza en la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Cualquiera que sea la versión definitiva, la situación actual se basa en dos certezas: que el terrorismo de Daesh y de Al Qaida es una amenaza directa y permanente, y que la eficacia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es máxima, y gracias a ella nuestro país se está librando de que los terroristas concreten sus planes de atentado. Daesh ha incrementado sus actividades de propaganda sobre España, con vídeos en español y llamamientos a atentar para recuperar Al-Andalus.
El líder de Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, instó a los yihadistas a atentar en España por Ceuta y Melilla. Puede que los yihadistas del AK-47 no fueran tales, pero otros muchos sí, y su propósito es cometer masacres como en París o Bélgica… O en Atocha. Una operación policial posiblemente fallida no cuestiona ni deslegitima la necesidad de responder al terrorismo con la máxima presión policial y judicial. Las libertades no están amenazadas por el Estado de Derecho que lucha por ellas, sino solo por los terroristas que quieren destruirlas.