En la víspera del Día de Cataluña, tradicional escenario para que los secesionistas lancen sus soflamas insolidarias y victimistas, el supremacismo ha calentado el ambiente con las habituales (y de resonancias fascistas) marchas nocturnas de antorchas por las calles de una treintena de municipios.

También la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, que ha exigido a ERC y Junts no investir a Sánchez a cambio sólo de la amnistía. La ANC se ha comprometido a «ejercer toda la presión posible» para que «no se vendan por nada que no sea la independencia». Y se ha negado a aceptar cualquier negociación con el PSOE que no pase por «el reconocimiento explícito de que el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 fue el acto de soberanía que refrenda a Cataluña como sujeto político en conflicto con el Estado».

Este reconocimiento de la legitimidad del 1-O es el mismo que Carles Puigdemont exigió el pasado martes desde Bruselas para iniciar sus conversaciones con Pedro Sánchez. Y el mismo que ha vuelto a solicitar este domingo en las páginas de Ara, junto con Pere Aragonès, Quim Torra y Artur Mas.

El prófugo argumenta que «la victoria del independentismo en el referéndum de autodeterminación nos vincula a todos políticamente y nos obliga a trabajar para hacer efectiva la independencia». Y los cuatro ex presidents coinciden en su demanda de buscar vías para celebrar una consulta que tenga como resultado final la «independencia de Cataluña».

En definitiva, es una evidencia que el nacionalismo no se plantea abandonar la unilateralidad. Así lo ha ratificado también Aragonès en su mensaje institucional con motivo de la Diada, asegurando que aún queda una «segunda fase de negociación».

Una contumacia que pone en una situación muy comprometida al Gobierno. Porque, como ha contado este periódico, Sánchez alberga la cándida esperanza de que Puigdemont renuncie expresamente a sus propósitos secesionistas a cambio de la concesión de la amnistía.

Se engaña quien no quiera ver que, en palabras de Aragonès, el borrado de los delitos de los responsables del procés que prepara el Ejecutivo es únicamente el «punto de partida». Porque, aunque ERC y Junts están «forzando al gobierno del Estado a dar pasos decisivos para la amnistía», esta «no resuelve por sí sola el conflicto de soberanía».

De esta forma, el separatismo no sólo ya da por hecha la amnistía. También exige «votar libremente sobre la independencia».

Resulta obscena la tramposa sinécdoque con la que el presidente de la Generalitat habla de «la Cataluña de los 8 millones», como si el conjunto de la población de la comunidad estuviera unida en un clamor para escindirse del resto de España.

Pero ciertamente, se da la paradoja de que un independentismo en mínimos electorales es sin embargo más decisivo que nunca. Por eso proclama Aragonès que «ahora es el momento» de «resolver el conflicto de soberanía con el Estado», y «aprovechar todas las oportunidades que se nos abren» con los resultados del 23-J. Una exhortación amplificada por la ANC, que llama a «aprovechar» la situación de «debilidad» del Gobierno para «hacer efectiva la declaración de independencia que está congelada desde el mes de octubre de 2017».

Está por ver cuál es finalmente la participación en una manifestación que en las últimas convocatorias ha visto mermada su concurrencia. Pero lo que está claro es que la indulgencia de Sánchez sólo ha servido hasta el momento para que los mensajes y las posturas se radicalicen.

Las últimas diadas, además, han estado marcadas por la división entre los partidos soberanistas y entre las entidades nacionalistas en torno a la estrategia a seguir en las relaciones con el Estado español. Por eso los convocantes esperan que la nueva coyuntura en la que se celebra este año ponga fin a la dinámica autodestructiva que viene arrastrando el independentismo.

Y por eso ERC ha querido corregir su ausencia del último año, y los cuatro expresidentes de la Generalitat han pedido que el independentismo deje a un lado la división y vuelva a aunar esfuerzos.

Pero, por lo pronto, hoy coincidirán tres convocatorias diferentes para los actos del 11-S, la de la ANC, la de la CUP y la de los CDR. Y tampoco parece que esta Diada vaya a servir para pacificar el pulso que están echando ERC y Junts, que desdeña el ofrecimiento de Aragonès a «alinear estrategias».