Eduardo Uriarte-Editores

Es difícil negarse a entender que la amnistía negociada por el PSOE y Junts, y presentada por el grupo socialista en el Congreso, no transciende el mero acto del perdón a los sediciosos del Procés. Toda amnistía tiene un gran alcance político, pero ésta, acompañada además del referendum de autodeterminación de Cataluña y del descrédito del Poder Judicial, alcanza una dimensión traumática pues supone continuar el golpe sedicioso asumiendo el relato secesionista, la ruptura, por parte del Gobierno constituido gracias al apoyo de los afectados por dicha amnistía .

Las consecuencias de esta decisión,  las formas como se gestiona -negociación secreta en el extranjero con un prófugo del que se acepta su relato, mayoría muy endeble en el Congreso para la aprobación de este tipo de medida,  rechazo por la judicatura-  supone que el partido socialista opta por liquidar el único sistema democrático homologable con sus vecinos europeos que España ha disfrutado a cambio de mantenerse en el poder mediante una operación de corrupción política difícil de concebir, máxime cuando hasta el mismo día del resultado electoral negaba una y otra vez la constitucionalidad de dicha medida de gracia. Todo lo contrario de lo que hiciera el Frente Popular ante las elecciones del 36, que si la llevaba en su programa.

Como beneficiado de la amnistía del 77 seguí con interés personal tanto su elaboración y aprobación en el año 77 -es decir, fue preconstitucional- como su debate en la tramitación de la Constitución, con el rechazo de las dos enmiendas que en su favor se hicieran, lo que me ofrece cierto criterio para considerar que la amnistía no tiene cabida en nuestro marco legal. Pero este no es el aspecto que quisiera destacar. Insisto, incluso puede perder importancia cuando se aprecia las consecuencias de la aprobación de la misma al asumir un proceso de ruptura nada menos que por el Gobierno de España, prolongando, con los mismos mecanismos de subversión legislativa, el Procés catalán. Este traumático giro político de factura bolivariana, entraña la trascendencia de llevarnos a otro sistema político que por los procedimientos puestos en marcha mediante un decisionismo escandaloso sólo puede conducir a la autocracia. Si la amnistía del 77 sirvió para inaugurar la democracia la que se propone ahora la derriba.

Así como la amnistía el 77 supuso el cierre y deslegitimación de la dictadura, promoviendo, por el contrario, la reconciliación, el consenso poltico, el futuro en paz -salvo ETA. que hoy entra con su discurso por La Moncloa-, que sumó a derechas e izquierdas conformando una nación de ciudadanos, la actual amnistía es un instrumento de la izquierda y nacionalistas frente a la derecha, provocador del enfrentamiento.

De tal manera que la búsqueda del poder por cualquier medio está suponiendo la quiebra del ordenamiento constitucional, la erosión institucional, la crisis del ámbito territorial, y el vaciamiento de la soberanía nacional, sustituida por un utópico modelo plurinacional que liquida la base de todo ordenamiento republicano-liberal. El resultado no es otro que la revolución populista autoritaria. La democracia sustentada en la Constitución del 78 está en ciernes de su derrocamiento. Y esta vez no es la extrema derecha.

Síntomas de la alarma que provoca la inundación del Procés hasta el centro de la política española son el cierre en la práctica de la actividad parlamentaria con un Congreso sometido a las negociaciones de Ginebra, el rechazo de la amnistía por parte de la judicatura y los avisos de traslado de empresas o de sus inversiones al extranjero ante tamaña inestabilidad política. El Procés ya está aquí porque lo ha traído Sánchez.

Pues bien, ante este sumatorio de aberraciones políticas el principal partido de la oposición no puede conformarse como un educado y sumiso comportamiento en las formas ante la ruptura de la legalidad que el Gobierno de Sánchez está llevando a cabo. Este personaje desde su aparición en la escena política bajo la apariencia, benévolamente concedida por sus adversarios, de jugar al límite -empezó con aquella escena de la urna tras la cortina en el comité federal de su partido- lo sobrepasa en casi todos los actos que lleva a cabo. Ahora pone sobre el tablero la aprobación de una ley inconstitucional, el menosprecio de la judicatura y del legislativo en los acuerdos de Waterloo, el descrédito de la Constitución y la democracia española en las conversaciones de Ginebra, la legitimación de los discursos secesionistas y la transformación de la nación en una confederación. No puede quedarse sentado en el pleno del Congreso debatiendo una ley de amnistía para los sedicosos que significa el final. El PP verá, hoy Caño escribe: “España se rompe”.