La democracia española nació con una amnistía y morirá con otra. Salvo que las élites se planten, algo que no cabe esperar dada su proverbial cobardía y su demostrada estrechez de miras. Los que han querido anular aquella amnistía de la libertad están entre los que promueven la del sometimiento: la de los tres poderes –más el TC– arrodillados ante un autócrata, la del triunfo de los enemigos de España en pos de la perpetuación de ese autócrata, la de la humillación de una democracia liberal de 45 años ante un puñado de xenófobos supremacistas que solo conciben la ley como privilegio (ley privada).

Digámoslo claro: bajo la Constitución no cabe la amnistía. Ergo, si hay amnistía será fuera de ella y contra ella, por mucho aval que aporte su intérprete máximo, el TC. Ustedes oirán y leerán a autoridades académicas y a juristas mercenarios afirmar lo contrario, que la amnistía sí cabe. Les están mintiendo, ya que el Derecho nunca puede abandonar el terreno de la razón; si lo hace, deja de ser Derecho. Ruego se respete la mayúscula. La Constitución no necesita decir que la amnistía está prohibida porque ya prohíbe el indulto general. Una lógica indiscutible permite traducir el principio general «quien puede lo más puede lo menos» por «quien no puede lo menos no puede lo más». Si los indultos generales son inconstitucionales, ‘a fortiori’ lo es una amnistía, prerrogativa de mucho más alcance que aquellos. Además, vacía el papel y el sentido de la Justicia, poder independiente del Estado. La amnistía es más que el indulto general porque no sola ahorra a los reos beneficiados el cumplimiento de la pena o de una parte de ella, sino que elimina los antecedentes, es decir, establece que los delitos cometidos no se han cometido en realidad.

La amnistía es algo tan excepcional que en el mundo solo se considera y concede en escenarios de (o equivalentes al) cambio de régimen, cuando se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Se impone el olvido de todos las delitos ‘políticos’ porque implícita o explícitamente se niega legitimidad al régimen en el que aquellos se cometieron, juzgaron y condenaron, o bien están ‘sub iúdice’. Dar una amnistía hoy en España a los golpistas y a los miembros de los comandos que se enfrentaron violentamente a la policía solo tiene una interpretación: en 2017 (y los años siguientes) España no era una auténtica democracia, su policía actuó ilegítimamente, la aplicación del 155 fue propia de un Estado autoritario y la verdadera legitimidad la ostentaban los separatistas que aprobaron la ley de Transitoriedad hacia la República Catalana, los que incendiaron las calles de Barcelona, los que organizaron el ‘tsunami democràtic’, los que levantaron los adoquines de la Plaza Urquinaona y hasta la choriza que presidía el Parlament. Quien conceda y avale esa amnistía matará a la España constitucional del 78. Y todo valdrá.