Los tres meses desde el 23-J no solo han dado margen para que el PSOE y sus aliados exploren sus diferencias y traten de encauzarlas. También han permitido a Sánchez calibrar la reacción de la opinión pública ante la hipótesis de una mayoría gubernamental apoyada por Puigdemont y erigida sobre la amnistía de los encausados por el procés.

Los primeros datos de encuesta sugieren un panorama más estable del que muchos auguraban en julio: la expectativa de un entendimiento pragmático entre izquierdas e independentistas apenas perturba los apoyos electorales. La gran mayoría de votantes del 23-J volverían a votar hoy lo mismo. Y los pocos que podrían cambiar, lo hacen sin alterar el equilibrio entre bloques.

En el caso del PSOE, en cuyo entorno han surgido voces muy críticas sobre un pacto con los independentistas, esa lealtad es especialmente significativa si tenemos en cuenta la diversidad de motivaciones de quienes lo apoyan. Según el estudio poselectoral del CIS, se trata de un partido con un fuerte voto de adscripción: casi la mitad de sus votantes lo apoyaron por afinidad y capacidad de gestión (en contraste con el 19,8% del PP o el 22,8% de Vox). Pero también con un fuerte atractivo instrumental: uno de cada cinco votantes de Sánchez lo apoyaron por razones utilitarias, para evitar la victoria de la derecha. Es una proporción significativamente superior a la del PP (13,3%), Sumar (10,7%) o Vox (7,8%).

Puede que esa combinación de votantes de centroizquierda afines y de votantes periféricos puramente tácticos resulte altamente inestable cuando al PSOE le vayan mal las cosas. Pero también incentiva a Sánchez para mantener un rumbo determinado, más coherente a veces con lo que hace que con lo que dice, en la cuestión territorial, la verdadera argamasa de la coalición parlamentaria que podría mantenerlo en La Moncloa.

Es razonable asumir que una de las explicaciones de esa persistencia en el apoyo plural a Sánchez sea que, en su mayoría, estos electores ya eran conscientes de las contradicciones a las que se exponía el líder socialista en la nueva legislatura cuando decidieron votarlo en julio. Les puede gustar más o menos la amnistía, pero asumen las consecuencias de un Parlamento fragmentado donde es preciso negociar. Apenas un 22% preferiría una repetición electoral (un dato que se mantiene en octubre, según el barómetro de 40dB.).

La situación del PSOE es, en algunos aspectos, opuesta a la del PP. Tras la buena intervención de Feijóo en la investidura fallida, el barómetro de octubre sugiere una leve recuperación entre votantes de derecha. No obstante, sigue padeciendo la resistencia de Vox. A pesar de la tesis contraria extendida en muchas tertulias madrileñas, al partido de Abascal le fue muy bien en julio en términos electorales. Perdió escaños por la penalización de los distritos de baja magnitud al quedar como tercero en muchos de ellos, pero empezó a consolidar una base propia. Un dato relevante: la principal razón del 55% de los votantes de Vox fue de orden ideológico o programático (solo el 21% para el PP), mientras que el 41% de los del PP votaron a Feijóo principalmente como rechazo al Gobierno o voluntad de cambio (solo el 19% de Vox). El último barómetro del CIS reafirma diferencias sustantivas entre ambos electorados en opiniones climáticas, de género o incluso de política internacional.

En estas circunstancias, las opciones de Feijóo para recuperar espacio a su derecha son delicadas. De hecho, el 30% de sus votantes llegaron a plantearse la abstención en julio. En contra de algunas lecturas demoscópicas recientes, más que una movilización súbita e imprevisible del PSOE, a Feijóo lo castigó un desfondamiento final de muchos votantes de derecha escépticos con su moderantismo. Así es como debe entenderse que casi uno de cada diez votantes de Abascal decidiese cambiar de opción la última semana de campaña hacia Vox, casi todos ellos dudosos con el PP y ajenos al voto útil.

Todo ello ayuda a comprender cuánto incumplió Feijóo el objetivo de recuperar, a la vez, voto extremo y voto de centro, espacio en el que el PP ni siquiera alcanzó el porcentaje que populares y Ciudadanos reunieron en abril de 2019 contra Sánchez y donde persiste un alto nivel de desorientación sobre a quién votar. Ese cuadro deja en evidencia las dificultades actuales para que Feijóo conjugue un discurso aceptable para las diferentes sensibilidades no ya de la derecha, sino de su propio partido.

¿Qué terreno dejan estas coordenadas para un acuerdo de legislatura estable en torno a la amnistía? Dan margen suficiente para que Sánchez siga buscando un acuerdo sin obligarlo a aceptarlo a cualquier precio. En todo caso, Sánchez sigue teniendo la misma necesidad que Feijóo: su futuro político inmediato dependerá de su capacidad para convencer a sus propios votantes de aceptar escenarios que a priori les disgustarán, sean el acuerdo o la repetición electoral.

Suele insistirse en la capacidad de resistencia del líder socialista, cuando, en realidad, su verdadera cualidad hasta ahora ha sido la de persuadir a muchos que no querían votarle o que discrepaban de sus políticas y de sus pactos. Pedro el Superviviente ha sido en realidad Pedro el Persuasor.

La literatura sobre cómo los presidentes de Gobierno deben acoplar las preferencias de sus ciudadanos y la orientación de las políticas suele apuntar dos lógicas distintas. A veces, los gobernantes orientan las políticas en la dirección reclamada por los votantes. En otras ocasiones, tratan de modificar las inclinaciones de estos en apoyo de determinadas acciones del Gobierno. El dilema es crítico, porque la clave está en saber cuándo debe prevalecer la opinión de los votantes y cuándo su benevolencia. Sánchez ha sabido combinar hasta ahora ambas estrategias.

¿A qué lógica respondería un acuerdo con el independentismo por la amnistía? Para muchos socialistas, sería un camino incierto e injusto. Para muchos otros votantes de Sánchez, es el camino por el que lo votaron.

Para persuadir a los reticentes, Sánchez podrá recurrir a la complicidad europea, donde la partida de la amnistía se observa con criterios de largo alcance. También aprovecharse de una cierta dinámica polarizadora. Aunque las diferencias ideológicas entre electorados se redujeron en las últimas elecciones, da la impresión de que la entrada de Puigdemont en el juego de mayorías solo puede alimentar las emociones negativas de muchos, y con ello la polarización de los afectos.

En ese contexto, se impone una clarificación por parte de Sánchez sobre el sentido profundo de la amnistía para el futuro de la sociedad española. No se trata tanto de cuestionarse si una solución como esta es aceptable como mercancía de intercambio en un entorno de negociación para la formación del Gobierno (amnistía por investidura), algo que la razón política podría digerir perfectamente, sino en qué condiciones puede operar como una legítima y efectiva herramienta para devolver el embrollo derivado de la crisis catalana a unos parámetros más aceptables para una democracia de calidad. En este último caso, si acabara produciéndose un acuerdo, sus artífices, especialmente el presidente, deberían situar el desenlace en términos, de forma y de fondo, que también sean respetables, incluso si no son compartidos, para muchos de quienes hoy no están de acuerdo con la amnistía.

Si en la última década hemos asistido a la proliferación de retóricas de ofensa defensiva (por parte de políticos que defendían sus medidas irrespetuosamente hacia quienes discrepaban de ellas), la fuerza de una medida que se justifica a sí misma en la magnanimidad y la mejora de la convivencia difícilmente funcionará con ese registro polarizador.

Solo evitándolo podría abrirse una brecha entre el ruido mediático en torno a la investidura y la paciente comprensión del votante medio, más escéptico ante el tremendismo de los partidos y, por ello, más dispuesto a asumir decisiones impopulares si estas permiten que la acción del Gobierno se concentre en otros problemas más sustantivos. Según el CIS, economía, sanidad y emergencia climática.