La ANC crea una ‘caja de resistencia’ para pagar las multas por organizar el 1-O

EL CONFIDENCIAL 26/07/17

· La CUP presiona al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras: «Firma la compra de las urnas para celebrar el referéndum o se va a la calle»

El independentismo catalán aprieta fuerte a poco más de dos meses para el referéndum secesionista —y con las vacaciones por medio—. Necesita movilizar a todos sus efectivos para que la consulta del 1 de octubre no se quede solo en un acto de buenas intenciones, y para ello fuerza al máximo la máquina del tren que quiere colisionar con el Estado español. Y al Gobierno catalán, que preside Carles Puigdemont, le presionan por tierra, mar y aire, pero no el Gobierno de Madrid, como dicen los suyos, sino los propios independentistas: no quieren ver que la locomotora que pilota Puigdemont pierda potencia.

De ahí que el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, dirigiese ayer una carta a todos los afiliados a su organización para que arrimen el hombro. “El Gobierno de la Generalitat y el Parlament aguantan hoy con coraje los embates contra nuestro derecho a organizar el referéndum. La ira del Estado aumenta y ahora amenaza con sanciones millonarias a nuestros representantes y con la asfixia financiera a nuestros servicios públicos”, dice la misiva.


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Se refiere Sánchez a la intención del Tribunal de Cuentas de cobrar directamente a Artur Mas y a la cúpula de su Gobierno los más de cinco millones de euros que gastaron en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, después de que el Constitucional determinase que no podían organizarla. Mas había sacado pecho en aquella ocasión: el mismo 9-N, en el recuento de votos, salió a la palestra para decir: “Si la Fiscalía busca un responsable, soy yo y mi Gobierno”. Afirmó también que le resbalaba que le presentasen demandas y que las denuncias no le preocupaban.

Hoy las cosas han cambiado: los tribunales pueden embargar sus bienes porque le reclaman los más de cinco millones que costó la consulta del 9-N, y ya no dice que él es el responsable. De momento, ha tenido que pagar 36.000 euros de multas (y casi otros tantos cada uno de los restantes condenados: Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau). Tienen suerte de que sus multas las pagó el partido, el PDeCAT. Pero para la nueva sanción se necesita mucho más. Y ahí entra la ANC, que ha creado una ‘caja de resistencia’ para pagar esos millones. “El Gobierno Rajoy no se saldrá con la suya. Este referéndum se hará, convocado por la Generalitat y participado por la mayoría de hombres y mujeres del país”, dice la carta de Sánchez.

Movilización total
La misiva termina arengando: “Ante las amenazas de multas millonarias, llenemos la caja de solidaridad. ¡Que aprenda el Estado que su poder tiene límites y que no nos detendrá!”. “Defendamos coherentemente a nuestros gobernantes; hagamos todo lo necesario para defender nuestra dignidad, la democracia y libertad”, subraya. Añade una cuenta corriente para realizar aportaciones y luego otra cuenta para la recaudación de la ‘Campaña del sí’, es decir, la campaña para reclamar el sí en el referéndum del 1 de octubre.

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La ANC avisa de que es imprescindible, a partir de ahora, una movilización total: quiere que se cuelguen esteladas (banderas independentistas) en todos los balcones y que los ciudadanos salgan a manifestarse a la calle. El objetivo es movilizar a todos los efectivos posibles para el 11 de septiembre, fecha de la Diada de Cataluña y prácticamente línea de salida para la gran campaña institucional del referéndum. Todo está planificado al detalle: que las movilizaciones de la calle aprovechen las sinergias de las movilizaciones de los despachos y que el Gobierno, las entidades cívicas y los partidos políticos vayan al unísono. Lo que no están dispuestos a permitir desde la ‘sociedad civil’ es que el ‘procés’ pierda peso o que el referéndum pierda fuelle.

También la CUP presiona al Gobierno, por algo el referéndum es una criatura suya y no de los partidos que gobiernan la Generalitat. “Iremos hasta el final. Aquí está moviendo ficha muy inteligentemente Poble Lliure [uno de los partidos que componen la CUP]. Y el Gobierno ha de cumplir lo acordado. Es cierto que la responsabilidad de comprar urnas la ha asumido hace pocos días el vicepresidente Oriol Junqueras y que aún no ha movido ficha. Pero o firma la compra o se va a la calle. Puigdemont le dijo que o asumía él la responsabilidad o ficharía a un independiente. Pero ha de tener en cuenta que, aunque la compra la firme él solo, la decisión es colegiada de todo el Gobierno”, explica a El Confidencial una fuente de la formación radical.

Estas fuentes aseguran que “la CUP está convencida de que el referéndum se celebrará con todas las garantías”, aunque también admiten la cautela de los miembros del Gobierno catalán para no pillarse los dedos. “Comprendemos que las firmas son lo último, que se sabrán los pasos que da el Govern cuando se hayan agotado todos los pasos administrativos”. Algunas fuentes apuntan a que tanto Junqueras como Puigdemont han prometido a la CUP que la cosa va en serio y que no habrá marcha atrás: es más, aseguran que las órdenes por escrito necesarias para las infraestructuras del referéndum se darán en el último momento. Y muy posiblemente ninguna orden escrita se dé antes de convocar oficialmente la consulta, para restar margen de maniobra a la oposición o al Gobierno central. El calendario es oficializar la convocatoria a finales de agosto o primeros de septiembre y, a partir del día siguiente, ir anunciando acciones administrativas de preparación del referéndum. “No habrá ninguna orden por escrito hasta el momento en que se convoque el referéndum. Al menos esa es la consigna que hay hasta ahora”, zanja la misma fuente.

Presiones de la CUP
En este clima de presiones, cobra especial interés el posicionamiento de algunos sectores de la CUP. Lucha Internacionalista, uno de los partidos que conforman esta formación, aprobó un manifiesto el pasado jueves en el que denuncia: “Precisamos responder con la movilización como respuesta a las provocaciones y a la creciente represión del Estado. Si se llega a detenciones, suspensión de instituciones o a la imposición por la fuerza, hay que reclamar la convocatoria de la huelga general”. La intención de la CUP es que el Gobierno catalán se radicalice no solo nacionalmente, sino también socialmente: “La corrupción también afecta a la burguesía catalana y sus representados políticos, con el PDeCAT y Mas al frente. El caso Gordó es el último ejemplo. Su debilidad, sin embargo, va más allá de la corrupción y radica en que es el Gobierno continuador de los recortes y privatizaciones, en el que no tenemos ninguna confianza. Por eso, hace falta la movilización y aún es más ilusionante el futuro, porque si ganamos la república, esta tendrá un fuerte contenido social. Y, porque si ganamos la república catalana, esta girará a la izquierda. La movilización tiene que forzar al Govern a llegar hasta el final”.


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Los radicales admiten que la CUP se ha mantenido en los últimos meses con un perfil bajo y dejó de ser el interlocutor claro de las clases populares por apoyar los Presupuestos de Puigdemont para este año. Por eso, afirman, “hace falta una acción decidida en la lucha por el referéndum y por el sí que conecte con la problemática social, que dé respuesta, que anime a la movilización”. Y añaden que “hay que desplegar la más amplia campaña por el apoyo popular al referéndum y por el sí, con la constitución de plataformas amplias desde la izquierda por el referéndum y por el sí (…) La preparación del 11 de septiembre será determinante para demostrar la capacidad movilizadora”. Los internacionalistas ‘cuperos’ abogan por la constitución de una Plataforma por el Derecho a Decidir de los Pueblos “para desplegar una campaña de solidaridad por el derecho de autodeterminación y contra la represión”. Esa plataforma contaría con grupos y partidos de todo el Estado español.

En este sentido, los radicales coinciden con la ANC, que considera que el próximo 11 de septiembre encaran «la movilización más trascendente de la historia del país: la Diada del sí”. En esa fecha, se realizará una gran manifestación en Barcelona cuyas dos principales arterias del centro de la ciudad se llenarán de manifestantes: visto desde el aire, será un gran signo de más, de suma, “símbolo de todas las oportunidades del nuevo Estado en forma de república que nos espera en las papeletas del referéndum. Entre todos, convertiremos la Diada del sí en el tsunami de ilusión que nos llevará desde el compromiso con la democracia a la mayoría por la independencia el 1 de octubre”.