ABC 14/09/15
EDITORIAL
· La pretendida insumisión fiscal forma parte del engaño masivo al que el nacionalismo pretende arrastrar a los catalanes, mientras su comunidad sigue recibiendo más inversión del Estado
LA Asamblea Nacional Catalana no es solo la coartada inventada por el secesionismo para hacer cuña en la sociedad y alentar un clima de crispación y división. Es también la quinta columna sufragada institucionalmente por el independentismo para avivar la llama de la desobediencia civil. ABC publica que la Asamblea que presidió Carme Forcadell, hoy número dos de la lista de Artur Mas, Junts pel Sí, promoverá entre los catalanes el impago de impuestos a partir del próximo 28 de septiembre, tras las elecciones, y la convocatoria de manifestaciones para animar al «miedoso» pueblo catalán a rebelarse contra el Estado. Poca confianza tienen, afortunadamente, en que fructifique su chantaje si la apelación se dirige a un pueblo «miedoso», porque en el fondo son conscientes de que la opción ciudadana rupturista es minoritaria en número de votos, más allá de que consigan articular una mayoría parlamentaria que trate de abocar a Cataluña al abismo. Incluso, proponen cordones humanos ante las delegaciones de Hacienda para que nadie pueda acceder y dificultar los trámites que exige la legalidad fiscal en España. Indudablemente, es un nuevo desvarío dispuesto a ser alimentado también por las CUP, ese movimiento separatista primo hermano de Batasuna, que compite con Junts pel Sí en radicalidad y que aspira a imponer, en el siglo XXI, un absurdo reducto del comunismo más rancio.
El intento de forzar a los ciudadanos a la insumisión fiscal no es nuevo. Es un instrumento de presión dirigido especialmente contra el empresariado catalán, y un sistema de manipulación a los catalanes. Nada es inocente en el desafío secesionista porque todo desemboca en una vulneración flagrante de la ley como excusa para alimentar el odio a lo español. No cabe mayor error ante una sociedad que necesita de España y a la que España necesita. El germen de una Agencia Tributaria propia de Cataluña, así como su deseo de crear «estructuras de Estado» propias como base previa a una declaración unilateral de independencia, ha sido un fracaso. Apenas unos cientos de catalanes han acudido en los últimos meses a las oficinas propias de la Generalitat para formalizar allí sus impuestos. A la hora de la verdad, ninguno de los ayuntamientos asociados al movimiento secesionista ha dejado de cumplir con Hacienda. Solo faltaría eso. La pretendida insumisión forma parte del engaño al que el nacionalismo extremo pretende arrastrar a los catalanes, mientras su comunidad sigue recibiendo más inversión del Estado y más fondos del rescate autonómico que ninguna otra. Son más de 50.000 millones en los últimos años, algo de lo que no puede presumir ninguna otra región. Pero se trata de cultivar hasta el final el victimismo mientras invocan un sentimiento identitario basado en el incumplimiento de la ley. Más que nunca, es imprescindible la movilización en las urnas de quienes no quieren planes disparatados para su futuro y su bolsillo.