EL MUNDO 24/06/14
· El juez Pedraz rechazó la pretensión de un letrado de depurar la «trama civil» del 23-F
La Sección Penal Segunda de la Audiencia Nacional tiene previsto deliberar hoy sobre el recurso de apelación promovido por el partido político Soberanía contra la decisión del juez Santiago Pedraz de no admitir a trámite una querella contra el Rey Juan Carlos I y otras personas por la llamada trama civil del 23-F.
Se trata de la primera querella dirigida contra el ex jefe del Estado. Fue presentada el 2 de junio, justo después de que Don Juan Carlos anunciara la abdicación y, por tanto, antes de que esa decisión se plasmara en una ley y fuera efectiva. Aunque fuentes jurídicas y judiciales coinciden en que es «difícilmente prosperable», esa iniciativa penal pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que está expuesto el Rey Juan Carlos ante cualquier juzgado o tribunal desde que perdió el privilegio de la inviolabilidad.
Bajo la dirección del letrado José Luis Mazón, el partido Soberanía formalizó en abril una querella basada en el libro de Pilar Urbano La gran desmemoria. Inicialmente se instaba la presencia de Don Juan Carlos en ese proceso en calidad de testigo pero, tras la abdicación, el abogado amplió la querella y la dirigió contra el ex jefe del Estado. Según el querellante, Don Juan Carlos «autorizó» al ex general Armada a dar un golpe blando y a formar un Gobierno en el que se integrarían personajes de la trama civil del 23-F.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, inadmitió la querella argumentando que los hechos estarían prescritos, son cosa juzgada y no hay indicios de criminalidad. En el caso de Don Juan Carlos añadió que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad.
El partido querellante presentó un recurso que hoy examinará la Sección Penal Segunda, aunque antes debe decidir sobre la participación en la deliberación del magistrado José Ricardo de Prada, a quien Mazón representó en los recursos contencioso-administrativos que presentó contra el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El querellante argumenta que «la prescripción elimina el castigo, pero no tiene por qué impedir la investigación». A su juicio, «es posible armonizar el derecho a no ser castigado por hechos prescritos con el derecho de los perjudicados o víctimas de los delitos más graves contra valores esenciales a una investigación», y el 23-F fue un «fraude descomunal contra el pueblo» que atentó contra el «derecho a la democracia». Sostiene, asimismo, que «el Rey es inviolable, pero no ininvestigable», y afirma que no hay cosa juzgada porque el proceso sobre el 23-F no incidió en la trama civil.