EL MUNDO 24/06/14
· El PSOE se abstendrá porque la tramitación de la norma «no ha sido sosegada»
· Tampoco la apoyan PNV, CiU, IU y UPyD
Los Reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, la Reina Letizia y la Princesa Leonor gozarán de la prerrogativa del aforamiento pleno –para causas penales y civiles, aunque no desempeñen cargo ni función constitucional alguna–, previsiblemente a finales de la próxima semana. El privilegio les será otorgado en contra de lo que opinan todos los grupos de la oposición.
Unos rechazan la propia concesión del fuero y otros el procedimiento precipitado y sin diálogo por el que ha optado el Gobierno para aprobarlo. Finalmente, el aforamiento les será concedido gracias a la mayoría absoluta del PP más dos votos, de Foro Asturias y UPN.
Ayer, se dio en el Congreso el primer paso para aprobar vía exprés el proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. En dicha norma complementaria –que regula la jubilación de los funcionarios de Justicia y el disfrute de sus días de asuntos propios–, es en la que se han incluido en el último minuto dos enmiendas para hacer posible el nuevo estatus jurídico de la Familia Real.
El proyecto fue informado en ponencia –por los portavoces de Justicia de las fuerzas parlamentarias–, y hoy será discutido en la Comisión de Justicia. Se presenten o no votos particulares, como preveía el diputado del PP Alfredo Prada, contra la inclusión de las citadas enmiendas, a efectos prácticos dará igual. Los populares cuentan con mayoría suficiente para sacar adelante una ley orgánica.
El texto pasaría a debatirse y votarse por el pleno del Congreso el jueves y después sería remitido al Senado para su aprobación definitiva la próxima semana. Su publicación en el BOE sería inmediata y el aforamiento entraría en vigor. Se cumplirá así con el cálculo que ayer mismo hizo el presidente del Gobierno Mariano Rajoy desde Polonia: plazo aproximado 15 días.
Todos los grupos de izquierda más UPyD y el PNV han anunciado su voto en contra del fuero, en tanto que el PSOE y CiU anticipan una abstención. La crítica contra el procedimiento ha sido unánime. Todos consideran que este asunto debería debatirse con calma y sopesando argumentos a favor y en contra.
Así, Izquierda Plural ya prepara un recurso ante la Mesa del Congreso porque en su opinión no se han respetado los tiempos que fijan las normas de la Cámara. Y, además, también se vulnera la doctrina del Constitucional al utilizar una ley cuyo contenido «no tiene nada que ver» con los aforamientos que se quieren regular.
Para UPyD, con estos nuevos fueros se abre la puerta a una distinción entre la justicia para los ciudadanos, «cara y lenta», y otra más «cómoda» para los aforados. Esto, a juicio de la formación, mina la credibilidad de la democracia. UPyD reclama una reducción drástica del número de aforados que existe en España.
Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, incidió en que se otorga un privilegio a personas que no ejercen un cargo. Tanto los nacionalistas vascos como los catalanes han lamentado el método empleado por el Gobierno para aprobar los aforamientos de miembros de la Familia Real.
Desde CiU han avanzado su posición de abstención, lo mismo que el PSOE. Los socialistas no tienen internamente una postura unánime sobre esta cuestión pero sí coinciden mayoritariamente en que la vía de aprobación por la que se ha optado es muy inconveniente. En su opinión, a estas alturas ya no hay nada que negociar sobre este tema con el PP. Para ellos la tramitación «no ha sido sosegada».
A la vista de los importantes recelos que se han suscitado, desde el Gobierno y el PP se apresuraron a cerrar filas en defensa no sólo de la necesidad de aforar a los miembros de la Familia Real, sino también del método empleado para conseguirlo. Desde Rajoy que lo consideró «razonable» hasta Cospedal que calificó el procedimiento de «impecable». En opinión de la secretaria general del PP no ha habido «ninguna prisa».
Esta apreciación chocó con la de Alfredo Prada –representante del PP en la Comisión de Justicia– quien señaló que «en el momento de la abdicación este tema se empezó a prever», dando así por hecho que previamente no se había planeado procedimiento alguno.