Los diarios de Caracas no sólo recogen las noticias relacionadas con los conflictos entre España y Venezuela sino que también se hacen eco habitualmente de las informaciones relacionadas con las sentencias de la Audiencia Nacional española para los miembros y colaboradores de ETA. Ésta es sólo una pequeña muestra.
Cinco personas fueron condenadas a prisión por dar información a ETA
Madrid.- La Audiencia Nacional española ha condenado a penas de 6 y 7 años de cárcel a cinco acusados de pertenecer a los aparatos de captación e información de ETA, y de proporcionarle nombres de personas susceptibles de entrar en la organización terrorista y datos de interés para sus operaciones.
La sección tercera de la sala de lo penal de ese tribunal encargado, entre otros, de los delitos de terrorismo dictó esa sentencia y al tiempo absolvió a otras ocho personas al entender que no hay pruebas suficientes para acreditar «sin sombra de duda» que colaboraron con ETA o que se hubieron integrado en la misma, dijo Efe.
Esa sección de la Audiencia Nacional juzgó a fines del año pasado a los trece procesados por su supuesta pertenencia a los aparatos de ETA conocidos como «Arrantza», cuya función era reclutar a nuevos miembros, y «Pianistas», que facilitaba información sobre posibles objetivos de la banda.
El tribunal condena a 7 años de cárcel a Zugaitz Izagirre y Carlos Moisés Martín por un delito de integración en organización terrorista, y a 6 años a Mikel Garaiondo, Alberto González y Regina Maiztegi por colaboración con banda armada.
En cambio, absuelve del delito de integración en organización terrorista a Ramón López Cid e Ikerne Indakoetxea y del de colaboración a Maider Egiguren, Galder Bilbao, Gorka Iriarte, Iker Casanova, Arantza Martín y Francisco Javier Gil.
La sala considera probado que en la documentación intervenida en Francia en diciembre de 2002 al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, alias «Susper», figuraban en clave decenas de nombres de supuestos colaboradores de la banda, entre los que estaban algunos de los condenados.
La sentencia sostiene que, en el año 2000, Maiztegi, que fue concejal en la localidad guipuzcoana de Soraluze (País Vasco, norte de España), facilitó a «Susper» los nombres de dos personas y la composición del Ayuntamiento, al tiempo que le puso en contacto con el también condenado Garaiondo.
En Guipúzcoa formaban parte del aparato de captación Izagirre, que fue miembro de varias organizaciones independentistas radicales entre 1997 y 1999, y Moisés Martín, quien, según la sala, realizó un cursillo de 24 horas sobre manejo de armas y preparación de explosivos, y perteneció al «comando Ereuzma», encargado de preparar escondites para guardar armas y otros materiales.
Con este comando preparó el ametrallamiento de la comandancia de la Guardia Civil en la ciudad vasca de San Sebastián y la colocación de una bomba en los juzgados de Tolosa y Azpeitia en 1996, causa que tiene pendiente en la Audiencia Nacional.
Por su parte, Izagirre integró el «comando Ezkurra» o «Ezkur» junto a otros dos individuos para poder «facilitar información sobre torretas, antenas y edificios oficiales», aunque no ha quedado acreditado que este grupo llegara a ser operativo.
El tribunal atribuye a González la participación en actos de violencia callejera y dice que por ello ETA lo eligió «para hacer llegar» un documento en el que se hablaba de cómo mejorar la seguridad, mientras que Garaiondo, también militante de la extrema izquierda vasca, facilitó a «Supser» nombres de posibles personas que podrían entrar en la banda.
EL UNIVERSAL (Caracas), 7/5/2010