ABC 09/11/13
· Aunque los 17 jueces de la Sala de lo Penal coincidían en que debían salir, ocho querían esperar a que lo dijera el Alto Tribunal. El presidente, Grande-Marlaska inclinó la balanza.
Nueve votos frente a ocho. Con esta profunda división, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer la excarcelación de nueve etarras, que siguen la estela marcada por Estrasburgo con la sentencia de Inés del Río. La petición que varios magistrados hicieron al presidente de la Sala, Fernando GrandeMarlaska, de retrasar este Pleno a la espera de que se reuniera el Tribunal Supremo, el próximo martes, auguraba que el debate no iba a ser pacífico. De hecho, se prolongó durante casi cinco horas.
Sobre la mesa, dos posturas: por un lado, la de los magistrados que consideraban que lo oportuno era esperar a que el Tribunal Supremo interprete la sentencia del tribunal europeo y la incidencia que esta puede tener sobre la doctrina Parot, creada por el Alto Tribunal en febrero de 2006. Por otro, los que consideraban que debe primar el derecho a la libertad frente a cualquier otra situación. Entre las dos posiciones sí había unanimidad en la que quizá sea la cuestión más trascendental de este lamentable episodio: ni aplicando la hipótesis más restrictiva de una reinterpretación de la doctrina Parot se podría alargar la estancia en prisión de estos terroristas más allá de unos días. Entre los excarcelados está el sanguinario Domingo Troitiño, autor del atentado de Hipercor, en el que fueron asesinadas 22 personas.
Once ponencias
El Pleno comenzó su reunión a las nueve y media de la mañana y, según fuentes jurídicas, ni se llegó a abordar la posibilidad de suspenderlo a la espera del Supremo. Cada uno de los ponentes informó a sus compañeros de su respectivo expediente, el relativo a la ejecutoria del preso en cuestión. Así hasta once. Sobre ellos había informado previamente el fiscal Jesús Alonso, partidario de esperar a la unificación de criterios que haga el Supremo, y quien propuso una reintepretación de la doctrina Parot que podría abordar el Alto Tribunal el próximo martes. Esta reinterpretación pasa por aplicar esta doctrina solo sobre la parte de la condena que el preso en cuestión tuviera pendiente en 2006; es decir, cuando entró en vigor la sentencia del Supremo. Antes de esa fecha no hay nada que hacer: Estrasburgo ya ha dicho que se trata de una aplicación retroactiva prohibida por la ley y no «prevista» por el etarra en cuestión cuando consumaba sus asesinatos. Es decir, cuando Inés del Río o Domingo Troitiño cometieron sus respectivos atentados eran perfectamente conscientes de que un asesinato valía lo mismo que diez. Y esa «previsibilidad» de la pena no se puede cambiar. «Por mucho que nos duela», señalan fuentes próximas al Pleno. «Hay que cumplir la ley, tanto cuando nos beneficia como cuando nos perjudica, y esa es la grandeza del Estado de Derecho».
Con fecha de salida
Los diecisiete magistrados entendieron que a los nueve presos que saldrán libres no les afectaría la interpretación realizada por el Ministerio Fiscal, la de aplicar la doctrina Parot a partir de 2006. Estos nueve presos tenían dos cosas en común: la primera, condenas vinculadas al Código Penal de 1973, que preveía redenciones ordinarias y extraordinarias por hacer yoga, estudiar o participar en cursos de marroquinería; la segunda, todos tenían fecha de licenciamiento definitivo y esa expectativa de cumplimiento no se puede cambiar. No obstante, el Pleno presidido por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, cuyo voto rompió el desempate a favor de las excarcelaciones, no entra a valorar el fondo de la reinterpretación de la doctrina propuesta por la Fiscalía, pues es algo que corresponde al Supremo.
Fuentes jurídicas insisten en que, incluso adoptando el criterio de la Fiscalía, estos nueve presos saldrían igualmente en libertad. Por eso recuerdan que el fiscal no se opuso a que la sentencia de Estrasburgo sobre Inés del Río se aplicara sobre estos etarras, pues sus circunstancias eran similares a las de la miembro del «comando Madrid». Sobre trámites y otras posibilidades, será el Supremo el que marque el criterio definitivo en su Pleno de la próxima semana.
Además de Domingo Troitiño, condenado a 1.118 años de prisión, también queda libre Isidro María Garalde, alias «Mamarru», uno de los jefes militares de ETA, que adiestró a Henri Parot, entre otros muchos terroristas. Los otro siete pistoleros que consiguen la libertad son Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain, Jon Koldo Aguinagalde, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares, Juan Francisco Gómez López y Luis María Azcargorta. Los dos únicos que se quedan en la cárcel son Juan Andrés Urquizu, que tiene pendiente un recurso en el Constitucional, y Raúl Ibáñez Díaz.
Fuentes de la Audiencia Nacional se muestran convencidas que lo que subyace en la división entre los magistrados de la Sala Penal no es tanto la posibilidad de que se les pueda aplique la doctrina Parot, lo que se descarta, como el hecho de pasar la pelota de las excarcelaciones al Tribunal Supremo y liberar a la Audiencia Nacional «de lo que, sin duda, no ha sido una decisión agradable para ninguno de los nueve magistrados» que han votado a favor de las excarcelaciones. En este sentido, los otros ocho habrían preferido esperar unos días más para que fuera el Tribunal Supremo el que, tras analizar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), les hubiera obligado a tomar esta decisión.
Lo cierto es que incluso antes de que Estrasburgo condenara a España en el caso de Inés del Río, en los distintos tribunales había cierta inquietud por quién debía ser el primero en aplicar la sentencia europea a los casos de los etarras con recursos pendientes, si Estrasburgo, como ha sucedido, daba la razón a la etarra.
PP: «Repugnancia»
Desde el PSOE, su secretario de Organización, Óscar López, evito ayer pronunciarse sobre las excarcelaciones argumentando que el partido ya ha opinado «varias veces» sobre la doctrina Parot y que tenía que inaugurar un acto de la conferencia política que su partido celebra este fin de semana. La portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, y la secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, que estaban en el mismo recinto, guardaron silencio.
Por el contrario, en el PP subrayaron su «indignación y repugnancia», que expresó el vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano. La secretaria General, Dolores de Cospedal, aseguró que la política antiterrorista no ha cambiado. En Interior el malestar era evidente.
ABC 09/11/13