EL CORREO 28/06/13
· La Cámara baja renueva su compromiso con los damnificados por el terrorismo en un acto que volvió a evidenciar las fisuras entre los afectados y la clase política.
«España nunca olvidará a sus víctimas». El Congreso de los Diputados renovó ayer su compromiso con los damnificados por el terrorismo. El hemiciclo de la Cámara baja acogió el homenaje anual en memoria de los afectados, en el que las fisuras entre algunas asociaciones –al menos una decena– y la clase política, en especial con el Gobierno central, volvieron a quedar patentes.
El acto, cuya celebración se fijó el 27 de junio por ser el día en el que fue asesinada la niña Begoña Urroz –considerada la primera víctima del terrorismo–, transcurrió según el guión previsto. El discurso institucional corrió a cargo del presidente del Congreso, Jesús Posada, quien destacó el «firme y valioso testimonio de confianza inquebrantable en la democracia» de los damnificados y abogó por mantener siempre «vivo en la memoria el alto precio que han pagado injustamente». «Saben lo que es el dolor y son las más legitimadas para pedir concordia», expresó. Posada rechazó que el nuevo escenario abierto tras el cese de ETA lleve a relegar a las víctimas al olvido. Todo lo contrario. Recordó que la sociedad tiene una «deuda moral» con los afectados, al tiempo que reafirmó «una vez más el deseo de seguir combatiendo el terrorismo y cualquier enaltecimiento del mismo con todos los instrumentos del Estado de Derecho». La efeméride incluyó un minuto de silencio, seguido de una salva de aplausos a cargo de los diferentes cargos institucionales –además de diputados y senadores de todos los grupos, menos de Amaiur– e invitados que acudieron al acto.
La consejera, con el ministro
El homenaje contó con la presencia, entre otros, de la portavoz del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría; los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, respectivamente; el presidente del Senado, Pío García Escudero; los presidentes del Tribunal Supremo y el Constitucional, Gonzalo Moliner y Francisco Pérez de los Cobos –este último se estrenó públicamente tras su reciente nombramiento–; la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles y la defensora del Pueblo, Soledad Becerril.
La delegación del Gobierno vasco la encabezó la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, que acudió a la cita junto al secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, y la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Mónica Hernando. El objetivo era buscar un acercamiento entre el Ejecutivo de Vitoria y el Ministerio del Interior, cuyas relaciones no son especialmente fluidas. Beltrán de Heredia aprovechó el viaje a Madrid para conversar brevemente con Fernández Díaz, si bien, según aseguraron desde Lakua, no se cerró la reunión pendiente entre la secretaría de Paz y Convivencia y el Ministerio. También acudieron al homenaje mandos de la Ertzaintza.
Fue entre las víctimas donde volvió a escenificarse de nuevo la imagen de desunión. Acudieron al Congreso la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, la de la Asociación 11-M, Pilar Manjón, y la de la AVT, Ángeles Pedraza. Esta última agrupación rectificó a última hora, tras anunciar que no acudiría a la Cámara baja en protesta por la negativa del Congreso a dejar que tomaran la palabra las víctimas. Posada se comprometió con Pedraza a modificar el formato del acto el próximo año para que las víctimas no sean meros invitados, lo que convenció a la AVT.
No fue el caso de otra decena de colectivos: Covite –mayoritario en Euskadi–, la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Voces contra el Terrorismo, Zaitu, la Asociación de Ertzainas y Familiares de Víctimas y otras cinco agrupaciones autonómicas. Todas ellas suscribieron un manifiesto que, tras registrarlo en el Congreso, leyó a las puertas de la institución la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. En el texto reclaman la aplicación de la ley de partidos, piden que se esclarezcan los más de 300 crímenes de ETA pendientes de resolver, critican la política penitenciaria del Gobierno de Rajoy y acusan a los poderes públicos de «desoír sistemáticamente» la voz de las víctimas.
EL CORREO 28/06/13