La situación económica actual tiene tantas aristas y hay tantos cristales a disposición del observador que su color depende de cual se elija para mirarlo. Obviamente, el ambiente electoral polariza las opiniones y allí donde el Gobierno ve horizontes despejados, la oposición observa tormentas al acecho. En medio, tenemos a organismos independientes como la AIReF y el Banco de España que acostumbran e emitir sus informes en libertad, lo que no es obstáculo que reciban palos de uno u otro lado, según su contenido. Pero, incluso aquí, en estos momentos emiten mensajes duales. Así, junto con una mejor previsión del crecimiento, lanzan serias advertencias sobre la sostenibilidad futura del sistema d pensiones o los inconvenientes que puedan acarrear los cambios introducidos en la política de vivienda. Dos temas sobre los que gira, con adelanto, una buena parte de campaña actual.

Lo mejor de todo es que ven un crecimiento mejor, es decir mayor, de de lo esperado. Algo que resulta fundamental, pues es su ausencia no hay futuro y contando con él todo se puede arreglar. Pasa lo mismo con las empresas. Si hay ventas, siempre se podrán arreglar después los costes y mejorar las rentabilidades, pero sin mercado no hay esperanza. O, a nivel general, con la demografía que si es positiva habrá futuro, pero si no crecemos, lo pasaremos mal con cosas tan importantes como el gasto social o las pensiones, que están ligadas de manera intensa al envejecimiento de la población.

Esa es la cara. La cruz es que la AIReF, ese organismo independiente que con tanta maestría dirigió el ministro Escrivá, antes de que la conveniencia le nublara la inteligencia, cuestiona en profundidad el plan de consolidación fiscal enviado a Bruselas. Un varapalo que se suma al proporcionado el martes por el Banco de España cuando puso en cuestión, un vez más, la solvencia del sistema de pensiones y añadió sus críticas a los nuevos planes de vivienda, que pueden empeorar un situación de escasez y precios elevados, que ya era mala, y que Pedro Sánchez pretende enderezar a última hora, cuando expira la legislatura.

Según la AIReF, las medidas enviadas no son un plan de ajuste fiscal coherente; no se detallan las propuestas y, en cualquier caso, no serán suficientes para cumplir con las exigencias europeas. Terrible. Calcula que los ingresos están inflados en 10.000 millones y que partimos de un déficit público que, en 2023, será 15.000 millones superior al previsto. Conclusión: habrá que hacer un ajuste superior a los 4.000 millones al año, a sumar a los 20.000 anunciados. Y no olvide que, desde el envío de sus ideas, el Gobierno no ha parado de regar la precampaña electoral con nuevos e inabarcables gastos que van a empeorar las cosas. Para que se haga una idea y pueda comparar cifras, el presupuesto del Ministerio de Industria para 2023 es de poco menos de 5.000 millones y el de Interior, de poco más de 10.000 millones.

De todas formas, no hay que preocuparse. Si los gobiernos acostumbran a ser descuidados con sus planes de gasto habituales, ni le cuento el descaro con el que los realizan en momentos próximos a las citas con las urnas. Este plan nace muerto. Si gobierna el PP tras las elecciones, porque tendrá otros planes –los tendrá seguro, otra cosa es que vaya a cumplirlos–, y si gobierna Pedro Sánchez ya tendrá tiempo de encandilarle de nuevo a la presidenta de la Comisión. Por eso, lo más razonable que he oído en los últimos meses es la preocupación mostrada por el jefe de liberales en el Gobierno alemán, quien, en su reciente visita a Madrid, se quejó del sistema elegido para fijar los planes de consolidación ‘a la carta’, negociados por cada país y mostró su lógica preferencia por establecer hitos generales de obligado cumplimiento para todos. No hay duda de que, este hombre, conoce bien a la administración comunitaria…