EL PAÍS 10/03/13
En noviembre, el Colectivo de Refugiados de ETA anunció su intención de acabar con su exilio
El 3 de noviembre de 2012, el llamado Colectivo de Refugiados de ETA anunció, a través de un comunicado, su intención de acabar con su exilio. La importancia del anuncio estribaba, sobre todo, en que confirmaba el final definitivo de la banda. El colectivo de huidos se sumaba, un año después, al comunicado de la dirección de ETA, del 20 de octubre de 2011, asumiendo el final. También llamaba la atención que, por vez primera, el colectivo y, con él, la banda terrorista, levantaban las trabas históricas para que los huidos que quisieran pudieran regresar al País Vasco con normalidad.
Cuatro meses después, la primera avanzadilla, de 30 huidos, ha materializado el comunicado del colectivo y se ha registrado en el Consulado de España en Bayona, junto a la frontera española.
Ninguno de los 30 registrados en el Consulado de Bayona tiene causas pendientes con la justicia española. Ninguno participó en atentados ni en decisiones de ETA. Su vinculación con la banda era la de meros colaboradores temporales que se vieron obligados a pasar a la clandestinidad o a huir al extranjero.
Algunos proceden de Europa. Pero muchos de ellos vienen de más lejos, de Latinoamérica, donde han residido, sobre todo, los que no mantenían actividades relacionadas con ETA y buscaban normalizar su vida en una especie de reserva.
El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha manifestado reiteradamente que los huidos que no tengan causas pendientes con la justicia española pueden regresar a España con toda normalidad, sin las exigencias que la ley impone a los presos de ETA para su reinserción.
Fernández se limitaba a reavivar la propuesta que, durante la tregua de 1998-99, ofreció el Gobierno de José María Aznar a los huidos que no tuvieran cuentas pendientes con la justicia. Se llegó a habilitar un teléfono para ponerse en contacto con el Ministerio, pero la experiencia no cuajó.
El problema para los huidos reside hoy en que la ausencia de una orden de detención o la prescripción de un delito no garantiza la inmunidad. Algunas asociaciones de víctimas han reactivado casos archivados y han logrado la imputación de delitos prescritos a miembros de ETA. De ahí que lo que suceda con esta avanzadilla de 30 marcará la pauta para los centenares que están en la misma situación.