IGNACIO CAMACHO, ABC – 24/07/14
· La balanza fiscal de los ciudadanos constata que 3,5 millones de contribuyentes soportan el 56% del IRPF.
Para que nos creamos las balanzas fiscales de las autonomías –que no son balanzas sino balances, un respeto al idioma– tendrían que publicarse primero las de los ciudadanos. Los impuestos los pagamos las personas, no los territorios, y es a nosotros a quienes el Estado debe explicaciones. Sería antipático constatar que una franja de contribuyentes de clase media y media-alta sostiene el grueso de la recaudación y de los gastos de unas administraciones hipertrofiadas.
Y ello con desigual distribución territorial, pues en algunas regiones se pagan hasta cuatro puntos más de presión tributaria. Pero esa es la realidad de la estructura impositiva nacional, no la de una cuenta aleatoria basada en la financiación autonómica. Tres millones y medio de españoles soportan el 56 por ciento del IRPF. Una balanza algo desequilibrada.
Así que la cuestión que importa no es la de cuánto recauda y cuánto invierte el Estado en Cataluña o en Extremadura. Es de la de cuánto gasto clientelar e inútil descarga sobre el esfuerzo de los trabajadores de rentas relativamente desahogadas, vivan donde vivan. El funcionario, el profesor, el médico, el abogado, el pequeño empresario, el cuadro profesional medio, el agente de seguros o el ingeniero técnico tienen derecho a saber qué parte de la factura pública están sufragando. Aunque descubran que además de sostener su cuota justa de las infraestructuras y de los servicios básicos están abonando la prejubilación del intruso en un ERE, la gasolina de un coche oficial, la línea de internet de un congresista o el sueldo completo de un enchufado.
Un querido colega andaluz, Javier Caraballo, suele decir que en el período de la declaración de la renta se hace la idea de que está apadrinando a un inútil o a un corrupto incrustado en el sistema, cuyo coste tendrá que asumir con el 30 o el 40 por ciento de su salario. Se trata de un ejercicio más gráfico que el de comparar unas autonomías con otras, y bastante menos abstracto.
En España se ha territorializado la política en una especie de federalismo mental que acabamos dando por sentado. Pero el sistema fiscal se basa en sujetos individuales y societarios, no en divisiones administrativas de convencionalidad variable. La base de la nación igualitaria la constituye la redistribución de la riqueza entre los ciudadanos; se puede hacer por regiones y hasta por provincias, pero ese sería otro modelo, otro Estado. El que tenemos, aunque no les guste a los nacionalistas, utiliza el dinero de unos para atender las necesidades de otros; ese ejercicio se llama solidaridad y lo que hay que discutir es si está bien organizado.
Como este debate desagrada a los políticos, porque nunca les parece suficiente lo que se recauda, lo trasladan a sujetos colectivos falsos. Y al final la dichosa balanza siempre pesa a los mismos aunque cada vez estén más delgados.