La falta de esa definición cayó mal en los medios políticos españoles, donde muchos se reían de la fórmula de «verificación de un alto el fuego». ¿Qué se verifica, simplemente que no estallen las bombas?, es la retórica pregunta que cabe hacerse.
La gélida recepción de las autoridades españolas al anuncio de un alto el fuego «permanente, de carácter general e internacionalmente verificable» por parte de ETA es la que corresponde dar a un grupo terrorista virtualmente derrotado por la acción del Estado, cuya desarticulación definitiva ya no requiere nede una negociación.
Esto último, una negociación, es exactamente a lo que apunta Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad) al hablar en su comunicado de ayer de un «proceso de solución definitivo» para el «núcleo del conflicto», esto es «la territorialidad y el derecho de autodeterminación» del pueblo vasco.
No parece ser ése el camino que están dispuestos a seguir el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (demasiado debilitado a esta altura como para encarar semejante reto en soledad) ni la oposición conservadora que probablemente lo sucederá en el poder a más tardar en marzo de 2012. Y, habría que agregar, una porción abrumadora de la sociedad española, harta de un grupo terrorista que la ha tomado como rehén durante demasiado tiempo.
Lo que las fuerzas políticas españolas (y españolistas, esto es refractarias a los reclamos soberanistas que son más fuertes en el País Vasco pero de ningún modo exclusivos de él) quieren escuchar de ETA es sólo una cosa: rendición incondicional.
«Es que la banda está política y militarmente muy debilitada. Eso, sumado al hastío de la sociedad, hace que lo único que se espera de ella es que muestre la bandera blanca», dijo a este periodista Javier Valenzuela, editor adjunto del diario El País, en un diálogo mantenido en radio El Mundo.
«Y, sobre todo, ETA perdió la batalla por los corazones y las cabezas, la batalla ideológica. Todos reconocen que el País Vasco goza de una amplísima autonomía, que en materia educativa, cultural, sanitaria, etcétera, vive casi como un país», agregó el analista.
Los escépticos recuerdan, con razón, que el grupo terrorista ha anunciado muchas otras veces ceses del fuego, los que luego fueron sistemáticamente violados con derramamientos de sangre cobardes. El último de los más resonantes fue el declarado el 22 de marzo de 2006, que incluso tentó a Zapatero a iniciar un conato de negociación que inicialmente tocó temas periféricos como el traslado de los etarras presos al País Vasco, cerca de sus familiares. El final del proceso es muy recordado: una bomba en el aeropuerto madrileño de Barajas que el 30 de diciembre de ese año, sin que mediara aviso ni ruptura formal de los contactos, segó la vida de dos jóvenes ecuatorianos. Y dejó a Zapatero sumido en un bochorno político.
Con todo, la lectura del comunicado difundido ayer por ETA entrega algunos matices que pueden determinar el destino final de esta nueva tregua.
Uno es su carácter «permanente». No es la primera vez, claro, que se alude a un cese indefinido de la violencia (ya había ocurrido, por ejemplo, en 2006), pero hay un contraste con muchas de las otras treguas precedentes, que eran «limitadas», «por dos meses», «por una semana», prorrogadas.
Segundo, la alusión a la «verificación internacional», lo que parece querer replicar el modelo de Irlanda del Norte, que puso fin a la violencia del IRA. Una de las claves de ese proceso de paz fue, justamente, la verificación de que los terroristas católicos dejaban inmovilizados sus arsenales mientras se desarrollaban las negociaciones.
Sugerencia
ETA no llegó al extremo de ofrecer lo mismo, pero lo sugirió. La falta de esa definición cayó mal en los medios políticos españoles, donde muchos se reían de la fórmula de «verificación de un alto el fuego». ¿Qué se verifica, simplemente que no estallen las bombas?, es la retórica pregunta que cabe hacerse.
Según Valenzuela, «es como si ETA hubiese dicho que éste es el penúltimo paso que va a dar». Falta algo más.
Pero la banda terrorista no es inocente en este punto. La definición es una invitación para que grupos civiles de todo el mundo, personalidades notables y, eventualmente, gobiernos presionen a España en pos de la apertura de una negociación. Pretende compensar por esa vía política la fuerza que ya no le dan las armas.
Lucha armada
ETA llega a este punto debido a la conminación de su aparato político y de sus presos más antiguos y emblemáticos, que ven cómo los permanentes golpes policiales y los continuos descabezamientos (seis en apenas tres años, además de cerca de 400 detenciones) lanzan a la lucha armada a camadas de militantes y dirigentes cada vez más inexpertos, violentos, incontrolables y peor preparados en lo ideológico y lo político. Una vía segura a la derrota definitiva de la causa. Una derrota que, con o sin tregua, con o sin negociación, ya parece sólo cuestión de tiempo. ¿Qué atentado de ETA merece ser recordado en el último tiempo? Ninguno, porque no lo hubo en casi un año y medio.
La cooperación franco-española es, en ese sentido, ejemplar. Dejados en el pasado los recelos mutuos, hendijas que los militantes violentos del País Vasco español aprovechaban para tener un refugio seguro al otro lado de la frontera, la complementación en materia policial y de inteligencia es hoy fluida e intensa. Y se da en el marco de la ley.
En otro tiempo, con Felipe González en el poder, a fines de los años 80 y principios de los 90, España se tentó con la doctrina de la «guerra sucia», llevada a cabo por los paraestatales Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
«Fue una experiencia desastrosa, que terminó legitimando y dando pretextos a los terroristas. Sólo sirvió para darle a ETA una década más de vida», dijo Valenzuela.
Pero ese intento ilegal, que se basaba en una política de asesinatos selectivos, no sólo fue contraproducente sino que se probó tangencial con respecto a la lucha valiente que siguieron dando funcionarios políticos, judiciales y policiales.
Además de la demencial actuación de los GAL, que registró incluso errores en la elección de sus víctimas, afectando también a personas que nada tenían que ver con el grupo separatista, hubo en los últimos años otro punto para la polémica: la asfixia a la que el Poder Judicial español sometió al ala política y hasta periodística del independentismo vasco. Eso no sólo bloqueaba cualquier posibilidad de diálogo con los elementos moderados del movimiento, sino que rozaba peligrosamente el plano de las libertades política y de expresión.
Persecución
«Hubo un fuerte debate en España, y muchos demócratas creían que se estaba persiguiendo a personas simplemente por tener ideas independentistas. Pero se persiguió a Batasuna, no por separatista, sino por ser el aparato legal y político de ETA, por estar vinculado a su estructura. Eso fue finalmente reconocido como correcto por el Tribunal Europeo de Estrasburgo», explicó el periodista Valenzuela.
Así las cosas, una lucha que fue (no de modo excluyente, pero sí en lo central) democrática y legal sienta un precedente valioso, que se suma al de la Italia que venció a las Brigadas Rojas y a otros casos, sobre cómo es posible vencer al terrorismo en democracia y con vigencia de los derechos humanos, sin hablar de supuestas guerras en las que, dicho sea de paso, no se reconoce ninguna de las reglas de las mismas en el trato a los prisioneros. Un precedente, además, de cómo es posible hacerlo sin espiar a justos y pecadores por igual, sin avales judiciales, aprovechando la conmoción de una sociedad para avanzar sobre las libertades individuales, al modo de George W. Bush. Bueno, en realidad, Bush fue un inmejorable exponente tanto de lo primero (los secuestros, las torturas) como de lo segundo.
Ámbito Financiero (México), 11/1/2011