La beca black

SUPONGAMOS que un asesor de Rajoy llevase ocho meses disfrutando de una beca discrecional en una universidad de Madrid. Mil ochocientos euros al mes por un encargo cuyas obligaciones presenciales no cumplía, entregado en cuerpo y alma a la causa de la política. Una beca dotada por el Gobierno de la Comunidad y concedida a dedo por un profesor militante del PP en un concurso con un solo candidato. Una beca-black fruto de un manifiesto chanchullo de amiguismo e influencias.

El escándalo habría ocupado portadas y horas de debate televisado. Trendingtopic en las redes sociales. El uso del poder como máquina de colocar adeptos y colaboradores. Interpelaciones parlamentarias del PSOE y de IU instando explicaciones y exigiendo ceses. Los líderes de Podemos habrían exprimido a fondo el asunto en las tertulias de su preferencia. Decenas de columnas y editoriales de prensa reclamarían la devolución del dinero, la dimisión del consejero y del rector y la destitución fulminante del responsable adjudicador del trabajo. El presidente y Cospedal se verían interrogados en vehementes canutazos de pasillo y hasta Pedro Sánchez podría ironizar en su cuenta de Twitter sobre la afición a los sobresueldos en el entorno del PP. Saldría a relucir el listado de ayudas similares concedidas por el Gobierno autonómico, cientos de miles de euros dedicados a sesudos estudios sobre métodos de transporte alternativo o la influencia de la bicicleta en la movilidad urbana: puro clientelismo para afines al partido-guía contratados con el dinero que falta en la investigación científica o en los recortados servicios públicos.

Pues bien: esa beca fantasma existe en la Universidad de Málaga pero su beneficiario es, mecachis, Íñigo Errejón, dirigente del núcleo duro de Podemos. Brillante estratega de cabecera de Pablo Iglesias y director de la campaña electoral europea durante el tiempo que teóricamente debía haber dedicado, a razón de 40 horas semanales, a inventariar viviendas desocupadas. El profesor que lo contrató participa en la directiva podemista y en la redacción de su programa económico. Y el importe del proyecto, más de 200.000 euros en total, lo ha aportado la Consejería de Fomento, en manos de Izquierda Unida.

El dinero no ha sido por el momento retornado. La rectora defiende la regularidad del expediente. Nadie ha presentado una denuncia por malversación ni una solicitud de investigación en el Parlamento andaluz. Las tertulias abordan la cuestión como si saltasen sobre ascuas y el interesado se muestra airado y susceptible ante las dudas sobre su honorabilidad. Los jefes de Podemos, siempre atentos a la presencia mediática, rehúyen las entrevistas y sus simpatizantes hablan de «ataque orquestado» y de «campaña de odio». No ven nada que discutir ni reprochar: se trata de un torticero infundio de la casta. Bienvenidos a la vieja, sempiterna política.