La calculada negligencia de ETA

Uno de los últimos episodios dentro de la campaña que se realiza a favor de la rehabilitación y posterior glorificación de los criminales de ETA, ha sido la declaración de Garikoitz Aspiazu Rubina, «Txeroki» cuando al ser juzgado en París «lamentó» haber causado víctimas que «no tenían nada que ver con el conflicto». Es decir, si tuvieron «algo que ver», están bien muertas. El problema es que la banda no ha explicado cuál es su criterio para explicar qué entiende por «algo que ver», a fin de incluir a unos en una lista de la pena y el dolor, y al resto al cajón de los bien muertos.

 

Si preguntáramos a los simpatizantes de la Izquierda Patriótica o incluso a muchos ciudadanos vascos, ellos nos responderían que establecer la diferencia es sencilla. Desde siempre han afirmado, orgullosamente, que ETA no ha ejercido el terrorismo indiscriminado. Así, a un lado estarían los policías, militares, políticos, chivatos, traficantes de droga y, al otro lado de la línea, aquellos que «pasaban por allí» y casualmente fueron alcanzados por una bomba o una bala perdida. Sin embargo, cuando examinamos en detalle las listas de víctimas, por un lado nos encontramos que las «bajas colaterales» han sido sorprendentemente altas y por otro que la diferenciación entre víctimas relacionadas o no con el conflicto no está tan clara como pretenden los propagandistas de la banda asesina.

 

Por ejemplo, ETA llevó a cabo una campaña de enorme brutalidad contra jubilados de las FSE y Ejército. En total asesinaron a 31 personas que ya habían dejado de pertenecer a cuerpo armado alguno y que, por lo tanto, a efectos prácticos, eran civiles con una nula relación con el «conflicto». Además hubo casos verdaderamente asombrosos. Así a Luis Azcarraga Pérez-Caballero lo asesinan con 81 años y cuando ni tan siquiera residía en el País Vasco, a donde acudió en unas vacaciones.

 

El vizcaíno Francisco Díaz de Cerio es asesinado el 31 de enero de 1991 cuando abandonó la Guardia Civil en 1980 para trabajar de revisor de contadores de la luz de Iberduero. Con el guipuzcoano Ignacio Urrutia Bilbao, 74 años, que es asesinado el 28 de junio de 1990, la relación con «el conflicto» se remontaba nada menos que a 1975, cuando dejó el Ejercito, donde como teniente se había encargado de labores de construcción y electricidad.

 

Jamás la banda explicó porqué atacó a este colectivo y la única causa racional que encontramos es que buscaban engordar artificialmente la lista de bajas entre policías y militares «enemigos». Una pista de esto nos lo ofrece Iñaki Egaña que se ha ufanado de que la banda mató más generales que todos los que cayeron durante las guerras de la independencia americanas. El hecho de que compare la muerte en el campo de batalla con el tiro en la nuca a personas indefensas que salían de misa o paseaban tranquilamente por la calle, retrata perfectamente la calidad moral del señor Egaña, el cual se «olvida» de consignar que una cuarta parte de estos asesinados ya no estaba en activo.

 

Con los civiles, el «rigor» de la selección aun es menor y la actitud de ETA aun más escandalosa, si cabe.

Muchas personas fueron asesinadas acusadas de ser «confidentes» y «chivatos». La realidad es que prácticamente todas las víctimas por estas causas lo fueron durante los “años de plomo”. El perfil de la mayoría era habitantes de pequeñas y medianas localidades, que no habían ocultado sus ideas políticas alejadas del nacionalismo y/o mantenían unas normales relaciones de vecindad con los miembros de los cuerpos de seguridad. Bajo estas premisas, mal podían ser chivatos ni confidentes dado que les era imposible introducirse en los círculos de simpatizantes de la banda. Sólo aquellos que eran militantes de HB o colaboradores de Gestoras podían ofrecer datos policialmente interesantes.

 

En realidad, estas personas fueron asesinadas dentro de un plan de limpieza ideológica y amedrentamiento, en las pequeñas y medianas localidades. La alemana Marianne Heiberg, que vivió el «conflicto» en Elgueta, entre febrero de 1975 y septiembre de 1976, denuncia con toda crudeza la dinámica, basada en falsedades y mentiras, que instauró ETA: «El paralelismo entre las acusaciones de chivatazo y las acusaciones de brujería de otras partes del mundo era realmente sorprendente. Estas víctimas, salvajemente asesinadas en base acusaciones completamente falsas y por motivos que nunca ha reconocido la banda criminal, ¿son de ‘lamentar’ o no?» (Nota 1)

 

Respecto a los muertos por «tráfico de drogas» también nos encontramos con esa falta de rigor y seriedad que es consustancial a la banda. Sin negar que algunos de los asesinados sí eran traficantes, hubo otros casos en que sin la menor prueba o tan siquiera de indicio, se les adjudicó esta condición, como Sebastián Azpiri y Francisco Zabaleta. Finalmente el grueso de las víctimas por esta causa fueron simples drogadictos que a lo sumo podían hacer menudeo para el autoconsumo, es decir, pobres enfermos muy alejados de la imagen del traficante que se hacía rico sembrando la muerte. Un ejemplo puede ser Ángel Facal, al que le dieron un tiro en la cabeza comiendo a mediodía sentado en un bordillo de la calle con un bocadillo en la mano. Sus compañeros de trabajo en nota pública explicaron que era tan pobre que constantemente les pedía dinero simplemente para poder comer.

 

Florencio Domínguez Iribarren ha consignado que casi el 40 % de los civiles muertos son eso que se ha llamado eufemísticamente «daños colaterales». Es decir, personas contra las que inicialmente, la banda criminal no pretendía atentar. La tipología es muy variada. Hay escandalosas negligencias como la de Hipercor, magníficamente denunciada por María José Grech en Inmemorian.

 

Hay familiares de miembros de las fuerzas de seguridad como las víctimas en el cuartel de Zaragoza, sobre las que no pesaba amenaza alguna, dado que hasta entonces los avisos de la banda se habían limitado a las instalaciones policiales sitas en el País Vasco y Navarra. Hay errores de identificación como el cometido por un comando que confundió a Luis Reina, pescadero, con Luis Reina, vendedor de coches. Avisos de bomba tardíos y confusos como los que costaron la vida a Ramón Iturriondo García y a Aníbal Izquierdo Emperador.

 

Por más que, una vez tras otra, en sus comunicados, ETA lamentara estas muertes, hiciera rimbombantes autocríticas y prometiera poner todos los medios para evitar que se repitieran, jamás la banda abrió una investigación interna ni mucho menos tomó medidas disciplinarias contra los incompetentes que habían cometido los más garrafales errores. Matar a personas «ajenas al conflicto» siempre ha salido gratis en ETA y no ha supuesto el menor impedimento para tanto ascender en la jerarquía como a la hora de recibir el homenaje y ensalzamiento tras la salida de prisión, tal como se pudo comprobar al ser liberados los descerebrados miembros del comando Barcelona que mató a 21 personas en Hipercor.

 

Conclusiones finales. Con motivo de los atentados terroristas del 11-M, oímos a periodistas, comentaristas e incluso a algún reputado político decir que “ETA no miente”. La banda criminal, cuando ha hablado de sus objetivos, sus movimientos y gestiones en el ámbito político, incluidos procesos negociadores, ha sido descarnadamente sincera. Muy distinta ha sido su actuación respecto a los «aspectos operativos», es decir, su trayectoria en el delito y el crimen, donde ha demostrado una capacidad ilimitada a la hora de camuflar, manipular y falsear de la manera más descarada y fragrante la realidad.

 

Florencio Domínguez ha señalado que debe quedar claro para el futuro que los miembros de ETA han sido los verdugos. Pero creo que también debe destacarse que en su acción criminal se han mostrado inconsecuentes, caprichosos, descuidados e incluso gravemente negligentes. No han buscado voluntariamente «víctimas colaterales», pero a la vez en la mayoría de sus acciones han hecho poco o nada por evitarlas. La prioridad operativa de ETA siempre ha sido la impunidad del comando y a ello se ha sacrificado todo, incluido cualquier ciudadano «ajeno al conflicto» que pasara por allí. Cuando no les ha quedado otro remedio que asumir el error, todo ha quedado en retórica vacía que no ha ido acompañada ni por medidas disciplinarias en los casos de negligencia más grave ni por modificaciones en la forma de atentar.

 

Esta situación se ha mantenido durante cuarenta años fundamentalmente porque a la postre, ha sido algo rentable para la banda. Contando con unos seguidores sumisos y serviles hasta la humillación, capaces de tragar cualquier barbaridad, mediante el goteo constante de «errores» mandaban un mensaje a la sociedad: cualquiera podía caer en la lotería siniestra en que se convirtió el terrorismo etarra. Todos, absolutamente todos, teníamos números y a todos nos podía tocar. Sólo la victoria de ETA supondría el fin del sangriento sorteo terrorista.

 

No hay más que ver los resultados de últimos procesos electorales para comprobar hasta qué punto han tenido éxito.