En una democracia de calidad, la alternancia forma parte de la normalidad institucional. Resulta razonable pensar que en algún momento se producirá un relevo en el liderazgo político del país. Sin embargo, es poco probable que esa alternancia llegue de la mano de una mayoría absoluta. La fragmentación del electorado ha venido para quedarse, las reglas electorales no parecen destinadas a cambiar y, previsiblemente, Euskadi seguirá contando con al menos cuatro fuerzas políticas con capacidad de condicionar la formación de gobiernos.

En ese contexto, la alternativa más plausible a un Gobierno presidido por el PNV sería una coalición entre EH Bildu y el PSE-EE. No es una cuestión que ocupe hoy las principales preocupaciones ciudadanas, pero conviene tenerla presente para evitar que el ruido político o la confrontación cotidiana oculten la realidad. La alternancia en Euskadi llegará algún día, probablemente, a través de una nueva coalición entre partidos nacionalistas y no nacionalistas vascos.

Buena parte de la calidad de la democracia vasca descansa precisamente en esa lógica de acuerdos entre las dos sensibilidades nacionales que estructuran el país. Más allá de los liderazgos concretos o de las coyunturas políticas, la cooperación entre diferentes ha sido uno de los pilares de la estabilidad institucional y de los elevados niveles de confianza que muestran los indicadores.

Esa misma dinámica seguirá condicionando las grandes decisiones de los próximos años. Las leyes más relevantes que se desarrollen en Euskadi nacerán, previsiblemente, de programas compartidos entre varias fuerzas políticas de las dos tradiciones nacionales más que de los planteamientos particulares de cada sensibilidad. Y esa cultura de pacto mestizo ha contribuido hasta ahora a orientar las políticas públicas hacia amplias mayorías sociales.

Hoy no existe una mayoría clara que reclame acelerar la aprobación de un nuevo Estatuto. Un 45% de la ciudadanía considera que se trata de una cuestión necesaria o muy necesaria. Sin embargo, aunque no exista una demanda mayoritaria para correr con los plazos, sí emerge un amplio consenso sobre la conveniencia de blindar servicios públicos como Osakidetza y la educación en el texto que finalmente se acuerde. El 61% apoyaría este nuevo escudo social de la identidad vasca, incluidos la mayoría de los votantes del PNV, EH Bildu y PSE-EE. Incluso entre los votantes del PP vasco, cuatro de cada diez comparten esta posición.

Tampoco se observa una mayoría social que reclame acelerar los cambios en la ley de acceso al empleo público. Sin embargo, según el último Deustobarómetro, el 58% de la ciudadanía vasca apuesta por avanzar hacia una equiparación entre el castellano y el euskera en la Administración de forma flexible y progresiva, teniendo en cuenta la realidad sociolingüística de cada territorio. Esta posición es mayoritaria entre los votantes del PNV, EH Bildu y PSE-EE, y cuenta además con el respaldo del 42% de los electores del PP vasco.