HERMANN TERTSCH, ABC 11/01/13
La sociedad española demuestra infinita paciencia. Pero ha llegado el momento de que el Estado de Derecho dé la señal.
Cuando más virulenta es una epidemia de cólera, más se acuerda la gente de la higiene. Por el mismo principio se ha evocado con frecuencia en estos pasados años —cierto que sólo en determinados círculos— la ética de la responsabilidad de Max Weber. Este distinguió entre la «ética de la convicción» y la «ética de la responsabilidad» como las dos máximas entre las que debe distinguir un político o un hombre de acción a la hora de actuar. La ética de la convicción es la que dicta obrar sin considerar las consecuencias, por creencia o compromiso superior. La ética de la responsabilidad ordena considerar antes de un acto todas las consecuencias previsibles del mismo que puedan derivarse para uno mismo pero ante todo para los demás. Estas dos no se excluyen sino se complementan y la supremacía deseable de una u otra depende de la situación.
Pero queda claro que para el gobernante la que debe prevalecer en general es la que sopesa todas las consecuencias de un acto para todos los gobernados. Como bien han comprobado todos los españoles en esta pasada década, dicha ética de la responsabilidad quedó oficialmente abolida en España con la llegada al poder de unos individuos que sólo conocían lo que llamaremos eufemísticamente la «ética de las intenciones». Ésta dictaba a sus valedores —Zapatero a la cabeza—, que cualquier acto de gobierno debía valorarse única y exclusivamente por las intenciones albergadas al concebirlo y llevarlo a cabo. La bondad de los sentimientos del gobernante a la hora de tomar una decisión se hacía así determinante y eximía de toda responsabilidad o reproche en el caso de que las consecuencias del acto resultaran en brutal contradicción con la bondad pretendida. Y así sucedió que las buenas intenciones empedraron el camino hacia el infierno. Sin el menor atisbo de lamento ni mala conciencia de unos gobernantes que se justifican aun hoy alegando bondad como principal componente de su criterio. Es una trampa saducea para justificar el haber gobernado sin escrúpulo, sin competencia ni decencia y con absoluta irresponsabilidad. Con los resultados que ya conocemos.
Y sin que nadie del Gobierno que ha causado tan brutal daño haya sufrido ninguna consecuencia por los resultados de sus actos. La perversa abolición de la ética de la responsabilidad se une así a la impunidad general reinante en una mezcla explosiva. La procacidad de los apaños extrajudiciales de Unió son un insulto para una población maltratada. Y parece mentira que personas inteligentes y con cierta sensibilidad como el fiscal General Torres Dulce alegue que son legales. Faltaría más. Pero no por ello tolerables. Pero es sólo un caso entre mil en un paisaje desolador. Y no lo ven. En estos dos últimos años, según se deterioraba la situación de gran parte de la sociedad española, ha quedado claro lo lejos que están los partidos políticos de aceptar la necesidad de un punto y aparte. Lo ciegos que están ante la necesidad en máxima urgencia de una catarsis que restaure el pacto entre el sistema representativo y los representados. Para la necesaria acción común de regeneración nacional. Para que demagogos, agitadores totalitarios y violentos no emponzoñen aun más la situación.
La sociedad española demuestra infinita paciencia. Pero ha llegado el momento de que el Estado de derecho dé la señal. Tienen que sufrir las consecuencias de sus actos. Gente tiene que ir a la cárcel. Y no poca. No es un drama. El drama vendrá si no sucede. Es imprescindible para que todos visualicemos un cambio de época. Para recuperar la ética de la responsabilidad en los gobernantes y la confianza en la justicia en los gobernados.
HERMANN TERTSCH, ABC 11/01/13