En mayo de 2017, en medio de las primarias que le permitieron recuperar la dirección del PSOE, Pedro Sánchez, hoy presidente del Gobierno, dio un golpe de efecto y compareció en la sede de UGT, en Madrid, ante unos 500 sindicalistas -los organizadores hablaron de 700-. 

Allí, en la avenida de América, a las cuatro de la tarde, se comprometió a derogar la reforma laboral, a la reactivación de la negociación colectiva, a la implantación de un salario mínimo de 1.000 euros antes de 2020 y a la semana laboral de 35 horas. Además de impulsar una ley de igualdad salarial, la liquidación de la LOMCE o de la ‘ley mordaza’. También a la supresión del artículo 315.3 del Código Penal que «criminaliza el derecho constitucional a la huelga».

El presidente, en ese mismo acto, asumió públicamente el contenido de un manifiesto, titulado ‘Sindicalistas con Pedro Sánchez’, en el que se reclamaba “una banca pública que haga frente a la exclusión financiera, económica y geográfica, que sufren millones de ciudadanos”. Los sindicalistas, en su manifiesto, entendían que el Estado “necesita herramientas para que con la legislación adecuada, un gobierno de izquierdas, de progreso, pueda llevar a la práctica la atención a estas necesidades. Por ejemplo, necesita un polo de banca pública que dé virtualidad al Instituto de Crédito Oficial (ICO)”.

El compromiso de Sánchez con el manifiesto fue firme, sin matices, y, de hecho, tres meses antes, en el Círculo de Bellas Artes, había presentado su documento estratégico para ganar las primarias socialistas. Como recogen las crónicas de aquel día, el hoy presidente del Gobierno se comprometió a crear una banca pública que fuera mucho más allá que el ICO, una entidad que no dispone de oficinas y que está obligada a canalizar los préstamos que concede el Estado a través de la banca tradicional. 

El documento estratégico con el que Sánchez ganó las primarias de su partido decía, en concreto: “Hay que garantizar el crédito en la economía española. Si no lo remediamos avanzamos hacia un sistema de fuerte concentración bancaria. Es necesario revertir esa tendencia, como garantía de una economía productiva que disponga de recursos de inversión y crédito, mediante la creación de un sector de Banca Pública y otro de Banca Cooperativa y Social”.

Banca pública

Han pasado ya cuatro años de aquellas primarias y Pedro Sánchez gobierna desde el dos de junio de 2018, es decir, hace casi tres años. Su actual opinión sobre la banca pública la ha transmitido a través de su director de gabinete

Iván Redondo envió el pasado tres de marzo a un antiguo dirigente de UGT-Banca una carta en la que recuerda “en nombre del presidente del Gobierno” que “nuestro banco público” [el ICO] ha avalado ya un millón de operaciones por valor de 88.000 millones de euros. “Por tanto”, sostiene Redondo en su misiva, “reconocemos, como expresan en su manifiesto, el valor de la banca pública para el desarrollo del país”. Ni una palabra sobre cómo fortalecer el ICO -con una plantilla total de 330 trabajadores- o cómo frenar la concentración bancaria, uno de los compromisos en campaña.

La carta de Redondo era la respuesta oficial de Moncloa -cinco meses y medio después de recibir la primera comunicación- a un documento enviado previamente, en septiembre del año pasado, por los mismos sindicalistas, a través de la asociación Trabajo y Democracia, que contribuyeron a que Sánchez pudiera ganar las primarias

La réplica de los sindicalistas a la carta del jefe de gabinete de Sánchez ha sido inmediata. “No podemos estar en mayor desacuerdo, pues se limitan a poner en valor la campaña extraordinaria de créditos del ICO, en el ejercicio 2020, con motivo de los efectos económicos de la pandemia. Confundiendo a su vez el Instituto de Crédito Oficial con un banco público”. Para avalar sus tesis contra la excesiva concentración bancaria los sindicalistas recuerdan que, según datos del Banco Central Europeo (BCE), al cierre de 2019, la concentración bancaria en España se elevaba al 67,4%, frente al 48,7% de Francia, el 47,9% de Italia o el 31,2% de Alemania, sin contar las recientes fusiones de CaixaBank/Bankia y Unicaja/Liberbank; ambas comunicadas en 2020.

Rescate de Bankia

El Gobierno, como se sabe, aprobó la fusión de Bankia, de quien controlaba un 61%, con CaixaBank, creando la mayor entidad financiera del país. Hoy controla el 16% del nuevo banco, pero sin voluntad de permanencia. El objetivo estratégico es recuperar lo que se pueda de los más de 22.000 millones de euros que costó el rescate de Bankia. La fusión, como se sabe, ha sido aprobada por Competencia, quien considera que “no supondrá una amenaza”. Y ello porque en los mercados en los que opera el nuevo banco “o bien las cuotas resultantes no son preocupantes o bien la adición de Bankia es reducida, por lo que no se produce una modificación relevante (…) y existe presión competitiva suficiente”. 

Se puede estar a favor o en contra de la banca pública. Hay sólidos argumentos en ambos sentidos, pero hay pocas dudas de que el ICO es únicamente el brazo financiero del gobierno de turno, un mero avalista, y por lo tanto, no tiene nada que ver con una banca pública como la que existe en otros países de la Unión Europea. Conviene recordar que la Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB, por sus siglas en inglés) supone el 15% del sector financiero europeo, lo que indica que apostar por una entidad de esas características tampoco supondría una extravagancia económica.

Como tampoco hay dudas de que el grado de concentración bancaria -lo que sigue sin llamar la atención de la CNMC- es uno de los más elevados del mundo. En el sector, incluso, se ironiza sobre cuándo habrá ya un solo banco en España y quién lo dirigirá. Entre otras razones, porque los problemas de fondo del sistema financiero -tipos de interés ultrarreducidos que escamotean el margen de intermediación, la irrupción de las ‘fintech’, una regulación cada vez más exigente y un modelo de banca minorista en desuso- han venido para quedarse durante mucho tiempo, lo que hace a la banca extremadamente vulnerable.

¿Un problema de liquidez?

La respuesta de Redondo plantea una primera duda de carácter político y hasta ético: ¿Para qué sirven los compromisos adquiridos en campaña? En este caso, del presidente del Gobierno con los sindicalistas. Más allá de esa consideración, lo que revela es la ausencia de un modelo de banca por parte del Gobierno en unos momentos en los que miles y miles de empresas están con el agua al cuello. Empresas que no tienen solo un problema de liquidez, lo que podría solucionarse con los fondos del ICO, sino de solvencia, lo que exige un tratamiento continuado en el tiempo que hoy la banca privada (por sus propios problemas) no está en condiciones de garantizar. 

Es por eso por lo que sorprende que alguien tan prudente como la vicepresidenta Calviño haya entrado en el debate -tras los despidos en la nueva CaixaBank y BBVA- relacionando los despidos con los sueldos de los banqueros, sin duda desorbitados e injustificables. 

Sorprende que ahora el Gobierno se dé por aludido cuando conocía de primera mano que los despidos iban a llegar 

Como ha escrito Jorge Zuloaga en este periódico, el expresidente del Fondo de Reestructuración (FROB) —representante del Estado en Bankia y, ahora, CaixaBank—, Jaime Ponce, ya reconoció en el Congreso que esta fusión «es una operación de sinergias, es una operación de reestructuración, es una operación de ajuste«. Es decir, sorprende que ahora el Gobierno se dé por aludido cuando conocía de primera mano que los despidos iban a llegar. El hecho de que vayan a ser más de 8.000 despidos y no 6.000 es, por supuesto, lo más relevante para los afectados, pero en nada cambia lo sustancial del mapa bancario. 

Es evidente que la cercanía de las elecciones en Madrid explican en parte la ofensiva de Calviño contra los bonus y los salarios de los banqueros, pero no estará de más recordar que el problema de fondo -aunque el Banco de España obligue a rebajar sueldos- sigue siendo el mismo. 

El Gobierno carece de una estrategia de financiación de los agentes económicos a largo plazo que vaya mucho más allá que utilizar el ICO en situaciones de emergencia. En particular respecto de sectores innovadores o de emprendimiento que necesariamente incorporan mayor riesgo, y que hoy la banca tradicional, metida en su particular laberinto de crisis, no es capaz de satisfacer porque está obligada a atender a la lógica de sus accionistas. Precisamente, el compromiso del candidato Sánchez que el Ejecutivo -por boca del jefe de gabinete del presidente Sánchez- ha olvidado.