Hemos visto renunciar a un presidente del CGPJ, jubilarse a otro y -si cumple su promesa- este verano asistiremos a la renuncia de un tercero. Hemos visto intentos frustrados de renovación. Hemos visto jubilarse a centenares de magistrados. Hemos visto cómo ‘inhabilitaban’ al CGPJ para seguir ejerciendo sus funciones. Hemos visto cómo lo ‘rehabilitaban’ para nombrar exclusivamente a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Hemos visto mediar a Europa en el proceso de renovación. Hemos visto engordar el número de nombramientos de magistrados del Supremo y presidentes de audiencias y tribunales superiores pendientes. Lo que no sabemos si alcanzaremos a ver, al menos a corto plazo, es una solución a este proceso de renovación.

¿Y cómo lo resolvemos? Asumiendo que el actual proceso de renovación está agotado y que tenemos que empezar de nuevo al haber caducado.

Continuar con el actual proceso no es razonable por diversos motivos. En más de cinco años han cambiado muchas cosas, también los propios candidatos. Algunos de ellos han renunciado, pero también hay otros que se han jubilado; otros han variado de aspiraciones o, incluso, de puesto de trabajo. Un hecho se impone de manera decisiva. Desde que se inició el proceso de renovación, han sido 638 jueces de cinco promociones distintas y 44 magistrados del cuarto turno los que han ingresado en la carrera judicial. Lo sensato es que todos esos jueces puedan participar en un nuevo proceso de renovación. Los candidatos actuales no se verían afectados por los efectos de la caducidad, ya que sus méritos se habrán incrementado por el transcurso del tiempo.

No se puede obviar tampoco la propia inoperancia negociadora de nuestros parlamentarios para llegar a un acuerdo. La partidocracia elevada al grado de intervencionismo con efecto de bloqueo de un órgano constitucional del Estado. Mayor dislate no es asumible.

Y dejamos para el final lo que ha sido poco debatido hasta ahora, las razones normativas que nos llevan a concluir que este proceso, además de viciado, está legalmente caducado. El procedimiento se ha seguido en cuatro legislaturas distintas y si observamos lo que dice el artículo 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados (en idénticos términos, la Disposición adicional primera del Reglamento del Senado) se entenderá perfectamente por qué el proceso actual no debe continuar: «Disuelto el Congreso de los Diputados o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente». Desde luego que entre las competencias de la Diputación Permanente (artículo 78.2 de la Constitución) no está la de renovar el CGPJ, por lo que habría que preguntarse cuántas veces deben disolverse las Cortes para que se entienda caducado este proceso de renovación.

Nos gustaría recordar el contenido del artículo 578.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: «En la designación de los vocales del turno judicial, las cámaras tomarán en consideración el número existente en la carrera judicial, en el momento de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de jueces y magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las distintas asociaciones judiciales». Un proceso que deja completamente al margen a 682 jueces y magistrados nunca podrá ser representativo de la carrera cuando representan a más de un 10% del total.

Asumamos el fracaso de estos andamios y volvamos de nuevo a empezar. Con nuevas herramientas y sin atajos. Es cierto que el proceso está caducado, pero también lo es que el sistema está agotado. Busquemos alternativas. Y ese es un trabajo en el que los jueces en general y las asociaciones judiciales en particular tenemos mucho que decir proponiendo alternativas. Si no cambiamos las reglas de juego, inevitablemente volveremos a los mismos vicios de siempre. ¿Hace falta enumerarlos?