ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC 18/02/13
· Tan extendida estaba esta práctica gansteril, que muchos diputados apagaban sus teléfonos móviles al entrar al Parlamento.
Resulta que en el basurero de la vida pública española, trufada de casos de corrupción que implican a todos los estamentos, desde la más alta institución del Estado hasta el más modesto ayuntamiento, pasando por autonomías, partidos políticos, patronal y sindicatos, Cataluña no era un mirlo blanco. Lejos de poder erigirse en «oasis», como proclamaban quienes invocan constantemente una presunta «diferencia» cualitativa de dicha región con respecto al resto de la Nación, la comunidad que gobierna Artur Mas aparece como una de las manzanas más putrefactas del cesto. ¡Que ya es decir! O mejor, una cebolla en trance de descomposición, cuyo hedor aumenta hasta lo insoportable a medida que se van quitando capas.
Resulta que Pascual Maragall se quedó corto cuando acusó a los dirigentes de CiU de «tener un problema llamado tres por ciento», porque, según hemos ido sabiendo con el transcurso del tiempo, las comisiones ilegales de uso común en dicha comunidad alcanzaban porcentajes de cuatro y hasta cinco puntos, habida cuenta de que era menester repartir la extorsión arrancada a los contratistas entre el partido hegemónico, el «partido» por excelencia, el portador de las esencias patrias, Convergencia Democrática de Cataluña, su socio menor, Unió, y por supuesto los encargados de recaudar, que exigían su correspondiente parte. Ahí está el caso Palau, a modo de paradigma, con el corolario del embargo de la sede barcelonesa de CDC a guisa de símbolo de insuperable elocuencia. Ahí están las gravísimas acusaciones que pesan sobre Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del que fuera molthonorablepresident y número dos de la citada formación, implicado en incontables negocios turbios que habrían generado beneficios opacos al fisco, llevados a Andorra en bolsas de billetes de 500 y 200 euros, según la denuncia que su expareja ha presentado ante el juez. Y ahí están, por si le faltara algún detalle escabroso y al mismo tiempo grotesco a toda esta trama vomitiva, los espías de la agencia Método 3.
Resulta que alguien, presuntamente José Zaragoza, secretario de organización del PSC, ordenó investigar a esta mujer en el marco de una operación más amplia destinada a buscar posibles conexiones directas entre Pujol jr. y el mencionado caso Palau. Seguramente el encargo se pagó con dinero procedente de nuestros bolsillos, habida cuenta de que somos los contribuyentes quienes financiamos el grueso de la actividad de los partidos políticos, incluso cuando es tan inconfesable como en el asunto de referencia, que dista mucho de ser una excepción.
Resulta que en Cataluña todo el mundo espiaba a todo el mundo. Tan extendida estaba esta práctica gansteril, consistente en grabar conversaciones privadas de manera ilegal, que muchos diputados apagaban sus teléfonos móviles al entrar al parlamento, porque incluso allí eran vulnerables a la acción de los detectives contratados por el adversario en busca de munición apta para un chantaje. Y los móviles, dicen los entendidos, eran susceptibles de servir de instrumentos de escucha. Lo que significa que, al menos en el ámbito de los grandes partidos, era voxpopuli lo que se cocía, pese a lo cual nadie lo denunció, suponemos que por miedo a lo que pudiera salir de la propia «familia» (nunca mejor dicho) o por temor a perder semejante fuente de poder basado en el manejo de información tenebrosa.
No hay bandera independentista capaz de cubrir semejante escándalo ni victimismo susceptible de disimular su hedor. La próxima vez que el separatismo catalán se atreva a invocar el argumento de que «España nos roba», confiemos en que la ciudadanía tenga elementos suficientes para identificar al ladrón.
ISABEL SAN SEBASTIÁN, ABC 18/02/13