Si no nos une el amor que nos una el espanto. El salmo de Borges ilustra la mirada al charco de la política nacional, definitivamente instalada en la lógica del enfrentamiento, la banalización, el juego sucio y la falta de respeto al adversario. 

Dos nubes negras planearon el jueves sobre el Congreso, cuando los costaleros de Sánchez apoyaron sus «arriesgadas» decisiones, ahora pendientes del TC (lunes), CGPJ (martes) y Senado (jueves). No tan negra la del intento golpista del 23 de febrero de 1981 como la de la tragedia rural de Puerto Hurraco (Badajoz) el 26 de agosto de 1990, que pasó a la historia como una viñeta de la España profunda. 

El atrevimiento de la ignorancia hace que la izquierda de diseño ataque a la derecha con referencias indebidas al golpe de Tejero 

En realidad, estamos asistiendo al empeño insensato de actualizar esas dos tardías sacudidas del goyesco duelo a garrotazos. Por un lado, un bochornoso pronunciamiento decimonónico con Pavía cambiando el caballo por la pistola reglamentaria de la Guardia Civil. Por otro, un coletazo de la España negra del pintor Solana. Ahora todo queda más artificial en un cruce de pedradas verbales con idéntico significado. Las acusaciones de «golpismo» van y vienen hasta caer en los dos lados de la barricada.

El atrevimiento de la ignorancia pone en boca de la izquierda de diseño referencias indebidas al golpe de Tejero. El santoral de la fecha, por la gallardía demostrada en el asalto al Congreso, solo lleva un nombre de la izquierda, y no precisamente del PSOE. Me refiero al histórico dirigente del PCE, Santiago Carrillo, más acostumbrado que Sánchez y Bolaños a verdaderos reventadores de la democracia.

Los otros nombres glorificados del 23-F son antecesores políticos e ideológicos de que lo que hoy representan partidos como PP y Ciudadanos. A saber: Manuel Fraga, Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado e Íñigo Cavero. 

Nada tan insensato como embestir contra el espíritu de una Constitución pensada para favorecer los consensos 

No son opiniones del comentarista. Es una pura reseña. Como meramente reseñable es el artículo 42 de la Ley del Tribunal Constitucional, donde se dice que son recurribles «las decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes» si quienes están habilitados para recurrirlos entienden que violan «los derechos y libertades susceptibles de amparo». 

Por tanto, es antidemocrático cuestionar el trabajo del TC, que consiste en controlar la constitucionalidad de las normas legales, incluso la de aquellas iniciativas que aún no tienen valor de ley. Y sobran los aspavientos de un ministro agorero anticipando la ruina del sistema si el PP no retira su recurso de amparo —con petición de medidas cautelarísimas— en relación con las enmiendas que pretenden colar en una reforma del Código Penal ciertos retoques al funcionamiento del CGPJ y del propio TC. 

Es doctrina oficial del PP que el Gobierno asalta las instituciones y atenta contra la Constitución. En la réplica, Sánchez sostiene que la derecha «política, judicial y mediática» está atropellando la democracia. Y aquí cuadra el salmo de Azaña cuando «el ladrido de un can suscita en el silencio de la noche el ladrar de los demás canes de la aldea, que alborotan hasta reventar».

Lo desalentador es la renuncia de los dos bandos a entenderse en lo fundamental. Nada tan insensato como embestir contra el espíritu de una Constitución pensada para inducir los consensos, aunque los intangibles no puedan ser objeto de un recurso de amparo ni ventilarse en un conflicto de competencias. Del mismo modo que sería injusto endosar el origen de la polarización de la vida política solo a una de las partes. 

Es cierto que el PP usó el obstruccionismo en la renovación del CGPJ como una palanca desestabilizadora del Gobierno. Pero sobre ese pecado original se acumulan los pecados sobrevenidos de Sánchez, como cambiar las reglas del juego en medio del partido o reclamar de los enemigos del Estado la complicidad que no quiso encontrar en el pilar derecho del sistema.