El PSE y el PNV aspiran a conservar sus grandes alcaldías. Los jeltzales, la de Bilbao; los socialistas, San Sebastián y Vitoria. Pero, por encima de todo, el partido de Urkullu ansía mantener las tres diputaciones, convertidas desde que hace dos años perdió Ajuria Enea en el gran contrapoder al Gobierno del cambio. Lo mismo que el PSE sueña con que o bien la de Álava, o la Guipúzcoa.
La clase política ha pasado en apenas tres décadas de gozar del aprecio popular a ser percibida por la ciudadanía como uno de los principales problemas del país. El cambio es la consecuencia de múltiples factores. Entre ellos, la incongruencia y la corrupción.
Hace ya tiempo que no causa sorpresa que, por ejemplo, se exija la dimisión preventiva de un adversario acusado de corrupción al tiempo que se mira hacia otro lado cuando el imputado pertenece al mismo grupo y hasta encabeza una lista electoral (véase lo ocurrido estos días con el PP en Valencia). O que se reclame una investigación parlamentaria de un escándalo aquí en Euskadi, y se rechace hacer lo propio en Andalucía sobre hechos con abundantes similitudes, como vienen haciendo los socialistas.
La política parece haber aceptado la incongruencia si beneficia a ese nutrido aparato profesional que vive de ella gracias a un modelo de listas cerradas cada vez más contestado, y un mes sí y otro también se repiten los casos sin distinción de siglas. Esta semana, los protagonistas de uno de estos episodios de incongruencia han sido el PNV y Hamaikabat.
La formación jeltzale ha suscrito un acuerdo electoral con la escisión del sector moderado de EA en Álava que, sin embargo, ha sido imposible en Guipúzcoa. ¿Por qué en un territorio sí y en otro, no? Y, sobre todo, ¿por qué no precisamente en Guipúzcoa, donde la gran apuesta del PNV es la unidad de acción de las fuerzas soberanistas?
La incongruencia tiene explicaciones territoriales. Joseba Egibar no ha querido el pacto en Guipúzcoa -lo hizo casi imposible desde el principio con una oferta de mínimos a quien, por cierto, es todavía su socio foral- porque aspira a que la formación de Iñaki Galdos se quede el 22-M sin representación institucional. Pero, además, porque cree que para gobernar Guipúzcoa los jeltzales necesitarán sumar con más fuerzas. De inmediato, todas las miradas se dirigen hacia Aralar. Pero no hay que perder de vista a Bildu. Su resultado, el papel que decidan jugar el día después y, claro, hasta dónde y quiénes optarán por jugar con ellos.
No hay confianza
En Álava ha ocurrido lo contrario. Si ha habido pacto es porque los jeltzales tienen muy presente que hace cuatro años el que ganó en las urnas fue el PP con 39.765 votos, mientras que el PSE obtuvo 39.596 y el PNV, 39.055. EA logró 8.692 y los peneuvistas creen que buena parte de ellos respaldarán esta vez sus listas tras el pacto con H1! Un acuerdo que apenas les ha costado la Alcaldía de Salvatierra que aspira a revalidar por sexta vez el presidente de Hamaikabat en la provincia, Iñaki Beraza.
Tan mínimas han sido las exigencias de esta formación que Gerenabarrena no va a tener que buscar acomodo a ningún militante de Hamaikabat en la lista al Ayuntamiento de Vitoria. Menos aún, en contra de lo afirmado por el presidente del ABB, aceptar parte del rompedor programa que preparaba quien iba a ser el aspirante de H1! a la Alcaldía de la capital vasca, Avelino Fernández de Quincoces, que se perfila como futuro presidente del Alavés, si el Baskonia de Querejeta se hace finalmente con el club.
La segunda incongruencia vasca tiene también como protagonista al PNV. La Diputación de Vizcaya, que gobiernan los jeltzales, se ha negado definitivamente a remitir a la comisión de investigación del Parlamento información tributaria de varias empresas presuntamente vinculadas con los escándalos de corrupción destapados en Álava. «Debe tenerse en cuenta que entre la Cámara solicitante de la información (el Parlamento vasco) y la Diputación Foral de Bizkaia no media una relación de confianza. Es decir, la Diputación no se encuentra vinculada a la citada Cámara como lo pueda estar el Gobierno vasco», sostienen literalmente en un informe los servicios jurídicos vizcaínos.
En Álava la norma tampoco amparaba expresamente el trasvase de datos. Solución: todos los partidos, incluido el PNV, la cambiaron semanas atrás para hacer posible la entrega de este tipo de información sensible a las comisiones de investigación de las Juntas del territorio y a las del máximo órgano legislativo vasco: el Parlamento autónomo. Pues bien, en Vizcaya, el PNV, en lugar de actuar en congruencia con su posición en el otro territorio, se ha enrrocado en el no.
Con ello ha conseguido agrandar el cortafuegos para que la opinión pública siga visualizando el ‘escándalo De Miguel’ como un caso alavés, pese a sus importantes ramificacionse vizcaínas. Además de poner de relieve dos hechos: los inconvenientes del modelo confederal que se fijó en el Estatuto si no se actúa en clave de cooperación y lealtad interinstitucional, y el enorme poder de las diputaciones, .
Nada extraño, pues, que PNV y PSE coincidan en el gran objetivo para el 22-M. Ambos aspiran a conservar sus grandes alcaldías. Los jeltzales, la de Bilbao; los socialistas, San Sebastián y Vitoria. Pero, por encima de todo, el partido de Urkullu ansía mantener las tres diputaciones, convertidas desde que hace dos años perdió Ajuria Enea en el gran contrapoder al Gobierno del cambio. Lo mismo que el PSE sueña con que o bien la de Álava, o la Guipúzcoa -Vizcaya les parece más inaccesible-, dejen de estar en manos jeltzales.
Alberto Ayala, EL CORREO, 17/4/2011