Las estrategias de PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados no tienen nada que ver. Y probablemente el debate jurídico que rodea la pandemia del coronavirus es uno de los ejemplos más evidentes. Después de apoyar las tres primeras prórrogas del estado de alarma en la pasada primavera, el PP dejó de respaldar al Gobierno exigiendo una alternativa jurídica a la situación de excepcionalidad, insistiendo en que Pedro Sánchez no podía tener “como única solución” la alarma

Este martes, por fin, el Congreso debatió la propuesta de los populares (una reforma de la ley sanitaria de 1986 para que a través de legislación ordinaria se puedan llevar a cabo restricciones que afecten a los derechos fundamentales, como la limitación de la movilidad de las personas). La Cámara tumbó con determinación la proposición de ley (apenas obtuvo 10 votos favorables) y recabó críticas importantes de todos los partidos. Muy especialmente de Ciudadanos.

 El partido naranja, en cambio, sí apoyó todas las prórrogas del estado de alarma de marzo a junio (seis en total), y precisamente ayer, el día en que el Congreso debatía la propuesta del PP, registró su propia ley, que guarda muchas diferencias con la de los populares. Primero, porque el partido de Arrimadas defiende el estado de alarma como único instrumento jurídico para decisiones como los confinamientos domiciliarios.El diputado Edmundo Bal reprochó desde la tribuna a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que quisieran limitar derechos fundamentales a través de una ley ordinaria, recriminando precisamente que le otorgarían más poder al Gobierno de turno. “Si se hubiera aprobado, Sánchez no tendría ni que venir al Congreso. Permiten que el poder ejecutivo se meta en los derechos fundamentales”, se quejó el parlamentario naranja.

 La propuesta legislativa de Ciudadanos, de la que no informó al PP en ningún momento y que sí conocen en Moncloa, lo que dice es que las situaciones de extraordinaria gravedad (que impliquen restricciones severas) se tendrán que hacer al amparo de la alarma.
 Pero, eso sí, la proposición de los naranjas también desarrolla “un plan B” para escenarios intermedios de rebrotes en los que las autoridades podrán tomar decisiones sin depender de los TSJ de las CCAA y sin que se produzca la descoordinación vivida entre el Estado y las autonomías. En resumen, plantean reforzar la Alta Inspección de Sanidad para fortalecer las competencias sanitarias de todas las administraciones y, al mismo tiempo, dotar de “agilidad” las medidas restrictivas, que serán fiscalizadas por la Audiencia Nacional.

Un plan que poco o nada tiene que ver con el del PP. La formación de Pablo Casado acusó al partido naranja de haber “cambiado de opinión”, reprochándole que en la primera ola del virus puso encima de la mesa la necesidad de ese plan B jurídico para seguir apoyando al Gobierno a través de reformas de las leyes sanitarias vigentes. Ciudadanos se defiende, y critica que el PP utilice “una trampa gramatical” hablando de plan B cuando el concepto cambia mucho en función de quién lo presente. Los populares quieren una alternativa al estado de alarma y Ciudadanos no. Lo que piden son alternativas escalonadas que den seguridad jurídica a las decisiones, pero teniendo en cuenta que el estado de alarma seguirá siendo la vía para las medidas más duras.

El choque es evidente y no se trata de una cuestión semántica. Son dos puntos de vista que difícilmente encajarán. De hecho, mientras la portavoz del PP exigió al Gobierno “dejar a un lado la pereza legislativa” y actualizar las normas a la situación de pandemia, Ciudadanos aseguró directamente que la propuesta del PP “no es que no fuera un plan B, sino que ni valía como plan Z”.