Se cumple hoy el 43º aniversario de la Constitución y suenan tambores de guerra contra el consenso. La oposición detecta movimientos en el Gobierno de La Moncloa orientados a cambiar la Carta Magna sin la participación del PP y se mantiene en guardia. El proyecto de Ley de Memoria Histórica que cuestiona todo el proceso de reconciliación realizado durante la Transición y la reinterpretación de la Ley de Amnistía han encendido todas las luces de alarma. De aquel PSOE histórico que abogaba por «la búsqueda de consenso antes de plantear cómo reformar la Constitución» no queda más que un montón de ascuas que van perdiendo brillo. Muy de vez en cuando se distingue un rescoldo, como el exhibido por la ministra Margarita Robles, pero no con la fuerza suficiente como para propagar una encendida defensa de nuestra ley de leyes.

Ayer, el presidente del Gobierno se refirió a la Constitución como el marco imprescindible para garantizar la educación y las pensiones dignas. Pero no hizo mención al consenso ni, por descontado, a la monarquía parlamentaria como símbolo de la unidad. Si, por su parte, la ministra de Defensa reclama diálogo «como en la Transición» es porque conoce a su clásico (Sánchez) y ve que no practica lo que él reclama a la oposición. Por eso insiste en que el marco constitucional es tan necesario que no ve, siquiera, justificada su reforma salvo para cambios muy puntuales.

Una Constitución que no recoge el derecho de autodeterminación y que, por esa razón fundamental, muchos de los socios de Sánchez la quieren derogar. Su declaración conjunta exigiendo una reforma radical de la Constitución que contemple la autodeterminación deja al descubierto el ataque en toda regla a la línea de flotación de nuestro marco de convivencia protagonizado por ERC, Junts, Bildu y BNG.

Cuando gobernó Rajoy, recuperó el informe que Zapatero había pedido, en 2006, al Consejo de Estado sobre las eventualidades de una reforma constitucional. Eran tiempos en los que los gobiernos hacían caso al criterio de los organismos institucionales. Un escenario inconcebible, hoy por hoy, con los gobiernos actuales. En La Moncloa, Navarra, Euskadi y Cataluña. Porque Sánchez ha incluido «en la dirección del Estado» a fuerzas políticas que pretenden demoler la Constitución, sus cimientos están en peligro.

Así está el país. Con la mitad del Gobierno de la que renegaba Sánchez en tiempos electorales y con la oposición proscrita y fragmentada por méritos propios.

Isabel Díaz Ayuso, la líder del PP que con más liderazgo y convicción ejerce su papel de oposición en la lucha ideológica por la alternativa de gobierno, alerta que la libertad está en juego porque los totalitarios forman parte de los aliados de La Moncloa.

La adaptación de la Carta Magna a los nuevos tiempos es una asignatura pendiente, pero teniendo en cuenta que medio Gobierno (¿quizá más?) está trabajando para destruirla en vez de reformarla se antoja peligroso abrir este frente sin contar con el mayor consenso posible. Sánchez está cediendo a las presiones comunistas y secesionistas pero quizá le convenga encontrar un subterfugio para evitar que «el acta de paz de las dos Españas», según definición de Alfonso Guerra, acabe saltando por los aires.

Aplazar la reforma porque los cambios sobre modelos de Estado no son deseados por la mayoría. Si ayer nos hubiera dicho que la Constitución goza de buena salud, nos habría dado una buena noticia. Porque, sin consenso, la Constitución no se reforma; se derriba.