Hace ahora 40 años se aprobó la norma vasca más importante, solo por detrás de la Constitución y casi a la altura -si bien se quiso que por debajo- del Estatuto de Autonomía de Gernika, por la que nos convertíamos en una suerte de España en pequeño, pero a la vasca, con comunidades autónomas uniprovinciales y con su Concierto Económico propio en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. En efecto, la llamada Ley de Territorios Históricos de 25 de noviembre de 1983 reflejó así la constitución interna del país, con sus diputaciones forales y sus juntas generales.

Levantó mucho revuelo, eso sí, porque en el seno del partido dominante -apabullante diríamos- de aquella época, el PNV, se levantaron dos grandes opiniones en torno a la misma, entre quienes daban más importancia al Gobierno vasco y quienes se la daban también a las diputaciones, lo cual desembocó, como es sabido, en la escisión del PNV, con la salida de Carlos Garaikoetxea de la Lehendakaritza en 1985.

En los debates por aquella ley las posturas del resto de partidos se correspondían también con la pugna que el PNV dirimía en su seno. Quienes favorecían más la foralidad: la AP de entonces, representada por Florencio Aróstegui, seguida de la UCD con Jesús Viana. Y quienes querían favorecer más la centralidad vasca: el PSE, con Juan Manuel Eguiagaray, y Euskadiko Ezkerra, con Xabier Markiegi.

En aquel Parlamento vasco de la primera legislatura, de 1980 a 1984, hubo por primera y única vez 60 parlamentarios. El PNV tenía 25, PSE 9, UCD 6, EE 6, AP 2, el PCE de Roberto Lertxundi 1 y Herri Batasuna 11. Pero la ausencia sistemática de este último grupo, dejando el Parlamento vasco en 49 escaños, daba la mayoría absoluta al PNV. Así fue como se gestó esta ley, con una ETA actuando a discreción y su brazo político ausente de las instituciones. De hecho, la última tanda de sesiones de pleno para aprobar la LTH, iniciada el 25 de noviembre de 1983, coincidió con el asesinato por ETA, el día 26, en la misma Vitoria, sede del Parlamento vasco, de un empresario hostelero, José Antonio Julián Bayano. Su asesino, Agustín Muiños Díaz, ahora en libertad, pretendió concurrir por EH Bildu en las elecciones municipales de mayo de este año 2023 y se retiró a última hora, pero solo porque Covite denunció que en las listas de este partido iban hasta siete etarras con delitos de sangre.

En la siguiente sesión de debate en pleno de la LTH, la del 30 de noviembre, que continuaba la iniciada el 25, los parlamentarios hicieron un minuto de silencio, según consta en el acta de sesiones, por el fallecimiento el 27 de noviembre, en accidente de tráfico, del secretario primero de la Cámara, José Antonio Zaldua, del PNV, y nadie se acordó entonces de José Antonio Julián Bayano, asesinado por ETA justo el día anterior. Así lucía el listón moral por aquella época.

En las discusiones parlamentarias y en la hemeroteca de aquellos días se empezó a calificar la LTH como ‘ley Guevara’, por el parlamentario alavés del PNV Emilio Guevara, que protagonizó su elaboración, pero los oponentes a la misma, como el socialista Eguiagaray, que decía que esta ley miraba al pasado, y Xabier Markiegi, que pronosticaba, para cuando se aprobara, «una Euskadi vieja y rota», aludían en ambos casos, para justificar su opinión en contra, a un artículo de Jose María Makua, diputado general de Bizkaia, de 18 de septiembre de 1983, cuyo título lo decía todo: ‘Vigencia actual de la doctrina de Sabino de Arana y Goiri’. En él se demostraba el confederalismo histórico del PNV, que no concebía un poder político centralizado que anulara a los territorios históricos. No obstante, la LTH se aprobó con un título primero que, como se dice en el preámbulo, «expresa con nitidez el principio de que el fondo de poder en la comunidad autónoma reside en sus instituciones comunes».

Sorprende mucho que Markiegi o Eguiagaray atribuyeran entonces a un vicio nacionalista la supervivencia de las instituciones forales, ya que demostraban desconocer que su preeminencia durante todo el siglo XIX no es en absoluto producto de una ideología arcaica o retrógrada, como el carlismo o luego el nacionalismo, sino justamente de lo más avanzado del país, del liberalismo vasco, que impulsó la gobernabilidad desde las instituciones provinciales, cuando las comunes -hoy Gobierno vasco- ni existían ni se las esperaba.

Gracias al foralismo, aunque fuera nacionalista, de Makua y Guevara las instituciones forales pervivieron y eso es lo único que importa. Guevara fue expulsado luego del PNV y se presentó como independiente por el PSE-EE, el mismo partido que, por boca de Eguiagaray, en 1983, prometió derogar la LTH si alguna vez gobernaba el socialismo en Euskadi. Por suerte, en 2009 el PSE-EE o no se acordó de eso o no se atrevió a abordarlo.