Huimos de la desmesura, de la hybris que había traído tantas desgracias a nuestro país y en su lugar optamos por fórmulas de compromiso que llamamos consenso.

No fueron aquellos acuerdos un signo de debilidad o de cobardía, sino un ejercicio de phronesis, de prudencia obligada en quienes conocíamos nuestro pasado. Al fin y al cabo éramos bien conscientes de que la historia de España nos obligaba al diálogo y al acuerdo. Si no por amor, al menos por espanto, que diría Borges.

El fruto de aquella conciencia colectiva sobre las tragedias de nuestra historia fue la Constitución de 1978. En su 45º aniversario podemos comprobar hasta qué punto ha sido ésta una historia de éxito.

Durante los siglos XIX, XX y lo que va del XXI, España ha tenido siete Constituciones. Las más longevas han sido la de 1876 y la de 1978. Aquella con cuarenta y siete años de vigencia (1876-1923) y ésta con cuarenta y cinco años; hasta ahora.

Los ciento sesenta y nueve artículos de nuestra Constitución han sido un camino franco para posibilitar el relevo en la Casa Real (de la abdicación de Juan Carlos I al inicio del reinado de Felipe VI); elegir quince Legislaturas de diferente orientación; formar cuarenta y nueve Gobiernos con siete presidentes; tramitar siete mociones de censura; celebrar tres referendos constitucionales; reformar dos veces la Constitución y constituir diecisiete Comunidades Autónomas.

Con esta Constitución España ha hecho frente a un golpe de Estado; ha frenado un movimiento sedicioso; ha logrado el ingreso en la CEE y en la OTAN; y ha convocado más de doscientas elecciones entre generales, autonómicas y locales.

Con esta Constitución, en fin, se han garantizado cuarenta y cinco años de libertades, desarrollo social y económico y un poderoso, aunque siempre insuficiente, Estado de bienestar. Como la profesora Ángela Figueruelo puso de relieve hace unos días en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, toda la maquinaria constitucional ha funcionado correctamente.

Pero hemos llegado a este 45º aniversario con la sensación para unos y el temor para otros de que este sistema se esté empezando a gripar. Y de que los acuerdos básicos entre los dos grandes partidos se han debilitado y, en algún caso, evaporado.

Vemos cómo se ha revivido aquel ominoso Pacto del Tinell en Cataluña (14 de diciembre de 2003) pero ahora a escala nacional. Presentar al primer partido del país (hoy por hoy el PP) como filofascista o pretender echarle en brazos de Vox es, por ignorancia o por frivolidad, desconocer la trágica historia de nuestro país y ofender injustamente a media España.

Una democracia sólo puede mantenerse si los partidos cumplen con la ley no escrita según la cual los adversarios reconocen recíprocamente su legitimidad y asumen la alternancia. Si esto no se produce, la política vuelve al estado de naturaleza en el que, recordando a Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Y ya sabemos, por nuestra historia, cómo termina la estrategia de dividir con muros a los ciudadanos en rojos y azules.

«Los independentistas aprovechan la debilidad parlamentaria del PSOE para estresar hasta límites insoportables el vigente texto constitucional»

Pero no es menos cierto también que el PP en la pasada Legislatura mantuvo el bloqueo de órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, entre otros. Y que iniciamos esta XV Legislatura no sólo con el Consejo General del Poder Judicial todavía bloqueado por la injustificable negativa del PP a su renovación, sino también con la parte ultramontana de la derecha negando legitimidad al nuevo Gobierno.

Todos los españoles, de izquierda o de derecha, tenemos que insistir en que aquí no hay ni una dictadura, ni una tiranía ni una autocracia. Tenemos un Gobierno legítimo que se ha conformado de acuerdo con los procedimientos previstos en la Constitución.

Si es rechazable de todo punto negar la legitimidad del Gobierno, es legítimo que se discuta tanto el gabinete formado como su programa. Fue posible otro Gobierno, claro está. El resultado electoral no era fácil de gestionar pero su sentido estaba claro.

El 64,75% de los españoles (la suma de los votos obtenidos por el PSOE y el PP) votamos gobiernos centrados. Mayorías abiertas al diálogo con el resto de las fuerzas políticas y acuerdos en los grandes problemas de Estado entre los dos partidos soportes del sistema constitucional. En su lugar tenemos un Gobierno cuyo programa es divisivo y de difícil constitucionalidad.

Son divisivas la negociación en Suiza, con verificador internacional, de la celebración de un referéndum de autodeterminación (artículo 2 de la CE); la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña (arts. 2 y 138, 139.1 y 156.1 CE); la proyectada ley de amnistía (art. 62.1 y Título VI CE); la comprobación a través de Comisiones de Investigación de la práctica por el Estado del lawfare contra los independentistas (Titulo VI CE); la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y entidades internacionales (art.97 CE); la condonación del 20% de la deuda (art. 92 CE); o el reconocimiento como nación de la nacionalidad catalana y la vasca (art. 2 CE).

Y no sólo son divisivos los acuerdos firmados con Puigdemont y ERC sino que en algunos puntos se trata de un programa que no cabe en la Constitución. Los partidos firmantes deberían haberlos presentado como un proyecto de reforma constitucional, que es lo que son en realidad, de forma que nos pudiéramos pronunciar todos los ciudadanos.

Si no se recurre al Título X de la Constitución, es porque los independentistas saben que no tienen los apoyos sociales para ello. Y prefieren aprovecharse de la debilidad parlamentaria del PSOE para estresar hasta límites insoportables el vigente texto constitucional, recurriendo a atajos que difuminarán el valor de límite que tiene toda Carta Magna.

«Si el PSOE y el PP siguen optando por construir muros y cavar trincheras, el paisaje que tendremos al final de la legislatura será desolador»

Llegamos, pues, a este 45º aniversario con la ciudad dividida. Y sin el diálogo y el acuerdo entre PSOE y PP, al final de esta legislatura la Constitución puede sufrir un fallo multiorgánico de difícil recuperación. Porque la exigencia de mayorías absolutas (leyes orgánicas), de mayorías reforzadas (elección de magistrados del Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo…), la existencia de procedimientos legislativos especiales (reforma de la Constitución, aprobación de Estatutos) etcétera, son improbables de alcanzar, (si no literalmente imposibles), con una estrategia de bloques.

Si no se recupera el diálogo entre Gobierno y oposición y si el PSOE y el PP siguen optando por construir muros y cavar trincheras, el paisaje que tendremos al final de la legislatura puede ser desolador. Tendremos un Parlamento cuyas funciones se circunvalarán con el recurso permanente al decreto-ley y un Poder Legislativo (Congreso y Senado) dividido y radicalmente enfrentado.

El Gobierno camuflará sus funciones legislativas mediante proposiciones de ley redactadas fraudulentamente por los Ministerios para eludir el control de los órganos consultivos. La mayoría de las CCAA vivirán en guerra con el Legislativo y con el Gobierno. El Tribunal Constitucional terminará politizado por la fuerza de las cosas. El Poder Judicial vivirá amenazado con Comisiones de Investigación y con una eventual ley orgánica que reduzca las mayorías precisas para la elección del Consejo General del Poder Judicial.

En fin, un desorden del orden constitucional que será difícil reconstruir en el futuro y que terminará con una sociedad aún más dividida.

Hoy, en pleno desafío constitucional, se precisan más que nunca los grandes acuerdos entre el PSOE y el PP. De los iniciales partidos que estuvieron hace 45 años en el pacto constituyente aquellos son los únicos que mantienen su compromiso. Los demás han desaparecido o han mutado su sentimiento constitucional.

En cuanto a los nuevos partidos, su identificación con la Constitución es más débil y en algún caso inexistente. Es, pues, sobre el PP y sobre el PSOE sobre quienes descansa la mayor responsabilidad de la función constituyente (constituent role) entendida no sólo como la participación en 1978 en elaboración de la Constitución, sino también como permanente compromiso con el mantenimiento de sus reglas y procedimientos.

No encontraremos la solución a los problemas que tenemos actuando como si España fuera un Estado fallido. Esto es, acudiendo a Suiza con verificadores extranjeros. Olvídense de Suiza porque de allí no traerán sino nuevos enredos, más división social y la humillación de nuestra democracia.

«Moderar las pulsiones divisivas y retomar el camino del diálogo es lo que ha llevado a España a los mejores momentos de su historia moderna»

La solución está mucho más cerca: está en el Congreso de los Diputados. Traten con el respeto debido a nuestros diputados y busquen en la Carrera de San Jerónimo el secreto de nuestros problemas. Tiempo habrá después, con un diagnóstico compartido, de dialogar con quienes han pretendido cambiar unilateralmente las reglas de juego.

Y una última y leal reflexión dirigida ahora al Gobierno y a todos los partidos que conforman la llamada mayoría de progreso. Todas las prácticas y usos parlamentarios a los que se recurra en esta Legislatura, todas las construcciones imaginativas, interpretaciones ingeniosas que se aparten del espíritu y la letra de nuestra Carta Magna, serán precedentes que el día de mañana alegará y utilizará la derecha cuando gobierne.

Si ahora se hace, ¿por qué mañana no va a amnistiar la derecha sin el concurso de la izquierda a quien le convenga? ¿Por qué no va a formar mayorías la derecha comprando el voto de las minorías en perjuicio de España? ¿Por qué en el futuro la derecha no va a ceder competencias del Estado en función de los votos que necesite?

No debemos olvidar que lo que en esta legislatura haga la mayoría, lo hará mañana la actual oposición. Es el valor, pero también el peligro, de los precedentes que se están creando.

Quienes queremos celebrar el próximo año el 46º centenario de esta Constitución no debemos olvidar cómo en la tragedia griega los poderosos caían por la hybris. La borrachera de poder, la falta de sofrosine, de mesura, el olvido de la moderación. Moderar las pulsiones divisivas y retomar el camino del diálogo es lo que ha llevado a España a los mejores momentos de su historia moderna. Y es lo que toca ahora para conseguir una larga vida a la Constitución.

Reflexiona, decía en la Antígona el adivino Tiresias a Creonte cuando este todavía podía evitar su desgracia. Reflexiona porque lo malo se le antoja bueno a quien un dios va llevando a la perdición y poco tardará en dar con su ruina.

*** Virgilio Zapatero es rector emérito de la Universidad de Alcalá y exministro de Relaciones con las Cortes.