La corrupción pone en jaque la convivencia de Rivera y Cifuentes

EL MUNDO 18/05/17

· Rivera exige a la presidenta de Madrid rendir cuentas políticas en la Asamblea tras el informe de la UCO

Las investigaciones y los casos de corrupción que implican al PP han obligado a Albert Rivera a enfundarse la toga de juez político. Su balanza de la justicia dirime el difícil dictamen de qué pesa más: la estabilidad política o la lucha contra la corrupción. Un espinoso alambre por el que la formación naranja camina en su convivencia política con el PP, ahora también en Madrid.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que pide investigar a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho –el juez ha decidido no hacerlo– ha obligado a Ciudadanos a endurecer su posición poniendo en jaque el pacto de investidura en Madrid con una de las figuras populares con las que hasta ahora han tenido más sintonía.

«Si quiere que seamos socios en los Presupuestos, que negociemos leyes y que respetemos el pacto de investidura, lo mínimo que tiene que hacer es dar explicaciones», fue la advertencia ayer de Rivera a Cifuentes, que gobierna en Madrid gracias al apoyo de los diputados de Ciudadanos. Precisamente hoy, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, Cs preguntará a Cifuentes si tiene pensado suprimir los aforamientos.

Las investigaciones que protagoniza el PP suponen un iceberg en la travesía política de Cs, que se juega su crédito político en el izado de la bandera de la regeneración. Esa convivencia política tensiona a Cs, como queda patente en Madrid. En esta comunidad es donde hay un mayor grado de implementación de reformas pactadas con el partido de Rivera, pero éste se ve forzado a avisar a Cifuentes de que o depura las responsabilidades políticas de sus actos y los de sus diputados o habrá que revisar el acuerdo de gobernabilidad.

«Cuando a uno le acusan de prevaricación en un informe policial lo lógico es someterse a las preguntas de la oposición», reflexionó Rivera en un almuerzo en el Club Siglo XII. Su formación en la Asamblea de Madrid pide que Cifuentes comparezca en sesión extraordinaria en la comisión contra la corrupción. «Es el lugar idóneo. Si alguien tiene autoridad moral para pedirle que venga somos nosotros». Madrid es uno de los bastiones electorales de Ciudadanos y donde puede exhibir con más firmeza logros políticos. De ahí la importancia de su exigencia al PP, con quien compite por los votos.

En ese obligado papel de apostar por la depuración y regeneración política, a Ciudadanos no le basta con las explicaciones que en las últimas 48 horas ha ofrecido Cifuentes, donde ha defendido su inocencia y ha llegado a apuntar al «fuego amigo» –maniobras desde su propio partido– como autor de la filtración y publicidad del informe de la UCO, en el que se esgrime una supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, así como su papel como patrona de Fundescam y por haber sido una de las responsables de las campañas del PP regional durante los años investigados en Púnica.

«No creo en las casualidades», sentenció ayer Cifuentes a la salida de la firma del pacto regional por la Cañada Real Galiana, en un aviso para navegantes. La presidenta madrileña quiso enfriar la polémica causada por su crítica al informe de la Guardia Civil, al que el martes definió como de «muchos juicios de valor pero ningún fundamento jurídico». Ayer, quiso reafirmar su apoyo al Instituto Armado, aunque volvió a poner reparos al informe que la atañe: «Yo siempre voy a defender la labor de la Guardia Civil y la labor de la UCO. Eso no quita que en la UCO, que está formada por personas como el resto de organismos, se puedan hacer las cosas mejor o peor y se puedan cometer errores».

Precisamente ayer se conoció la existencia de un segundo informe elaborado por la UCO aportado al sumario del caso que incide en la presunta comisión por Cifuentes de un delito de prevaricación como «directa partícipe y conocedora» de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea al empresario Arturo Fernández en 2009 y 2011.

Frente a las críticas de Rivera, que la acusó de hacerse la «víctima», Cifuentes encontró el respaldo de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno, que habló con Cifuentes por teléfono durante la tarde noche del martes, aseguró ayer en el Congreso que confía «absolutamente» en la líder del PP de Madrid.

«Nadie expuso nada, no había nada que discutir»

· Las adjudicaciones presuntamente irregulares de la cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández provocaron varias declaraciones de los involucrados ante la Guardia Civil, en las que emergieron detalles del proceso.

«ME ASUSTÉ».«Me encontré las ofertas en cajas cerradas en mi despacho. No las valoré. Me asusté y no sabía qué tenía que hacer», declaró a la Guardia Civil María Merino, jefa de Protocolo de la Asamblea –tanto entonces como ahora–. Merino formó parte del comité de expertos que valoró las dos licitaciones de 2009 y 2011 a la cafetería de la Asamblea, en el que también estaba Cifuentes, que era igualmente presidenta de la mesa de adjudicación. Admitió no haber valorado las ofertas.

«NADA QUE DISCUTIR». «Un día nos reunimos en el despacho de Cristina Cifuentes [entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid] en una reunión muy corta», narró María Merino el encuentro –en el mismo despacho de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid– para la presunta valoración. «Fue una reunión meramente expositiva. La letrada [de la Asamblea, Tatiana Recoder] dio argumentos jurídicos y no hubo deliberación. Nadie expuso nada, no había nada que discutir».

FAVORECER A ARTURO. La Guardia Civil realizó a Merino preguntas sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de ambos contratos. ¿Por qué se incluyeron criterios que favorecían a Arturo Fernández de forma discriminatoria en el concurso? «¿No valoraron que esa forma de evaluar las ofertas tenía una notoria incidencia y no había sido antes publicada, por lo que los licitadores no la conocían?», preguntaron los agentes. «No se realizó ninguna valoración, la reunión [en el despacho de Cifuentes] fue meramente expositiva», repitió Merino.

«JUICIOS DE VALOR».Ante la negativa de Merino, los agentes plantearon las mismas cuestiones a Tatiana Recoder, letrada jefe de la Asamblea y también parte del mismo «comité de expertos» de 2009 junto con Merino y Cifuentes. Le preguntaron: «¿Considera normal en la adjudicación la preponderancia de criterios valorables mediante juicios de valor y no mediante fórmulas matemáticas?». «Hice un informe estrictamente jurídico, en los criterios de adjudicación los letrados de la Asamblea no se adentran», contestó.

CRITERIOS DISCUTIBLES. Una de las maneras de facilitarle la adjudicación a Arturo Fernández fue, según la Guardia Civil, valorar más en los contendientes la experiencia en el sector público que en el privado. ¿Por qué se tomó esa decisión? «No lo sé, pero la decisión se tomó en esa reunión. Imagino que fue por desarrollarse el contrato en el sector público. No me chocó. Dudo que [la idea] partiese de mí, pero no lo recuerdo bien». ¿No se dio cuenta de que Arturo Fernández presentó a nombre de una empresa certificaciones que en realidad eran de otras? «Pudo ser un error administrativo, pero no lo recuerdo bien, no hubo mala fe».

DOCUMENTACIÓN FANTASMA. Arturo Zubiri formó parte como técnico del comité de expertos de la adjudicación de 2011. Se le preguntó por qué le dieron cero puntos en determinado apartado a Clece, empresa que competía con Arturo Fernández por la adjudicación, cuando sí había presentado documentación, al contrario de lo recogido en el informe del comité del que él mismo formó parte. «Ahora mismo no lo entiendo, no me consta que esta documentación sea la que yo vi», fue toda su respuesta.