El presidente lo tiene casi todo en contra: el Congreso –que ayer votó por la moción de confianza–, las encuestas, la inercia de desgaste, el pasado reciente del que brotan revelaciones y sospechas cada vez más siniestras. Él sostiene que también los tribunales, señalados como terminales de una conspiración de ultraderecha por más que se limiten a inventariar las cada vez más abrumadoras evidencias. Sin embargo aún conserva la hegemonía comunicativa, que en la política posmoderna no consiste sólo en el control de medios capaces de replicar consignas al pie de la letra sino en una especial habilidad para dominar la iniciativa de la conversación pública y orientarla según sus prioridades estratégicas. Ésa es la clave de su resistencia, la que le permite albergar alguna esperanza de dar la vuelta a la situación aunque su entorno vaya cayendo condena tras condena. Necesita seguir en el poder para manejar esa herramienta y adecuar los tiempos de la legislatura a los intereses de su agenda.

La inmensa mayoría de los ciudadanos no ha leído ni leerá los doscientos folios de la sentencia del Supremo. Y por tanto desconoce que más allá de las penas impuestas a Ábalos y Koldo contiene un alegato tan profundo como intenso acerca del devastador efecto de una corrupción incardinada en el corazón mismo del Gobierno, descrita como un fenómeno sistémico muy distinto de los ‘nubarrones’ pasajeros que el jefe del Ejecutivo desdeñó el miércoles en el Parlamento. Pero mientras el laboratorio discursivo de la Moncloa pueda mantener lejos del conocimiento general esa demoledora requisitoria sobre el peligro de una democracia prostituida por el abandono de los principios éticos, el sanchismo tendrá opciones de seguir imponiendo su guion alternativo del golpe encubierto. Quizá ya sólo ante los convencidos, los irredentos que aún le ayudan a sostener un nada despreciable suelo electoral en torno al 28 por ciento. Una base de respaldo suficiente para disputar la batalla final a cara de perro.