Aunque ya sólo sea un ejercicio de melancolía, la historia del sanchismo puede reconstruirse a través de una ristra de compromisos revocados y palabras incumplidas. Desde el insomnio que provocaba gobernar con Podemos hasta el pacto de la amnistía. Da igual que lo llamemos cambios de opinión, incoherencias o vulgares mentiras: todo lo ocurrido en los últimos años admite una lectura inversa volviendo por pasiva el alud de declaraciones de los portavoces oficialistas. La pandemia minusvalorada –«uno o dos casos como mucho», ¿recuerdan?–, los indultos negados y concedidos, la despenalización de la sedición, la normalización moral y política de Bildu, la imposibilidad legal del traspaso de las Cercanías catalanas, el supuesto «invento» –hace cinco días, cinco– de la condonación de la deuda reclamada por el independentismo. Cualquier ciudadano tiene en su mensajería telefónica una colección de vídeos capaces de abochornar al espíritu más cínico. El primer bandazo irritaba, el segundo asombraba y a partir del tercero se imponía la resignación ante una reincidencia rayana en el exhibicionismo gratuito. Lo que sigue resultando chocante es el empeño repetido en esos pronunciamientos de curso efímero. La ceremoniosa solemnidad de unos asertos cuya validez no resiste apenas unas horas. La falta de cautela, el nulo respeto por la credibilidad propia, la displicente naturalidad con que se revocan testimonios formulados con enfática gravedad histórica.

Todo el proceso de la amnistía y la negociación con Puigdemont y Junqueras representa el paroxismo de ese desprecio a la congruencia. A los ministros y demás trompeteros de Sánchez les debe de crujir la osamenta dialéctica de tanto retorcerla en quiebros de ida y vuelta; a estas alturas ya andan vacunados contra la tentación de la vergüenza. Cómo dudar ahora de que el Gobierno acabará traspasando toda frontera jurídica o ética, incluida la del referéndum si los separatistas se empeñan. La ventaja del caso es que ya no queda margen para la sorpresa: simplemente han desaparecido las reglas, sustituidas por el más crudo principio de conveniencia. Pero si esto ha sido posible es porque la sociedad española pronunció en julio un veredicto –ajustado pero mayoritario– de impunidad completa. Ningún votante, ni el más desconectado de la información digital, ni el residente en el pueblo más lejano, ni el exiliado voluntario en su mundo estanco, puede alegar desconocimiento o sentirse decepcionado. Existen antecedentes sobrados para saber o al menos intuir que el presidente haría lo que fuera menester para seguir al mando. Es más: sus electores son conscientes de la impostura y descreen el relato. Lo compran porque les va bien, porque habían aceptado de antemano la utilidad de cualquier maniobra que satisfaga su automatismo sectario. Porque no hay realidad que resista la voluntad humana de autoengaño.