ABC 14/07/17
IGNACIO CAMACHO
· Al investigar al PP hasta el paleolítico de la democracia, la oposición trata de cargarlo con un estigma de culpa innata
EL PP tiene un problema importante con la corrupción: no ha sabido impedirla ni depurarla. Lo cual no significa que, siéndolo mucho, sea de ningún modo el único partido corrupto de España. El Congreso tiene el derecho, incluso la obligación, de investigar una financiación irregular que todos los indicios, y hasta algunas pruebas, permiten considerar clara, pero la oposición no puede pretender convertirse en un pelotón de sumarísima ejecución parlamentaria. En términos cuantitativos es obvio que los populares son los que tienen más y mayores escándalos sobre sus espaldas pero la venalidad es una cuestión moral, cualitativa, que no resulta posible medir sólo por la escala. El ejemplo incuestionable de esta unilateralidad sectaria está en el horizonte temporal de la investigación, que se remonta hasta el paleolítico de la democracia y ha llegado a interrogar en comisión al anciano tesorero de Fraga. Esa revisión del pasado remoto carece de la mínima objetividad y no tiene otro sentido que el de cargar al oponente con una suerte de culpa imprescriptible, innata.
Por lealtad a sus electores, el Partido Popular no debe dejarse conducir al paredón mediático con las manos atadas y los ojos vendados. Por eso hace bien en resistirse al linchamiento selectivo aunque para ello tenga que recurrir a un cierto filibusterismo en el Senado. No se trata del maldito «y tú más» que sólo sirve para extender el daño, sino de evitar el estigma de indeseable con que sus rivales tratan de marcarlo. Los autores del desfalco de los EREs andaluces, los comisionistas de la trama del tres por ciento o los beneficiarios del patrocinio bolivariano carecen de autoridad ética, de crédito argumental y de legitimidad política para erigirse en inquisitoriales tribunales de honor contra un adversario. Menos aún, como ha advertido el presidente del Supremo, en tanto los verdaderos tribunales se ocupan de depurar responsabilidades penales en pleno ejercicio de su función independiente como poder del Estado.
Otra cosa es que el marianismo tenga pendiente una petición de perdón y una declaración convincente de arrepentimiento. Esa catarsis expiatoria se la debe aún a los españoles, votantes o no, por una simple cuestión de respeto. Pero lo que pretende esta ofensiva de aislamiento es incriminarlo ante la opinión pública como una organización estructuralmente delictiva, históricamente culpable y por tanto inhabilitada para ocupar el Gobierno. El «derecho a no ser obedecido» que suele reclamar, mira quién habla, Juan Carlos Monedero. A esta izquierda hipocritona y ventajista, asentada sobre la sedicente superioridad de su doble rasero, debería preocuparle más bien averiguar la misteriosa razón por la que casi ocho millones de contumaces ciudadanos han preferido respaldar a un partido cargado de escándalos antes que someterse al tratamiento regenerativo del PSOE o de Podemos.