EL MUNDO – 06/06/16 – EDITORIAL
· La tensa negociación entre Junts pel Sí y la CUP para alcanzar un acuerdo de investidura en enero desembocó en el defenestramiento de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Pero tuvo una consecuencia de mayor recorrido en la política catalana, en la medida que visualizó la posición de la CUP para influir de manera determinante en las prioridades que dominan el debate público en Cataluña. Esto explica el bloqueo al que la organización independentista de ultraizquierda está sometiendo la aprobación de los Presupuestos del Gobierno catalán para este año. Una actitud de chantaje que, no sólo hace tambalearse al Govern, sino que pone delante del espejo la impúdica estrategia que habitualmente esgrimen Convergència y ERC en la política española. No hay peor cuña que la de la misma madera.
«Tenemos un proyecto bien orientado y sólido», alardeó Puigdemont después de ser investido president. Apenas medio año después, la negativa de la CUP a dar luz verde a las cuentas públicas elaboradas por Oriol Junqueras, conseller de Economía, quiebra virtualmente los planes del bloque soberanista. Con Mas arrinconado pero no desaparecido –sigue liderando su formación–, Puigdemont y Junqueras concibieron la legislatura como un espacio de transición entre el marco autonómico vigente y la quimérica construcción de un Estado propio. De ahí que, por ejemplo, la creación de una Agencia Tributaria se haya convertido en una prioridad para el Ejecutivo catalán.
Pero a la CUP le parece poco. La formación anticapitalista ha aprobado presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, lo que en la práctica constituye una seria amenaza para la estabilidad del Govern tejido entre convergentes y republicanos. La CUP no renuncia a una declaración unilateral de independencia y considera poco ambiciosa la hoja de ruta de la declaración soberanista del 9-N. Cuando presentó los Presupuestos, Junqueras enfatizó que incrementan en 874 millones el gasto social y que incorporan todas las partidas del plan de choque comprometido por la coalición de CDC y ERC. La CUP exige incumplir el objetivo de déficit público fijado para este año, desobedecer al Constitucional y no pagar la deuda.
Puigdemont sabe que el futuro de la legislatura, que él mismo delimitó en un plazo –luego relajado– de 18 meses, estriba en que los 10 diputados de la CUP desbloqueen las nuevas cuentas de la Generalitat. De ahí que toda la artillería política y mediática cercana al Govern se haya lanzado en tromba contra la CUP, tal como ya se hizo en las semanas previas a alcanzar un pacto para la investidura de Puigdemont. Mas retó ayer al grupo de ultraizquierda a demostrar que «es más de fiar» que los gobiernos del PP y PSOE, mientras el propio Puigdemont, muy nervioso, llegó a calificar de «destructores» a los dirigentes cupaires.
La deuda de la Generalitat, cuya calificación degradó Moody’s hasta situarla debajo de la de países como Nigeria o Bangladesh, asciende al 370% del PIB y el déficit cerró en 2015 en el 2,7%, el más alto de todas las comunidades autónomas. Esta lacerante coyuntura no les sale gratis a los ciudadanos catalanes, dado que ha agudizado las estrecheces de liquidez de la Administración catalana. De hecho, desde 2012 la Generalitat abona a sus proveedores con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). A pesar de esta situación, Puigdemont y Junqueras decidieron hace seis meses subirse a un tigre que ahora empieza a desbocarse. La cohabitación de la derecha conservadora y burguesa que siempre representó la extinta CiU no sólo con un partido izquierdista y republicano como Esquerra, sino con una formación abiertamente antisistema, conlleva unos riesgos que amenazan con hacer saltar por los aires al Gobierno catalán.
La CUP, cuya toma de decisiones se basa en un asamblearismo paralizante, justifica la salida del euro, de la UE y de la OTAN; y no tiene empacho en tildar de «autodefensa» la violencia del movimiento okupa en el barrio barcelonés de Gràcia.
Sin embargo, ninguna de estas premisas evitó que Puigdemont y Junqueras se echaran en brazos de la CUP, lo que ahora penaliza especialmente a CDC, cuyo perfil político se ha visto muy desdibujado no sólo por asumir un papel gregario del independentismo radical, sino por la corrupción. En todo caso, resulta patético ver ahora tanto a Puigdemont como a Junqueras mendigar el apoyo de un partido que tiene como objetivo esencial derribar el sistema. No se puede pedir un comportamiento responsable a quien, desde siempre, ha convertido su populismo e irresponsabilidad en banderín de enganche de su identidad política.
EL MUNDO – 06/06/16 – EDITORIAL