Además de la quema de banderas por varios encapuchados y de las imágenes del Rey, por gran parte de los más de 2.000 asistentes a la convocatoria, se entonaron cánticos invocando la decapitación de Rey, la desobediencia de la legalidad constitucional y se profirieron ataques contra Francia y España, los dos Estados, que, según los radicales, mantienen oprimida a Cataluña. Durante todo el recorrido se sucedieron actos de un nivel de agresividad intolerable contra los medios que pretendían tomar imágenes de la marcha.
Pero al margen de lo que puedan decir los tribunales, que deben exigir responsabilidades por lo sucedido, lo grave es que de un movimiento de estas características depende la estabilidad del Gobierno catalán. Desde su investidura, Puigdemont es rehén de un partido que desprecia las instituciones y la legalidad, y que defiende que, como aseguró la parlamentaria autonómica Anna Gabriel, la política debe impulsarse desde la calle y al margen de los órganos de representación.
La CUP ya ha garantizado que apoyará al presidente de la Generalitat en la moción de confianza a la que se someterá el 28 de septiembre, evitando así unas nuevas elecciones en las que podría perder algunos escaños y en las que su otro socio de Gobierno, ERC, podría seguir creciendo a su costa. Además, ahora se ha mostrado dispuesta a apoyar los presupuestos, que vetó el pasado mes de junio, a cambio de nuevos avances en el proceso independentista y de que antes del próximo verano se lleven a cabo gestos inequívocos de desconexión con el Estado. Todo esto demuestra que quien de verdad está marcando los ritmos de la ruptura de la legalidad es un grupo marginal, cuyo objetivo declarado es el desmontaje del Estado de Derecho y del sistema de libertades que se dieron los españoles durante la Transición y que culminó en la promulgación de la Constitución de 1978. La CUP no oculta su rechazo al euro, a la Unión Europea y a la OTAN, es decir, a todas aquellas instituciones democráticas de las que forma parte España, y sólo concibe una Cataluña independiente que se sitúe fuera del sistema de libre mercado, como si tal cosa fuera posible.
Es lógico que con semejantes socios el nacionalismo catalán haya abandonado la moderación y se precipite hacia el abismo de un proyecto soberanista que en el fondo sabe imposible de lograr. En una delirante huida hacia adelante, motivada en parte por los casos por corrupción que tiene abiertos, el partido que ha gobernado durante 28 años la Generalitat desde posiciones de centro derecha, necesita para sobrevivir los 10 escaños de un partido de izquierda radical y antisistema.