La cúpula de los jueces vascos denuncia la supresión de las cinco últimas escoltas

La eliminación de los servicios de escolta a los jueces y fiscales vascos tras el cese definitivo de ETA hace casi dos años amenaza con abrir un conflicto institucional entre el Tribunal Superior de Justicia y el Departamento de Seguridad, que salpica a su vez al Ministerio de Interior. Los últimos cinco magistrados que conservaban la protección en virtud de su cargo y de la singularidad de las funciones que realizan –el presidente del TSJPV, los tres responsables de las Audiencias provinciales y el juez decano de Bilbao–ya no disponen de ella desde el pasado domingo, 1 de septiembre, según la decisión que comunicó en agosto la consejería de Estefanía Beltrán de Heredia. La medida ha dado lugar a un inusual acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco, que quiere que se convoque la Junta de Seguridad que reúne a los Ejecutivos de Vitoria y Madrid para aclarar si se desmantelan de manera definitiva los dispositivos que amparaban a los jueces desde el asesinato de José María Lidón el 7 de noviembre de 2001. Y en ese caso, si se considera totalmente desvanecida la sombra de ETA, por qué sí se mantienen los guardaespaldas a casi un centenar de responsables políticos.
El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, fue adoptado por el máximo órgano de gobierno del Tribunal Superior este mismo lunes, cuando acababa de entrar en vigor la orden de Seguridad. A la cita acudieron el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra; la secretaria del órgano; el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Garrido; los jueces decanos de Bilbao y de Vitoria; los magistrados Edmundo Rodríguez Achútegui y Patricia Arrizabalaga; y el presidente de la Audiencia de Bizkaia, aunque los de Gipuzkoa y Álava estaban al corriente de las deliberaciones y habían mostrado su anuencia con el documento que acabó aprobando el Tribunal. El texto, de dos folios, ha sido remitido ya a los responsables del Departamento de Seguridad y del Ministerio de Interior, a la consejería de Justicia, al delegado del Gobierno y al presidente y los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial. Ambas circunstancias –la protesta formal del Tribunal Superior y las instituciones a que ha sido enviada– reflejan el profundo malestar que anida en la cúpula de la Judicatura vasca por lo que se interpreta como una desconsideración hacia lo que representa la Magistratura en Euskadi, su compromiso y la labor que desempeñan sus cargos jurisdiccionales y de representación.
Según relata en su escrito la Sala de Gobierno, el funcionario del Departamento de Seguridad que coordina el programa de protección de los amenazados trasladó en agosto «de forma verbal» a la presidencia del Tribunal Superior la decisión de Estefanía Beltrán de Heredia de suprimir el 1 de septiembre los cinco servicios de escolta judicial que persistían en Euskadi, donde alrededor de 200 jueces y fiscales tuvieron que vivir con guardaespaldas durante una década tras el asesinato de Lidón. El acuerdo subraya que la medida afecta a «las cuatro autoridades» que tienen atribuida «en el bloque de la constitucionalidad» la representación ordinaria del Poder Judicial –el presidente del TSJPV y los presidentes de las tres Audiencias– y el decano electo de Bilbao. Todos han visto eliminada tanto la protección personal, como los vehículos de «representación e incidencias» para el desarrollo de sus funciones en los 14 partidos judiciales de Euskadi.

Que lo asuma el Ministerio
La Sala de Gobierno denuncia el comportamiento de Seguridad por «infracción de la debida consideración institucional, en plenas vacaciones judiciales y sin tomar en consideración la solicitud» del presidente del Tribunal a los consejeros Beltrán de Heredia y Erkoreka para que posponer cualquier iniciativa al resultado de las comisiones interinstitucionales previstas precisamente para septiembre. A partir de ahí, la cúpula de la Magistratura solicita dos cosas.
Por una parte, y en lo que se refiere de manera estricta a la seguridad personal, pide que el servicio lo asuma el Ministerio de Interior en aplicación de los Acuerdos sobre Delimitación de Servicios adoptados el 13 de marzo de 1989 y desarrollados el 18 de enero de 1995, que facultan al Estado para proteger a sus «autoridades con residencia en la comunidad» de Euskadi. Junto a ello, el Tribunal requiere que se consigne en el Presupuesto del Departamento de Justicia para 2014 una partida, «hoy inexistente», a fin de que se restituyan los vehículos de incidencias y los conductores que fueron suprimidos cuando empezó a aplicarse el programa extensivo de seguridad tras el asesinato de Lidón. Este aspecto tiene que ver con la protección, pero especialmente con la movilidad de los magistrados para cubrir adecuadamente su trabajo de inspección de los juzgados y partidos judiciales. De hecho, y según fuentes consultadas, todos los presidentes de Tribunales Superiores tienen asignado un chófer en virtud de su cargo, mientras que los responsables de las distintas audiencias provinciales tienen «garantizada» esa movilidad a través de varias fórmulas que no incluyen, en todo caso, desplazarse en coche propio o utilizar el servicio público.
Esto no está incluido literalmente en su acuerdo, pero la pretensión del TSJPV es que los gobiernos vasco y central aclaren si están desmontando sin remisión todos los servicios que venían operando ante la desaparición de la amenaza terrorista. Aunque los jueces consideran que el cese de ETA es irreversible, ven «incongruente» que se deje a la intemperie al Poder Judicial cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo siguen contando con escoltas: en concreto, pueden disponer de ellos todos los consejeros del Gobierno salvo renuncia y los conservan 14 parlamentarios, los diputados generales de Bizkaia y Álava y 72 alcaldes y concejales. Por añadidura, los responsables judiciales auguran que antes o después los presos etarras irán siendo trasladados a Euskadi, por lo que los presidentes de las Audiencias asumirán, junto al juzgado de Vigilancia Penitenciaria, un peso específico en la calificación de los grados de los reclusos que aconsejaría dotarlo de seguridad.