La mayor prueba de estrés para la relación entre los socios del Gobierno de coalición no fue la llegada de la pandemia, ni los fondos europeos o la arquitectura del escudo social. Tampoco la elaboración de los Presupuestos. Sí lo fue priorizar la búsqueda de apoyos en ERC o en Ciudadanos para sacar las cuentas adelante. A juzgar por las tensiones declarativas entre ministros, el cruce de reproches en público y, principalmente, los incumplimientos por ambas partes del protocolo por el que se rigen las normas de convivencia de los socios, lo que está poniendo al límite la coalición es la campaña de las elecciones catalanas.

Si desde el PSOE se recriminó a Unidas Podemos al inicio de la campaña que estuviese haciendo oposición al Gobierno, con objetivos electorales, este martes era Unidas Podemos quien acusaba de lo propio a los socialistas por registrar «unilateralmente» y sin su conocimiento la ley de igualdad de trato. Al mismo tiempo, se acusan mutuamente de incumplir el protocolo de convivencia del que se dotaron, que obliga a coordinar y pactar las iniciativas, en cuestiones transcendentales como la reforma del Código Penal sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión o las leyes de igualdad.Tanto desde el Gobierno como desde el grupo socialista vinculan esta falta de coordinación a la campaña electoral, en una carrera por hacerse con la ‘autoría’ de las iniciativas, según reconocía este martes la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Sin embargo, las costuras de la coalición siguen tensándose y tras las elecciones vendrán las negociaciones para la formación del Govern, en las que socialistas y morados parten de enfoques distantes. Entre medias, irá al Congreso la ley de igualdad de trato, registrada solo con la firma del PSOE e incluida en su cupo para el próximo pleno tras las catalanas. Unidas Podemos ha evitado desvelar el sentido de su voto a esta ley, apodada como ‘ley Zerolo’ por parte de los socialistas en honor a su histórico dirigente, reclamando directamente que se retire.

Ya cuando se registró, los morados no tardaron en reaccionar acusando a su socio de incumplir el acuerdo de gobierno, que recoge esta medida, por presentarla solo con su firma. Los morados entienden que estos trabajos competen al Ministerio de Igualdad.Este martes, se ha producido otro episodio de descoordinación similar, pero invirtiéndose los papeles. Desde el Gobierno, se trasladó una propuesta de Justicia para revisar los delitos relacionados con la libertad de expresión en el Código Penal y, unas horas después, Unidas Podemos registró en el Congreso su propia iniciativa de reforma. Desde Unidas Podemos han defendido que su propuesta, que ya tenían preparada, pero que dejaron en suspenso por la pandemia: la única con un «texto articulado», que cuenta ya con el visto bueno de Relaciones con las Cortes, y que sería la vía más factible para un cambio urgente.

La reforma que finalmente se presentará será la promovida por Justicia, en colaboración con el Ministerio del Interior, según aseguró la portavoz del Ejecutivo este martes en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros. Los morados, por su parte, mantendrán viva su iniciativa, «porque es la única que hay», al considerar que precisa una tramitación urgente.El proyecto registrado en la Cámara Baja por Unidas Podemos explicita la derogación de los artículos del Código Penal que hacen referencia al delito de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado y de enaltecimiento del terrorismo. La del Ministerio de Justicia hace referencia a la «revisión de los delitos», no a su derogación. Su objetivo sí es, con todo, la despenalización, estableciendo solo castigos en el caso de responder a «conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad».

El protocolo es claro en este sentido y solo deja margen a la iniciativa propia —siempre previa comunicación a la otra parte— cuando se trata de cuestiones fuera del ámbito del programa de coalición y sin repercusión «en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal». Incluso en este último caso, «los socios deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias entre sí», siempre comprometiéndose a «coordinar la comunicación de las mismas».
Hasta la fecha, el principal incumplimiento del marco que regula las normas de convivencia de la coalición se produjo por parte de Unidas Podemos durante la tramitación de los Presupuestos. El texto indica que «los grupos parlamentarios socios no podrán presentar enmiendas sin el acuerdo previo sobre las mismas». A tal fin, añade, «se instrumentará un procedimiento adecuado para garantizar su información y discusión entre el Gobierno de coalición y los grupos». Unidas Podemos, sin embargo, presentó una enmienda a los PGE sin el acuerdo del PSOE, conjuntamente con ERC y EH Bildu, sobre la paralización de los desahucios.La ley trans, que sí será un proyecto impulsado desde el departamento que dirige Irene Montero, también ha sido objeto de controversia. La intención de Igualdad de iniciar su tramitación en la primera quincena de febrero, tras haber elaborado el polémico borrador, y llevarla al Consejo de Ministros antes del 8-M, se ha frenado a la espera de los informes de Justicia y Sanidad. La parte socialista pone en duda su seguridad jurídica, principalmente en lo relativo al cambio de sexo sin necesidad de informes médicos, y se ha desvinculado desde el primer momento del borrador elaborado por Igualdad.

 «Hay disparidad de criterios», concluían desde la vicepresidencia primera que dirige Carmen Calvo, haciendo énfasis en la necesidad de dotar la ley de seguridad jurídica y que «queda mucho trabajo por delante». Las diferencias sobre la futura ley de vivienda también son numerosas, hasta el punto de que las negociaciones se han suspendido. El compromiso entre PSOE y Unidas Podemos era llevarla al Consejo de Ministros este mes de febrero. A todo ello, se suman los reproches desde el ala socialista al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, primero por equiparar la situación de Puigdemont con los exiliados republicanos y, más recientemente, por asegurar, siempre en el marco de la campaña de las catalanas, que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña están uno en la cárcel y el otro en Bruselas».