Ignacio Camacho-ABC
- Es cierto. Bajo el Gobierno de Sánchez e Iglesias, España avanza hacia un proceso de desnaturalización democrática
Cuando explicaba los motivos de su insomnio preelectoral en el otoño de 2019, Sánchez solía detenerse en uno muy gráfico. «Cómo voy a gobernar con un vicepresidente que dice que en España hay presos políticos». Recitaba otros argumentos más, como el del activismo contra la Corona o la defensa de la autodeterminación, y todos se han cumplido mientras el presidente duerme a pierna suelta en el colchón que estrenó tras desalojar a Rajoy. Moncloa bien vale una palinodia pero el Iglesias que coincide con Putin en cuestionar la calidad de la democracia española es el mismo de entonces y sostiene las mismas ideas. En eso al menos no ha engañado a nadie. Es Sánchez el que ha cambiado porque aquellos reparos han dejado de importarle. Y no sólo tiene en su Gabinete cinco ministros del partido que le quitaba el sueño sino que se ha aliado con los autores del golpe contra la Constitución y está dispuesto a indultarlos y a modificar con carácter retroactivo el Código Penal que violaron.
Por eso, si se enfoca la cuestión desde el prisma correcto, al líder de Podemos no le falta razón al poner en duda la pureza de nuestro sistema democrático. El Gobierno ha asaltado la autonomía de las instituciones, se dispone a bloquear por ley la independencia del poder judicial para nombrar magistrados y ha colocado a una exministra al frente de la Fiscalía. Ha suspendido de facto las normas de transparencia, bajo pretexto del estado de alarma, y sustituido por asesores de confianza a los funcionarios del Consejo encargado de aplicarlas. Se niega a informar sobre los viajes y actividades privadas del presidente con cargo a fondos públicos, y tardó ocho meses en divulgar los nombres del comité técnico del Ministerio de Sanidad. Ha ocultado primero y manipulado después las cifras de fallecidos por Covid. Amparado en la pandemia, se ha arrogado poderes de excepción por seis meses -de momento- y ejecuta sus decisiones a golpe de decreto tras jibarizar la actividad del Parlamento. Ha secuestrado la agenda del Jefe del Estado. Se ha asegurado la asignación discrecional de los fondos de ayuda de la UE. Prepara la intervención directa del mercado de alquiler inmobiliario. Ha atacado los derechos a la educación y a la propiedad, restringiendo la escuela concertada y convalidando, también por decreto, la ocupación temporal de viviendas. Concede interlocución complaciente a dictaduras como Venezuela, recibiendo incluso a su vicepresidenta en flagrante violación de una orden europea. Ha llegado a ordenar a la Guardia Civil que vigile la críticas en las redes sociales y establecido una confusa «estrategia contra la desinformación» que, junto al acoso al periodismo que el vicepresidente alienta, camufla un intento de limitar la libertad de prensa.
Sí, es cierto. Todo eso es la demostración palmaria de que España sufre un proceso de desnaturalización democrática.