EL MUNDO 03/01/14
· La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha amparado a la asociación Dignidad y Justicia y ha abierto una investigación acerca de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. «La velocidad en la excarcelación de sanguinarios terroristas nos ha dejado conmovidos», responde la institución constitucional en una carta
La defensora del Pueblo, la popular Soledad Becerril, ha decidido admitir a trámite la queja presentada por la asociación Dignidad y Justicia y ha solicitado explicaciones al Ejecutivo sobre la manera en que se ha llevado a cabo la aplicación de la sentencia de Estrasburgo contra la doctrina Parot. En su escrito de contestación a la asociación presidida por Daniel Portero, la defensora del Pueblo explica que ha reclamado información a los ministerios de Justicia y de Interior, y a la Fiscalía General del Estado.
La queja fue presentada por Dignidad y Justicia después de apurar todos los trámites judiciales ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo contra las excarcelaciones masivas de los etarras en aplicación de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
En concreto, Becerril solicita al secretario de Estado de Justicia «información sobre lo acontecido que se encuentre en el ámbito de competencia del Gobierno y, en particular, la posición procesal mantenida por la Abogacía del Estado en los procesos penales relacionados con las excarcelaciones derivadas de la sentencia de Estrasburgo en los que estuviere personada».
Además, reclama también conocer el detalle de la «posición procesal mantenida por la Abogacía del Estado en el marco del artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la normativa concordante», referente a las ejecuciones de las sentencias de este tribunal por parte de los países miembros de la Unión Europea.
Además, la institución regentada por la que fuera alcaldesa de Sevilla admite también a trámite la queja «ante el secretario de Estado de Seguridad sobre la protección de las víctimas tras las excarcelaciones».
Asimismo, reclama explicaciones a la Fiscalía General del Estado «en lo que se refiere a las acciones emprendidas para la persecución del delito de enaltecimiento del terrorismo y de la violencia callejera».
Precisamente, durante las últimas semanas, las asociaciones de víctimas han denunciado esta situación ante los tribunales en reiteradas ocasiones.
La queja de Dignidad y Justicia tenía varias direcciones: entendía que no existía precisión leal sobre si la sentencia de Estrasburgo tenía carácter ejecutivo y, mucho menos, si se tenía que aplicar con carácter inmediato. También que la sentencia de Estrasburgo se refería únicamente al caso de Inés del Río Prada, y no existía una causa continuada para que esa resolución se convirtiera en doctrina aplicable inmediatamente a todos los casos.
Además, entendía que esas excarcelaciones producían una gran alarma social, no sólo a las víctimas del terrorismo sino a cualquier ciudadano, ya que en el mismo lote fueron excarcelados violadores y asesinos múltiples.
Alertaba Dignidad y Justicia sobre la posibilidad de que esas excarcelaciones a etarras conllevaran actos de exaltación del terrorismo. La asociación de Portero reclamaba a la defensora del Pueblo que acordara «la apertura de una investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones».
«Como se sabe, la competencia del Defensor del Pueblo en materia de Administración de Justicia es limitada», arranca la carta de contestación de Becerril a Portero. «No alcanza a las decisiones de naturaleza sustantiva o procesal adoptadas por los órganos judiciales», pero sí puede intervenir «sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas».
«En su queja expresa una situación vivida por muchas víctimas del terrorismo, de asesinatos o violaciones en un corto periodo de tiempo. Una situación de dolor y desolación. Y eso –que comparten también muchas personas que no han sido víctimas directas de los delitos– es un problema general que a todos debe preocupar; también a la defensora del Pueblo. Por ello es deber de todos hacer cuanto sea posible por restañar las heridas producidas, hoy vivas y que perdurarán en el tiempo», indica la misiva de Soledad Becerril.
La defensora recuerda que en diversas ocasiones ha manifestado «públicamente» su «firme discrepancia con la decisión de Estrasburgo. He dicho también que la derogación de la doctrina Parot ha sido un golpe muy duro para España y la velocidad en la excarcelación de sanguinarios terroristas nos ha dejado conmovidos».