EL MUNDO 03/01/14
· Envía una carta a 27 jefes de Gobierno dando por hecho que el «referéndum» para decidir la independencia «se celebrará» en la fecha convocada
· Les pide ayuda para estimular un proceso «transparente, pacífico y democrático» en Europa y vencer la resistencia del Gobierno de Madrid
· En un memorando adjunto asegura que se producirá la independencia y que Cataluña «será la séptima mayor economía de la UE»
Artur Mas da por hecho que el Gobierno no logrará detener el referéndum por la independencia de Cataluña previsto para el 9 de noviembre de este año. Esta certeza, tan afianzada en la Generalitat, ha llevado al mismo president a trasladarla ya por carta a todos los líderes de los países miembros de la Unión Europea y al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão Barroso. Además, les adjuntaba un memorando que también ha enviado a los ministros de Exteriores de 45 países de todo el mundo.
Mas es consciente de que, si el referéndum tiene alguna oportunidad, ésta pasa por encajar el debate catalán en la agenda internacional e implicar a la UE. Por esto envió el pasado 20 de diciembre la remesa de cartas dando por hecho que Cataluña se autodeterminará el 9-N. Busca de este modo obtener apoyos explícitos entre los socios comunitarios, hasta el momento inexistentes. La estrategia de Mas persigue también neutralizar los contactos diplomáticos que el Gobierno central está llevando a cabo para frenar cualquier simpatía internacional con la causa soberanista.
En su misiva a 27 jefes de Gobierno de la UE, el presidente de la Generalitat desgrana el contenido de la doble pregunta acordada entre «partidos políticos que representan el 65% del Parlament de Catalunya» y confirma que «el referéndum se celebrará el 9 de noviembre de 2014». Una cita con las urnas que espera que reciba el apoyo de los destinatarios de las cartas: «Confío en contar con usted para sacar adelante nuestro proceso pacífico, democrático, transparente y europeo».
La carta –que no fue revelada hasta ayer por el Govern y que fue enviada junto a un memorando sobre el proceso catalán destinado a ministros de Exteriores de 45 países–, considera que la votación es la respuesta a «una demanda del pueblo catalán» que se reflejó tanto en las elecciones autonómicas de noviembre de 2012 como en «reiteradas reivindicaciones populares», en referencia implícita a la cadena humana de 400 kilómetros celebrada durante la última Diada.
El president acentúa, a partir de ese punto, que el único contrapunto a la voluntad de Cataluña de defender el «diálogo y el acuerdo» es el Gobierno español y su defensa cerrada de la Constitución. Según reza la misiva difundida ayer –y que corresponde al ejemplar escrito en inglés que habría recibido la canciller alemana, Angela Merkel–, «al contrario de lo que señalan algunas informaciones, hay una serie de opciones legales y constitucionales que permitirían que este referéndum se llevase a cabo en Cataluña. Hemos identificado al menos cinco de esas vías y yo he escrito al Gobierno de España esbozándolas».
Que se pueda celebrar sin mayores obstáculos el referéndum, añade el Govern en el memorando enviado a responsables de Exteriores de todo el mundo, responde únicamente a «una cuestión política y no de legalidad». Según los responsables diplomáticos de la Generalitat, «no hay razones para que un referéndum no pueda ser autorizado». En resumen, «todo lo que se necesita es voluntad política» de Madrid. A los líderes políticos españoles los acusan de «no comprometerse con la realidad de Cataluña» y de llevar a cabo algunos intentos «irreflexivos para socavar la autoridad política del presidente catalán».
El texto enviado por la Secretaria de Asuntos Exteriores de la Generalitat, además de abundar todavía más en las bondades de la consulta, se centra en tratar de quitar hierro a las amenazas de expulsión de Cataluña como miembro de la UE si ésta alcanzara finalmente la independencia. Un escenario que los responsables diplomáticos catalanes tachan en su informe de dos páginas de ser un argumento directamente «falso». De hecho, los responsables del memorando de la Generalitat sitúan dichas advertencias en una estrategia del Gobierno de Rajoy y «otros» –sin que especifiquen a quién se refieren– únicamente «diseñada para asustar a los votantes catalanes para alejarlos del apoyo a la independencia». Según puntualizan, «la realidad es que incluso España tiene un gran interés en que Cataluña siga siendo parte de la UE». También recuerdan que los tratados de la Unión «no contemplan específicamente qué sucede cuando una parte de un Estado miembro logra la independencia, por lo que es simplemente falso que se pueda declarar que Cataluña cesaría como miembro de la noche a la mañana». Asimismo, acentúan que «7,5 millones de ciudadanos catalanes cuentan ya con los derechos de los ciudadanos de la UE», por lo que los catalanes «no podrían ser directamente expulsados de la Unión».
Pese a dar por hecha la permanencia en el proyecto comunitario, el Govern se encarga en su informe de dejar la pelota en el tejado de los 27 socios, avisando de que «la continuidad de Cataluña en la UE sería una decisión política en manos de los Estados miembros». El informe también incorpora un listado de los beneficios que supondría para la UE que Cataluña lograra ser un Estado independiente. Entre otras, asegura que se trataría de «la séptima mayor economía» de la zona, además de ser «una baza con su dinámica e innovadora industria de exportación», sin olvidar el compromiso de «seguir siendo un generador de crecimiento, no una carga en el presupuesto de la Unión Europea».