EL MUNDO – 28/04/15
· La defensora del Pueblo admite una queja sobre el daño que causan los asesinatos sin aclarar.
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha abierto la puerta, por primera vez en España, a considerar también como una vulneración de derechos humanos el «sufrimiento» de los familiares de las víctimas del terrorismo como consecuencia de los retrasos en las investigaciones o, en los casos más extremos, cuando no se esclarece un asesinato. «Como consecuencia del silencio de quienes ordenaron o realizaron los atentados terroristas, muchos familiares no han podido ver resueltos los casos que les afectan, lo que agrava para ellos su dolorosa situación», adelanta Becerril en una reciente resolución, en la que admite a trámite una petición de Dignidad y Justicia en defensa de los derechos de las familias de los 377 asesinados por ETA cuyo caso, calculan, no se ha resuelto en los tribunales.
Fuentes de Dignidad y Justicia explican que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ya jurisprudencia asentada de que los derechos de los familiares de los asesinados constituyen una «esfera autónoma» de protección respecto a los derechos de las propias víctimas directas. Según estas fuentes, cuando transcurren más de cinco años sin que se haya esclarecido un asesinato, sea por motivaciones terroristas o por otras, existe ya un «sufrimiento» provocado por la inacción de los poderes públicos.
Ésta es una interpretación extensiva del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que Dignidad y Justicia entiende que se puede aplicar en España, ya que los derechos constitucionales han de ser interpretados a la luz de la doctrina internacional, según recoge la propia Constitución de 1978. Desde la asociación señalan, además, que este sufrimiento añadido se podría evitar exigiendo a ETA que colabore con la Justicia. «Que se disuelvan, que entreguen las armas y que digan quién mató a quién», reclaman.
«El sufrimiento de los familiares de los asesinados por ETA permanece invisible y en el olvido, no así otras supuestas problemáticas, de mucho menor impacto en la esfera de los derechos fundamentales, como las molestias del desplazamiento de los familiares de los presos [como consecuencia de la política de alejamiento del País Vasco]», se podía leer en la queja de Dignidad y Justicia, que lamentaba también la «insuficiente respuesta del Estado» para que la Justicia llegue hasta el final en casos de terrorismo.
Dignidad y Justicia ha contabilizado 377 casos de crímenes de ETA sin resolver, un 44% del total. La cifra contrasta con los 220 expedientes reseñados por la oficina de Paz y Convivencia del Gobierno vasco recogidos en un informe. Una reciente publicación del periodista Juanfer Fernández, de Covite, sitúa el listón en «más de 300 casos».
En este sentido, la defensora del Pueblo ha acordado, en paralelo a la admisión a trámite de la queja de Dignidad y Justicia, solicitar a la Fiscalía General del Estado un análisis de los casos «en los que procedan actuaciones procesales para intentar la depuración de responsabilidades penales» de los 377 crímenes de ETA que se estiman sin resolver. Los demandantes lo han interpretado como un paso muy importante.
EL MUNDO – 28/04/15