Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 22/6/11
Una de las demandas que se han planteado en las movilizaciones del 15-M ha sido la reforma de la ley electoral. Se reclama, como todas las cosas que piden, en abstracto, sin entrar en la letra pequeña, indicando sólo que quieren listas abiertas y una mayor proporcionalidad en la representación. Vienen a coincidir en este último punto con lo que en los últimos años han defendido IU y UPyD.
El debate sobre la conveniencia de cambiar la ley electoral estaba abierto en el ámbito político y en el intelectual hace tiempo, antes de que los indignados salieran a la calle. Es un problema complejo y no hay soluciones fáciles, porque tiene consecuencias en el sistema político. La ley vigente contó con un amplio respaldo y no sería aconsejable modificarla sin un nivel similar de acuerdo entre los partidos. Se buscó en la transición una ley que garantizara la estabilidad de los gobiernos, huyendo, por ejemplo, del modelo italiano, y que ayudara a desarrollar unos partidos fuertes como ejes vertebradores de la participación política. Se buscaba también asegurar un nivel mínimo de representación para todas las provincias y garantizar presencia proporcional a los votos obtenidos, aunque con límites para evitar unas cámaras fragmentadas e ingobernables.
Lo que se quería de la ley electoral se ha conseguido y ha servido para consolidar una democracia estable en España. Algunas formaciones, como IU, han denunciado en los últimos años que la ley permite una sobrerrepresentación de los nacionalistas, lo que no es cierto aunque los pactos por falta de mayorías absolutas den un papel relevante a CiU o PNV. Las denuncias de esta coalición contra la ley electoral han arreciado a medida que perdía espacio político, porque el problema principal de IU no es la normativa, sino la fuga de votos. En 1996 tenía 21 diputados y en la actualidad tiene dos. En ese tiempo ha perdido 1,6 millones de votantes, a pesar de que el censo ha crecido en 2,5 millones.
No hay ley que arregle la desafección de los ciudadanos con la política. El sistema ha hecho fuertes a los partidos más moderados y ha dado un poder absoluto a sus dirigentes, que tienen capacidad de determinar la vida o la muerte política de sus compañeros al elaborar las listas. A pesar de ello, los grandes partidos, tanto en el conjunto de España como en Catalunya o el País Vasco, siguen contando con un amplio respaldo que refleja la satisfacción, aunque sea crítica, de los votantes.
La demanda de listas abiertas no garantiza que los partidos cambien su funcionamiento. Ya hay listas abiertas para el Senado y no ha tenido ningún efecto. No existen reformas mágicas para solucionar todos los entuertos. Para forzar a los partidos a abrirse a la sociedad, lo más práctico siempre es darles o quitarles el voto. Si el votante castiga la corrupción, desaparecerán los imputados de las listas. Lo malo es cuando se tolera.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 22/6/11