EL MUNDO 11/11/14
· Le acusan de «dejación» y de «dar aire a los nacionalistas» El Gobierno dice que actuó con «sensatez y prudencia» La Fiscalía estudia querellarse por posibles delitos durante la consulta
Entre la incredulidad de unos y la cólera de otros. Las entrañas del PP respondieron ayer de manera dispar al proceso vivido el domingo en Cataluña. En el partido, a algunos les cuesta entender por qué el presidente del Gobierno ha consentido que los catalanes se pronuncien sobre la independencia, a pesar de que, según han mantenido el Ejecutivo y el PP, era ilegal. La plataforma Libres e Iguales, que aglutina a destacados intelectuales y cuya portavoz es la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, llegó a defender ayer que lo ocurrido en Cataluña «descalifica al Gobierno de Rajoy para seguir cumpliendo su mandato constitucional». En la postura de Libres e Iguales sobre el debate territorial se reconoce una parte del PP. A su presentación en Madrid asistió el ex ministro Gallardón y la alcaldesa Ana Botella. Al mismo acto en Barcelona fue la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. Y aunque nadie alcanza los extremos de Álvarez de Toledo, no hay unanimidad sobre el 9-N.
Libres e Iguales es un movimiento cívico transversal que aglutina a intelectuales tan relevantes como Mario Vargas Llosa, Albert Boadella, Félix de Azúa o Arcadi Espada, entre otros. Pero es, sin duda, la presencia de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo lo que mayor dimensión dio ayer a su airada reacción. Esta organización acusa a Rajoy de olvidar «culpablemente» que «su primera obligación es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución». La «agresión a la democracia», defendieron en un comunicado, que ha supuesto la votación del 9-N «no ha recibido la respuesta que merece». El Ejecutivo «no ha impedido el atropello a la legalidad en Cataluña» y «su dejación ha debilitado gravemente al Estado y ha colocado a los ciudadanos en la indefensión jurídica y el desamparo político».
Para esta plataforma, el Govern ha podido organizar política y logísticamente la jornada y «exhibir su compromiso con la ilegalidad de manera retadora» al presentar «el sometimiento del Estado de Derecho como un triunfo político».
El Gobierno se defendió de las críticas insistiendo en que, como prometió Rajoy, en Cataluña «no se ha celebrado un referéndum ni tampoco una consulta» en términos legales y democráticos. En La Moncloa recalcan la expresión del presidente –«no sé cómo calificarlo»– para referirse al «acto de propaganda» de Artur Mas y sus socios independentistas, y subrayan que, se mire como se mire y se intente lo que se intente desde la Generalitat, el 9-N «no servirá para avalar nada ni a nadie». Desde luego, no será un arma que pueda hacer valer el independentismo para pactar ningún referéndum. «Rajoy no se prestará a negociar algo que queda fuera de la Constitución», afirman.
Rechazan además el reproche de apatía por haber permitido que el domingo se sacaran las urnas y los ciudadanos votaran en un simulacro de consulta, recordando que la Fiscalía General del Estado activó sus mecanismos, antes incluso de las votaciones, para determinar los delitos que pudieran producirse e identificar a los responsables. «El trabajo sigue y en los próximos días habrá resultados», aseguran. A todo ello añaden que se actuó «con prudencia y sensatez» para evitar desórdenes públicos que «sólo habrían perjudicado a los ciudadanos de Cataluña».
En Moncloa ponen además especial empeño en insistir en que, dando por buenos los datos de votos emitidos proporcionados por quien es «juez y parte», sólo cabe concluir que poco más de un 30% de los 6.228.000 que habían sido llamados a participar lo hicieron finalmente. Y de los 2.305.000 que depositaron su papeleta, 1.861.753 votaron sí a la independencia. El Gobierno se agarra al casi 70% que optó por no responder a las «urnas de cartón» para calificar la «charada» de «fracaso».
De manera paralela a la posición expresada por el Ejecutivo, el PP envió a todos sus cargos públicos un argumentario donde se insistía en que «falsa era la consulta y falso el resultado: la democracia no se ejerce en fraude de ley ni con cajas de cartón». «El simulacro de consulta se ha hecho al margen de cualquier marco legal y con el dinero de todos los catalanes».
Pero, pese a esta rotundidad, la pregunta que se hacían ayer muchos cargos del PP es que si es ilegal, ¿por qué se ha celebrado? El propio portavoz popular en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna, aseguraba que el Tribunal Constitucional podría haber actuado para que se cumpliera su decisión sobre la suspensión, y apuntaba que, a 48 horas de la consulta, podía haber hecho pública una resolución advirtiendo de que los funcionarios podían incurrir en delito de prevaricación y desobediencia.
Justo la intervención de la Justicia es lo que aguardaba la mayoría del PP. Pese a la decepción se sigue esperando a la actuación de la Fiscalía, al menos contra Artur Mas. Al margen de la posición de Libres e Iguales, con la que algunos sectores del partido se sienten identificados y cuyos principios comparte la fundación Faes presidida por José María Aznar, el descontento en el partido alcanzaba más ámbitos, aunque no se focalizan exclusivamente en Rajoy.
La realidad es que no se contaba con que hubiera votación. «Se ha elegido entre lo malo y lo peor», señaló ayer un dirigente sobre la posibilidad de desórdenes. Pero, según fuentes populares, que hayan sacado las urnas «da aire a los nacionalistas» y, sobre todo, a ERC, de cara a unas elecciones plebiscitarias. «Van a vivir de esto unos cuantos meses», insisten.
En Cataluña, el descontento es aún mayor. Fuentes del partido confirman el profundo malestar porque el Gobierno les ha «dejado desamparados». En esta posición se reconocían también diputados en el Congreso. Aunque nadie llega a la claridad de Álvarez de Toledo, no se acaba de entender cómo finalmente ha habido 9-N. Es un debate interno que el PP tiene pendiente de resolver y donde, como en otras cuestiones, indican fuentes populares, ha fallado la política y se ha echado de menos un trabajo didáctico por parte del partido. El peso lo ha llevado el Gobierno y el cumplimiento (obvio) de la ley. Pero, apuntan fuentes del PP, «no se ha construido». La sensación es que este Gobierno –aseguran– es bueno para solucionar conflictos y no tanto para pilotar salidas.