Hoy es el día D de la legislatura. La convalidación del real decreto-ley que reforma la normativa laboral de 2012 es tan importante en sí misma como los apoyos y rechazos que reciba. Los dos partidos del Gobierno han gestionado cada uno por su cuenta este crucial asunto y con distintos propósitos. Y el Partido Popular ha priorizado la satisfacción de contemplar las dificultades e incoherencias de Sánchez sobre su deber de comportarse como un partido de Estado e, incluso, sobre la posibilidad de acumular ventajas en una futura confrontación electoral. 

Por parte del PSOE y de Unidas Podemos no debió insistirse en el maximalismo de la ‘derogación íntegra’. Se crearon unas expectativas exorbitantes. Parecía de sentido común ir introduciendo en el relato público que el pragmatismo que imponía la pandemia, la recesión de nuestra economía y el condicionamiento a que se someten los fondos europeos para la recuperación aconsejaban solo reformar en algunos aspectos la normativa de 2012 y hacerlo con el consenso de los sindicatos y de la patronal.

Sin embargo, el Ejecutivo mantuvo que iba a derogar la normativa anterior sin intención ni capacidad para lograrlo y alcanzó de esa forma el respaldo de la CEOE, aceptado por los sindicatos, con el compromiso de que el pacto no sería alterado (“ni una coma”) en el Congreso de los Diputados. La operación era de altísimo riesgo porque su éxito dependía de sus socios secesionistas y nacionalistas, a los que no se involucró en la iniciativa. 

Por eso —entre otras razones— han puesto en valor sus votos para intentar doblegar a la ministra de Trabajo y al propio Sánchez, exhibiendo así la dependencia gubernamental de republicanos, ‘abertzales’ radicales y peneuvistas. Además, cada uno a su manera, olfatean que el bloque de la investidura les ha abonado ya todos los dividendos previstos. Con los presupuestos generales del Estado, el compromiso se saldó: cuerda a Sánchez que podrá prorrogarlos para 2023 y contrapartidas suculentas para sus aliados. En paz.

Los socios de la Moncloa han conseguido, desde luego, dejar en muy mal lugar a Yolanda Díaz, que se ha empeñado, con tozudez más que con perseverancia, en convencer a ERC, en tanto que el presidente ha optado por retener a los empresarios en el pacto social sin priorizar la indemnidad del bloque de partidos que le invistió, lo que adelanta que Pedro Sánchez se distancia tácticamente de sus socios porque, en el inicio del ciclo electoral, quiere ocupar territorios de menor radicalidad y mayor transversalidad. Con su opción por el acuerdo entre sindicatos y empresarios, el presidente deroga la legislatura, aunque no renuncie, de momento, a la coalición con Unidas Podemos, que sale averiada de este lance parlamentario. 

La mayoría en la que se ha apoyado el Gobierno hasta ahora da síntomas inequívocos de colapso. O como escribía un editorialista nada sospechoso de hostilidad al Ejecutivo, “cortocircuitar el acuerdo [en referencia al laboral] provocaría en cascada el declive de la legislatura al romperse abruptamente un capítulo esencial del programa de gobierno” (‘El País’ de 31 de enero pasado). La apreciación es acertada.

La coalición gubernamental no se puede apuntar —sea como sea la convalidación del decreto ley— un éxito digno de tal nombre. Si hubiera cedido a sus socios, los empresarios se habrían apeado del acuerdo previo. Y si saca adelante la iniciativa con el respaldo de Cs y partidos menores, como ya parece seguro, desvencija la mayoría de la investidura echando mano de la geometría variable que detestan ERC, Bildu y, en menor medida, pero también, el PNV. Además, este traspiés tan grave deja mermada a Yolanda Díaz en su propósito de crear un proyecto electoral a la izquierda del PSOE. Lo que no viene mal ni a los socialistas, ni a republicanos ni ‘abertzales’ radicales.

La reforma laboral es necesaria tanto porque es justo que se mejoren algunas de las restricciones que impuso la normativa de 2012 —así lo entiende la CEOE— como porque esta actualización la requiere la Comisión Europea —junto con la sostenibilidad de las pensiones— para seguir librando los fondos de recuperación. De tal manera que era el momento para que el PP mostrase, además de sentido de Estado, también una estrategia audaz y ganadora. Porque los populares, con una abstención, obtendrían hoy enormes ventajas.

La primera, demostrar que, en materias sensibles, los secesionistas y nacionalistas no van a seguir imponiéndose como lo vienen haciendo. 

La segunda, rescatar al Gobierno del sojuzgamiento de sus socios, subrayando así el error de Sánchez de haberse vinculado con ellos en una suerte de pacto de sangre sin criterio estadista. 

La tercera, conectar con el empresariado, que es una fuerza social favorable a los modelos político-económicos y sociales del centro derecha y que ahora desconfía del PP.

La cuarta, distanciarse de Vox, marcando su propio perímetro de acción política como trata Pablo Casado de intentarlo con un discurso de calculada hostilidad a los de Abascal. 

La quinta, ofrecer a la sociedad española una expectativa de superación de la estéril política de bloques con ocasión del desmarque de los independentistas y nacionalistas de la mayoría de la investidura. 

Y la sexta y más importante: el PP hubiera conseguido darle un giro a la legislatura antes de que se lo apunte el propio Sánchez en una estrategia de reposicionamiento socialista a la portuguesa.

Puede aducirse, y sería cierto el argumento, que el Gobierno no se ha implicado en una política inclusiva en los temas de Estado, incorporando en su interlocución al PP, pero esa es una carencia estructural de Sánchez, condicionado por el radicalismo de sus socios de UP, que le pasará factura. El presidente es un hombre hipotecado por su propio pasado, incompatible con una mínima empatía con los representantes de millones de españoles a la derecha de su partido y alejados por completo de la significación de sus socios gubernamentales y parlamentarios. Padece de un escandaloso déficit de credibilidad.

Estos juegos políticos están resultando crípticos para la ciudadanía, que entiende mejor las políticas de concertación que las de enfrentamiento y que valora las renuncias mutuas entre los partidos con representación parlamentaria en beneficio del bienestar y progreso de la sociedad. Por eso Antonio Maura escribió en 1905 que “la patria es un concepto que no se distingue de la abnegación” (‘Ideario político‘, Editorial Frontera, p. 223) y Ortega y Gasset en 1915 que “las dos Españas que viven juntas”, la oficial y la vital, “son perfectamente extrañas” y se “estorban” entre ellas (‘Tomo I. Obras Completas’, p. 712 y 713, Editorial Taurus). Es lo que ocurre ahora en nuestro país: la política deambula en una galaxia ajena y distante a la realidad de la calle.