EL CONFIDENCIAL 28/08/13
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
El Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña apoyó ayer formalmente la cadena humana (Vía Catalana) organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), testaferro de los partidos independentistas (CDC y ERC), que será el acto más político y multitudinario del próximo once de septiembre. Se trata de una cadena humana que remeda la que recorrió en agosto de 1989 (Vía Báltica), Letonia, Lituania y Estonia. Los ciudadanos de aquellas repúblicas revindicaron al cumplirse el cincuentenario del pacto nazi-soviético que las sometió al Moscú de la URSS, la reintegración de su plena soberanía. Lo consiguieron. Formaron una cadena humana de seiscientos kilómetros entre las tres capitales: Vilna, Riga y Tallín, participaron entre un millón y millón y medio de personas y ha pasado a los libros de la historia reciente de Europa como una movilización emblemática para la recuperación de la estatalidad de las repúblicas bálticas sometidas desde 1939 al yugo comunista del Kremlim. Hoy, y desde 2004, se integran en la Unión Europea.
Nada que ver con Cataluña, pero la creatividad de la ANC le impedía organizar una manifestación al uso y, sobre todo, esta Diada debía ser inequívocamente independentista. No se reivindicará ya el llamado derecho a decidir, sino, directamente, la independencia. La cadena humana pretende recorrer Cataluña de norte a sur (400 kilómetros), desde El Pertús hasta Alcanar, atravesando más de ochenta municipios y reuniendo nominativamente a unas cuatrocientas mil personas, de las que trescientas mil ya están inscritas y situadas geográficamente en cada uno de los más de setecientos tramos de la cadena. Es muy posible que la iniciativa sea un éxito y la ANC cubra sus expectativas: resulta seguro ya que participarán personajes conocidos de la política, la cultura y el espectáculo catalanes. Por supuesto, y pese a ese patético nadar y guardar la ropa del Gobierno de la Generalitat, acudirán varios -muchos- consejeros y Mas recibirá a la directiva de la ANC el mismo día 11 de septiembre.
La Diada próxima va a ser un precipitante de la situación en Cataluña. Hacia dentro y hacia fuera. Va a romper la ya precaria cohesión interna catalana -muy frágil desde el 25-N- y va a provocar una respuesta del Gobierno de Rajoy que deberá salir, quiera o no, de ese nirvana en el que se ha instalado
El salto entre la reclamación del derecho a decidir -que encierra algún grado de ambigüedad- y la petición de independencia, sin tapujos, no por intuido es menos trascendente. El Gobierno de Mas, amparado en el independentismo, se mueve entre el error -todavía, desde 2010, no ha presentado unos presupuestos al Parlamento catalán- y el miedo, procurando que sean otros (la ANC, el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el Pacto sobre el Derecho a Decidir) quienes, machete político en mano, vayan abriendo la vereda de la secesión. Todo en Cataluña gira en torno a ese objetivo que, siendo ampliamente compartido, no es mayoritario. Tanto no es así que el pasado domingo, Josep Rhull, secretario de organización de CDC, se daba por satisfecho con una participación del 50% en un eventual referéndum separatista, que para vicepresidente Joana Ortega debería alcanzar sólo el 68%.
Mientras estas declaraciones, actos y simbolismos van moldeando el criterio de la opinión pública catalana -que no recibe de contrario input alguno del Gobierno español-, los socialistas catalanes están sumidos en una profunda crisis de identidad que parecen ganar las gentes afectas a Pere Navarro y Antoni Balmón, en tanto Ciudadanos y Partido Popular se distancian sideralmente de las propuesta de CiU-ERC. La incógnita la sigue representando una Unió Democràtica de Catalunya que ejerce un rol extraño, desfigurado y, al final, desconcertante. Está con unos y con los otros. Con el derecho a decidir sin que eso implique, dice, la independencia; con el Gobierno de Mas pero en desacuerdo con la Vía Catalana de la ANC apoyada por el Gabinete en el que tiene varios consejeros.
La Diada próxima va a ser un precipitante de la situación en Cataluña. Hacia dentro y hacia fuera. Va a romper la ya precaria cohesión interna catalana -muy frágil desde el 25-N- y va a provocar una respuesta del Gobierno de Rajoy que deberá salir, quiera o no, de ese nirvana en el que se ha instalado. No bastarán vacuas apelaciones al diálogo, ni remisiones a las leyes y la Constitución ni interposición de recursos ante el Constitucional. El Gobierno tendrá que hacer política en Cataluña como la hace Londres en Escocia o la hizo Ottawa en Quebec. La alternativa es una convocatoria ilegal de consulta o unas elecciones plebiscitarias.
La cuestión catalana no se resuelve como le gustaría a Rajoy que sucediese: con el mero transcurso del tiempo. Muy por el contrario, se enquista y agrava porque todo terreno -político, dialéctico, presencial- que se abandona es de inmediato conquistado por los adversarios. Obviamente, ni Rajoy ni ningún presidente del Gobierno de España podría, Constitución en mano, admitir la hipótesis de poner la soberanía a escrutinio de una parte de los ciudadanos españoles, pero Moncloa tiene un espacio a explorar: el de acuerdos que versen sobre financiación (el problema afecta también a Madrid); sobre competencias; sobre infraestructuras en Cataluña y en el arco mediterráneo; sobre cultura y lengua… porque sobre todas estas cuestiones sí hay una mayoría catalana indudable que quiere repasar su forma de estar y de permanecer en la España de la Constitución de 1978. Oponerse al secesionismo y desmontarlo ha dejado de ser desde hace muchas décadas una cuestión de fuerza o de testosterona política, sino un arte sofisticado de equilibrios para crear una convivencia en la unidad y la colaboración. Equilibrios que precisan situar en el lugar correcto las emociones patrióticas de unos y las razones históricas, culturales, económicas y sociales de la mayoría.